avilésDurante las protestas ocurridas el pasado 21 de mayo en Valparaíso, fecha de la tradicional cuenta pública presidencial que se lleva a cabo anualmente en el Congreso ubicado en la ciudad porteña, un chorro de agua lanzado por un guanaco impactó directamente, y a escasos cuatro metros, sobre el cuerpo del estudiante Rodrigo Avilés, arrojándolo de manera violenta contra el pavimento. Producto de la fuerte caída el universitario azotó su cabeza, quedando con un TEC grave y debiendo ser inducido en coma para no sufrir mayores problemas neurológicos. Dos meses después del hecho, que tuvo al joven con riesgo vital, éste fue finalmente dado de alta, debiendo ahora iniciar el correspondiente proceso de recuperación.

El informe preliminar de doscientas páginas entregado por Carabineros pocos días después del episodio, consignó que el chorro de agua no había sido disparado de manera directa sobre el grupo de manifestantes en el que iba Rodrigo, sino en forma de lluvia sobre los mismos, tal y como lo establece el protocolo interno de la institución, así como también estableció una distancia entre el vehículo policial y las personas de varios metros más de los que hubo en realidad. Por ende, la caída de Avilés se habría producido -de acuerdo a esta versión- debido a lo resbaloso del pavimento y a la poca adherencia de sus zapatillas. “El joven va al medio del tumulto, y lo primero que tenemos que decir es que cayó entre medio de este tumulto y se golpeó en el suelo, que es muy especial. Es una piedra tipo palmeta, que es muy resbalosa. Todo eso se hizo con análisis planimétrico, toma de muestras. Incluso, pudimos ver las zapatillas del joven, que tienen muy poca adherencia” (…) según las pericias, el carro lanzó el agua a 10,4 metros de distancia y en forma de ‘agua lluvia’; o sea, por encima de los manifestantes”, se afirmó en el momento.

Sin embargo, y en plena era de las cámaras omnipresentes que todo lo ven, un dron de TVN captó el registro que derrumbó la tesis inicial entregada por Carabineros, dejando en evidencia la verdad de los hechos, la que contrastaba abiertamente con la versión institucional. En estas imágenes era posible apreciar, de manera clara y objetiva, que las acciones ejecutadas por el carro lanza agua incumplían absolutamente lo establecido en el protocolo de Carabineros. Tan indesmentibles fueron, que la propia institución debió reconocer su responsabilidad directa en el episodio y ejecutar sanciones, las que como suele suceder cortaron el hilo por lo más delgado. De esta manera, el pitonero del guanaco fue dado de baja, siendo hasta ahora el único castigado por el hecho. Lo anterior plantea dos opciones: o la capacidad para llevar a cabo este tipo de pericias son claramente deficientes, toda vez que entregan conclusiones falsas, o detrás de esta poca rigurosidad se puede presumir la intención inicial de ocultar información. Después de todo, la negación de la verdad suele ser la primera reacción al momento de enfrentar alguna acusación. Por si resulta. Y a veces sí resulta, aunque no todo el tiempo. No para siempre.

Con posterioridad al hecho, no se hicieron esperar algunas declaraciones relativizando, minimizando, justificando el caso. El diputado UDI Gustavo Hasbún, el ex senador RN Miguel Otero, el ex general director de Carabineros Fernando Cordero, por citar algunas de las opiniones más connotadas. Interpretaciones que bajaban el perfil respecto de la responsabilidad de la institución en el episodio, aduciendo diversos argumentos tales como el “cumplimiento del deber” de los uniformados -el correcto cumplimiento del deber exige el seguimiento de los protocolos y normativas internas, cosa que acá no ocurrió-, o calificando la situación como “fortuita”. Todos estos, intentos por tapar el sol con un dedo en lugar de avanzar en la aceptación de las verdades evidentes, a pesar incluso del posterior reconocimiento de los hechos por parte de la institución. “Este video que se nos entrega clarifica mucho más lo que ocurrió, y nosotros podemos decir ahora con mayor convicción de que realmente hubo responsabilidad de Carabineros”, expresó el jefe de la Quinta Zona.

La semana pasada, y a más de dos meses de ocurrido el incidente, el gobierno recibió de parte de la institución policial el informe del sumario desarrollado internamente para determinar responsabilidades superiores en este caso, y que le pudo costar la vida a un estudiante por el uso innecesario de la fuerza desplegada. La demora en la entrega de las conclusiones es vista por el abogado de la familia de Avilés como una estrategia para esperar el retiro de los altos mandos, situación prevista para el mes entrante. Sea como fuere, lo esperable es que este caso permita la revisión de aquellos procedimientos policiales sobre los que existen diversos cuestionamientos en relación a los criterios desplegados durante marchas, manifestaciones o protestas ciudadanas. Es un hecho que así como sucedió con el caso de Rodrigo, existe evidencia grabada respecto de otras acciones institucionales que dan cuenta de exceso en el uso de la fuerza contra personas. Del mismo modo, y dentro de un contexto social sacudido por diversos ejemplos negativos relacionados con faltas a la probidad en el servicio público, así como por crudas revelaciones en casos de violaciones de los Derechos Humanos, el encubrimiento de situaciones, los pactos de silencio, las lealtades confundidas con complicidades, no resultan aportes a la convivencia social.

Y en esto, las instancias gubernamentales de cuyos mandatos depende el accionar de las instituciones destinadas al orden público también deben asumir su responsabilidad en la forma de abordar las problemáticas sociales. Una institución que se dice amar se defiende con transparencia, no atrincherándose o cerrando filas en torno a la defensa obcecada de versiones alejadas de la realidad. Ese tipo de prácticas deben ser erradicadas, pues en nada aportan al engrandecimiento ético y moral de las organizaciones que se pretenden cuidar.