Nataly Campusano2El discurso presidencial del 21 de mayo fue muy decidor respecto a las voluntades de este gobierno por lograr una verdadera reforma a la educación superior. El anuncio de la gratuidad para un reducido grupo de estudiantes del sistema, excluyendo a casi el 80%, expresa no sólo la falta de una mirada global respecto a lo que debiese ser un nuevo sistema de educación sino que también el desinterés del gobierno para abordar la desregulación que campea hace más de dos décadas en las instituciones privadas. Tenemos que decir claramente: una medida como la señalada se encuentra aún lejos de desmercantilizar la educación y concebirla como un derecho, no toca el paradigma de la educación de mercado.

Frente a esta situación, el movimiento social por la educación tiene el deber de volver a instalar en la agenda pública el debate de fondo por la educación que queremos, y esto de la manera como siempre lo hemos hecho, con propuestas y buscando en las calles nuestras conquistas.

Desde la realidad de la universidades privadas la discusión no es sencilla, debemos enfrentar la contradicción entre la urgencia de detener el endeudamiento de nuestras familias y estudiar en instituciones que en muchos casos son máquinas de lucrar y defraudar a miles de estudiantes y sus familias. Queremos gratuidad, sí, pero no a cualquier precio. No queremos que se les entregue la plata de todos los chilenos y chilenas a instituciones que lucran a través del retiro de millones para el bolsillo de sus dueños o para la banca; que impiden cuestiones elementales del quehacer académico como la libertad de cátedra; que limitan la libertad de expresión y de asociación de sus comunidades; que clausuran espacios democráticos; en definitiva, que se resisten a entender la idea que la Universidad debe encontrarse al servicio de la sociedad y no al de un grupo religioso, político o empresarial y sus intereses particulares.

Dicho esto, cabe preguntarse ¿responden a ideas como estas todas las universidades a las que hoy se les ofrece la gratuidad?, ¿basta con decir que no lucran?; o si queremos llevar las preguntas al centro del problema de la educación superior, el cual sobrepasa con creces la discusión del financiamiento ¿estarían las universidades del CRUCH abiertas a someter su oferta académica a una revisión democrática para que respondan a las necesidades del país?, ¿estarán los dueños de las universidades privadas dispuestos a compartir la soberanía que ejercen sobre las instituciones, cuyo fundamento último es la propiedad privada, con las comunidades universitarias?.

Esta preguntas, y seguramente otras más, nos llevan a preguntarnos por el sistema educacional en su totalidad y el rol que juega la educación superior privada en un sistema nacional como el que desde el movimiento social hemos estado proponiendo. Sin responderlas, seguimos en el paradigma de la educación de mercado y nos arriesgamos una vez más al abandono de las y los estudiantes más vulnerables, como lo vimos en la Universidad del Mar durante el gobierno de Piñera, y lo vemos ahora, en el “silencio presidencial” de la semana pasada, donde se nos deja una vez más a la merced de los mercaderes de la educación, donde se ausenta un verdadero proyecto para la educación chilena.

No hay solución posible para sacar al mercado de la educación sin su alternativa de superación, las instituciones del CRUCH no dan abasto para simplemente trasvasar “con una mano invisible” al 70% de la matrícula de la educación superior. Cada vez toma más sentido la idea de nacionalizar la educación superior, es decir, ponerla completa al servicio de todos y con acceso para todos. Queremos reemplazar la idea de cerrar instituciones con la idea de transformarlas. En esta búsqueda nos hemos topado con más preguntas difíciles, pero desde esta vereda no le hacemos el quite a las preguntas difíciles.