La casta gobernante nos bombardea con una discusión frívola, que poco ayuda a tomar el toro por las astas. Es que hay pocas diferencias más irrelevantes que la habida entre boletas por servicios prestados y boletas ideológicamente falsas, aportes reservados y aportes irregulares, hábiles operadores de intereses y brutos raspadores de olla. Sí, nuestras elites políticas han demostrado ser impúdicas hasta el absurdo. Predomina la sensación de que entre sus dirigentes el que no se ha vendido está esperando que lo compren. Todo es escandaloso e indignante, pero tan escandaloso e indignante como superficial. Los detalles de la inconmensurable suma de impresentables, aunque sabrosos para el periodismo denunciativo, son sólo algunas de las expresiones más groseras del problema, no el problema en cuanto tal.

La relación que existe entre los casos de corrupción con la captura empresarial del Estado es la misma que existe entre un síntoma y la enfermedad que lo provoca. Sólo a condición de asumir el carácter sintomático de los escándalos podremos hacer de la crítica y el juicio sobre ellos un ejercicio edificante para el cambio sustantivo que reclama esta crisis de legitimidad. Deberíamos dejar de perder el tiempo, entonces, en discutir si el comando presidencial de Bachelet hizo mal o bien dependiendo de si recibió las platas de SQM, Luksic, Copec o Celulosa Arauco en tiempos de campaña o precampaña, y comenzar a preguntarnos si no hay acaso un problema de fondo cuando a la coalición pretendidamente representante de los valores democráticos por excelencia, le parece de lo más natural su servidumbre a los grandes poderes económicos.

Los interesados en el cambio debemos poner la mirada en un aspecto mucho más profundo de la crisis: el malestar ampliamente extendido entre amplios sectores de la población ante la complicidad del poder político con la creciente privatización de sus condiciones de vida, conflicto que han expresado de modo tan patente las irrupciones sociales de 2006, 2011 y el año que corre. En la sociedad chilena, la corrupción se condena no como un fenómeno aislado o específico, sino como la guinda de una torta que asfixia a diario; en el trabajo, en la escuela, todos los fines de mes. El descrédito del sistema político es reconocible como reflejo de ello desde fines de los ‘90 y se ha proyectado progresivamente hasta hoy, de la mano de las deudas democráticas del cogobierno entre el sistema de partidos y los gremios empresariales.

Se trata de una subordinación de la clase dirigente a los grandes grupos económicos, que ha terminado por deteriorar gravemente la capacidad del Estado para mediar entre las exigencias de éstos y los derechos de los ciudadanos. Es el gran empresariado el que progresivamente dicta al Estado chileno, pretendidamente soberano y democrático, qué puede hacer por sus ciudadanos y qué no. Se ha configurado entonces una política inútil y ociosa para los de abajo, pero eficaz y legítima para los de arriba. Por eso la corrupción no es excepcional ni reductible a “casos”. Por eso no cabe sorprenderse de que cada vez menos personas voten y cada vez más rehuyan de los partidos. No es que se hayan vuelto idiotas y egoístas, como pontifican tantos republicanos bien portados, sino todo lo contrario; las personas son cada vez más conscientes de que las liturgias de esta democracia son, para defender sus derechos, inútiles.

Una política de cambio que ignore la hondura del problema está condenada al fracaso. Y una que menosprecie su gravedad está condenada a algo peor: reproducir la descomposición de la política y postergar su reencuentro con la sociedad.

