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La muerte del trabajador contratista de Codelco Nelson Quillichao
 
puso abruptamente en la agenda noticiosa uno de los conflictos laborales de mayor relevancia de la última década.  La negativa de Codelco a negociar modificaciones y la ampliación de beneficios que estableció el Acuerdo Marco el año 2007 desató la ola de protestas en el sector minero, y mantiene en pie de guerra a los trabajadores que reclaman una negociación directa con la cuprífera estatal y sus empleadores en una mesa de negociación tripartita.

Hoy se cumplen 13 días de movilización de los trabajadores en demanda de mejoras al Acuerdo Marco que rige las relaciones laborales del sector desde el 2013 y que estará vigente hasta el 2016.

En el marco del conflicto, se observan los discursos prototipos de las empresas y Codelco, siendo llamativo que apelen al dialogo y que en la practica opere la exclusión y el argumento estandarizado de la inviabilidad de mejorar las condiciones de los trabajadores por la situación económica y la caída del precio del cobre.

EL ACUERDO MARCO  

Pocos recuerdan cómo se gestó y la importancia del acuerdo firmado en 2007 por la empresa estatal y la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. Fue al calor de la histórica movilización del sector minero durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006- 2010),  que Codelco firmó el acuerdo, el que beneficia a todos los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas bajo contrato.

Y si Acuerdo Marco no pasó inadvertido en el mundo minero, también dejó mella en el mundo social. Tal es su importancia, que incluso el sociólogo Manuel Antonio Garretón afirmó que la movilización minera que lo gestó el 2007, junto con el movimiento estudiantil del  2006, son trascendentales para entender las transformaciones sociopolíticas del Chile que exige a la clase política que realice el “gran salto” hacia una verdadera democracia.

Pero en ambos casos, la respuesta oficialista fue la búsqueda de acuerdos entre las élites, macroacuerdos entre las fuerzas políticas sin abordar las demandas estructurales.

A pesar de estos cambios, es un hecho que tanto la transición desde el autoritarismo a la democracia (1990) como el proceso mismo de consolidación democrática en Chile han estado adscritos a un modelo político que exalta el valor del consenso, priorizando el establecimiento de acuerdos entre las elites dirigentes e inhibiendo los conflictos sociales y políticos. A esta fórmula han contribuido los diseños institucionales vigentes además de las prácticas políticas.

Durante los años post-dictatoriales, las políticas laborales en Chile, especialmente en los gobiernos de la Concertación, se caracterizaron por continuar la orientación y estructura legal heredada de la dictadura, siendo llamativa la aparición de nuevas formas de precarizar al trabajador. Esta vez, gracias al modelo de subcontratación, un trabajador debe responder ante un intermediario, permitiendo reducir los costos de producción e invisibilizando la noción de derechos laborales.

Durante los años siguientes, las reformas laborales que se impulsaron estuvieron orientadas a servir como parche, fueron parciales y se ejemplifican en las soluciones específicas de la reforma al código del trabajo, la creación del seguro de cesantía, la reforma a la justicia laboral, la ley de subcontratación, la disminución legal de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales y el aumento de capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Estas reformas han hecho eco de un proceso que ha ido en paralelo: la modernización económica y productiva del mercado laboral, en conjunto con un aumento en la flexibilidad y precariedad en el empleo.

Dicho esto, se puede ver que la movilización de los trabajadores subcontratitas del cobre el año 2007 y el año 2015 tienen un patrón: las variables macroeconómicas, subordinan los debates políticos, reduciendo todo a una cifra de crecimiento económico como factor explicativo de una posición política, en donde el  fenómeno de la subcontratación y la precarización laboral emergen como temas clave en el análisis del conflicto.

El fenómeno de la subcontratación y la precarización laboral emergen como temas clave en el análisis del conflicto.

LA POSICIÓN DE LOS ACTORES

La demanda de la CTC es clara: pide que se forme una mesa de negociación tripartita con Codelco y la Asociación Gremial de Empresas para la Minería y Rubros Asociados (Agema), para revisar, ampliar y mejorar el instrumento colectivo. Por su parte, Codelco realiza un llamado al dialogo genérico, apelando  a deponer la movilización y una mirada desde afuera, sin asumir un rol activo en la negociación. Asimismo, Agema afirma que los acuerdos se han cumplido.

El presidente de la CTC, Manuel Ahumada, sostiene que  “hasta ahora Codelco no ha propuesto instancias de diálogo ni mesas de negociación reales y, por el contrario, continúa con su soberbia y erráticas señales”. Esto muestra que para los trabajadores el objetivo de Codelco es desbaratar y desarticular un instrumento colectivo ratificado por el derecho nacional y la OIT.

Codelco ha realizado discursos públicos, mencionando que están disponibles para  una mesa de diálogo, pero la negociación colectiva y los temas del conflicto se deben revisar directamente con las empresas contratistas. Así, nuevamente el Estado se sienta en su palco, y en rol de observador, toma distancia.


¿Qué es el acuerdo Marco?

El Acuerdo Marco es un instrumento de negociación colectiva que ha sido reconocido incluso por la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, la Confederación de Trabajadores del Cobre, ha declarado que: “el Acuerdo Marco se defenderá hasta las últimas consecuencias y la Clase Trabajadora no permitirá que se expropien los beneficios conquistados con lucha y ratificados en el instrumento colectivo”, firmado en 2007 y ratificado bianualmente en 2009, 2011 y 2013.

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