A raíz de varios años de movilizaciones, los estudiantes de Chile han logrado instaurar la necesidad de construir un nuevo sistema educacional que supere las actuales lógicas de mercado. Para esto, como movimiento social hemos propuesto un modelo basado en el derecho universal a la educación, el cual entienda que un tema de tanta importancia no puede ser discutido sin la participación democrática de la sociedad. En este contexto, el gobierno ha definido de manera todavía vaga la participación triestamental dentro de los establecimientos de educación superior como criterio para recibir fondos públicos. Sin embargo, la principal autoridad de la Universidad Católica, el rector Ignacio Sánchez, la Consejera Superior, Natalia Valdés y la FEUC gremialista han salido a denunciar la supuesta vulneración de la autonomía universitaria, cerrándose a cualquier posible cambio dentro de la UC. La forma en que entienden este concepto resulta particularmente preocupante, puesto que la autonomía universitaria se hace en comunidad y de manera democrática o no es autonomía.

En su columna del 6 de agosto en la revista Qué pasa, el rector Sánchez argumentó que cada institución debe decidir su propio gobierno universitario. Similar postura ha tomado la Consejera Superior al criticar la triestamentalidad como perniciosa para el proyecto educativo de esta casa de estudios. Desde esta perspectiva la autonomía se entendería como el derecho de las autoridades de cada establecimiento para imponer sus propios puntos de vista sin la consideración de la sociedad ni de la misma comunidad universitaria. La participación de funcionarios, estudiantes y académicos en este caso tendría un rol meramente consultivo, pero nunca determinante a la hora de tomar decisiones.

La autonomía no puede ser comprendida como una excusa para defender un proyecto educativo que se entiende como monolítico e inmutable, mucho menos si esto valida formas autoritarias de gobierno universitario. De igual manera, no se puede hablar de autonomía universitaria cuando no se le permite a la misma universidad desarrollar una opinión propia y libre sobre lo que espera del sistema educativo y de su respectivo establecimiento. La autonomía es lo que permite a los distintos establecimientos educacionales no verse cooptados por intereses particulares, como de hecho ha ocurrido bajo las lógicas de autofinanciamiento del sistema actual. Es por medio del diálogo democrático entre los distintos estamentos que se asegura que los proyectos educativos sean el fiel reflejo de una sociedad que se autodetermina y no la postura de unos pocos que suplantan y restringen la diversidad existente en cada institución. Es por esto que la autonomía es inherentemente democrática.

No obstante, consideramos que existe un problema todavía más de fondo, el cual se refiere a la reticencia de varios sectores conservadores a entender la educación como un tema público. Lo que se esconde bajo la crítica a la democracia y a la triestamentalidad es la oposición a dialogar en conjunto con la sociedad sobre cuáles deben ser los principios de un nuevo sistema educativo que considere los intereses de las grandes mayorías de Chile. Al negarse a la democracia, las autoridades de la UC se cierran de manera autoritaria a la revisión crítica de esta universidad y por tanto a cualquier cambio en el proyecto ideológico y político que viene arrastrando desde la década de los 70s, sin por esto renunciar a los cuantiosos recursos públicos que el Estado le entrega.

La coyuntura en la que nos encontramos nos ofrece un momento en el cual podemos redefinir los lineamientos de nuestro sistema educativo y por cierto de la Universidad Católica. La demanda por mayor democracia ha sido levantada por cientos de estudiantes dentro de nuestra propia universidad. Hoy es inadmisible que se suplante nuestra voz en un tema de tanta importancia, puesto que si algo asegura un sistema educativo pensado para las grandes mayorías es la inclusión de la misma sociedad en los espacios deliberativos de cada institución. En esta disputa los bandos se ven cada vez más claros, entre aquellos que buscan perpetuar el status quo y el autoritarismo versus las fuerzas democráticas que buscan transformar un sistema educativo que se resiste a cambiar.