Por desgracia, en el bando progresista de las fuerzas de cambio hay algo de lo segundo. Y es que su principal figura, Marco Enríquez-Ominami, ha guardado un ruidoso silencio no sólo ante los escándalos que afectan a la derecha y la Concertación, sino ante el escándalo que él mismo protagoniza por los dineros provenientes de SQM y otros grupos empresariales vinculados a sus campañas. Lo grave de sus evasiones, similares en falta de verosimilitud a las de varios dirigentes concertacionistas, es que eluden el compromiso con el piso mínimo que debe tener una política democrática hoy día: su total independencia de los poderes económicos. El problema está lejos de reducirse a la condición legal de las platas recibidas, el problema es que no se pueden encabezar reformas antineoliberales si se es financiado por los propios beneficiados de ese neoliberalismo. No hay cuña ni artilugio discursivo alguno que pueda explicar cómo, por ejemplo, se puede “nacionalizar el litio” dependiendo de la empresa privada que se sostiene en su explotación. MEO tiene cuentas políticas que rendir.

La evasión de este problema impide la apertura de la discusión verdaderamente productiva de entablar con el campo progresista, en particular, con su modo de observar y encarar la crisis. Según esgrimen algunos en el PRO, un sector de Revolución Democrática y ciertos grupos activistas, la crisis procedería de la captura de las instituciones por parte de una generación de dirigentes que, de tanto ceder para mantener el control del aparato estatal, terminó por burocratizarse. La famosa “vieja guardia”. La raíz de todos los males, además, radicaría en aspectos procedimentales del sistema político: las “reglas del juego”. De esta forma, la salida radicaría en el reemplazo de dicha generación por parte de una nueva camada de dirigentes, más probos y entusiastas, cuya aparición requiere la modificación de ciertos procedimientos del juego político institucional.

El problema de esta interpretación es que reduce la crisis a su dimensión más superficial y pasajera: el apernamiento de autoridades, la vulneración de la legislación electoral, la falta de destreza en tal o cual dirigente para sortear situaciones embarazosas. Así, la política progresista se termina situando como una fuerza subordinada a la agenda de “transparencia” y ajuste institucional que promueven los liderazgos más lúcidos del régimen, del todo ciega ante el hecho de que mucho antes que tal o cual camarilla de una clase política cada vez más alejada de la sociedad, es el propio carácter del Estado lo que reproduce institucionalmente la concentración de riqueza y poder. A lo máximo que puede aspirar esta perspectiva es a sanear el sistema político, temporalmente, de la corrupción más grosera y a renovar las plazas habilitadas con nuevos nombres, porque elude de forma sostenida lo sustantivo de los cambios a producir. Se trata, visto desde la otra vereda, del siempre necesario recambio de elites. Nada menos que eso, pero tampoco nada más.

Pero la hondura del problema le reclama a las fuerzas de cambio una política mucho más profunda. Una cuyo terreno no es el corto plazo ni su objetivo el recambio, sino el más complejo de la inclusión de nuevos intereses sociales a la política para la refundación de la democracia chilena. La segunda es una propuesta, sin duda, más desafiante y ambiciosa, pero también más realista. Hasta ahora, la auto condena de las conducciones de la izquierda tradicional y el progresismo a hacer de muleta izquierda de la Concertación, en lugar de acercar los cambios los ha alejado. Esgrimir la urgencia de “incidir” como fundamento de la política posible, ha significado postergar la emergencia del cambio, ha sido la media naranja del histórico chantaje de la gobernabilidad concertacionista.

Es por una refundación democrática que las fuerzas de cambio debemos confluir, con total independencia de los poderes económicos y políticos de la agotada transición. En eso debemos encontrarnos con los progresistas, los comunistas de verdad, los socialistas honestos que se les cae la cara de vergüenza por cada cosa que hacen sus máximos dirigentes. Lograrlo exigirá mucho más que ingenio, porque no es en la diestra utilización de las herramientas usadas que radica la posibilidad del cambio. Por el contrario, las respuestas se encuentran precisamente fuera de la caja, en las aspiraciones ausentes, en los sujetos excluidos, en las prácticas inexploradas. Contra la política de ayer, pequeña y sin más ideales que los que suenan en los bolsillos, tendremos que oponer con un realismo porfiado y con una infatigable imaginación. En tiempos de crisis, estos principios son irrenunciables para las fuerzas de cambio.