Ante la impunidad del ejercicio de la Justicia Militar en Chile, las historias de abuso policial sufrido por ciudadanos chilenos comienzan a cruzarse. Esta vez, en el testimonio de Jorge Brito, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, en 2012.

El estudiante cuenta que un año después, mientras participaba de un cacerolazo enmarcado en el paro de la institución -en el puerto de Valparaíso- Fuerzas Especiales llega al lugar para intentar tomar detenido a uno de los jóvenes que portaba un megáfono. En medio del altercado, varios intentaron refugiarse en la universidad, pero Brito es tomado por el cuello y asfixiado con un polvo químico que le lanzaron directo a la cara y le hizo perder la visión y la estabilidad.

Subido al interior del bus de FF.EE de la Séptima Comisaría de Valparaíso, comienzan los abusos. “Un carabinero al que pude identificar como Marcos Guerrero Martínez se tira sobre mi cuello con su rodilla y me empieza a golpear y ahorcar, mientras otro me da patadas en el piso. Yo ya no podía respirar y le pido que me suelten, así ahí me dejan y me insultan, después de reconocerme como dirigente”, describe.

Posteriormente, el estudiante fue llevado a un policlínico a constatar lesiones, aunque él asegura que apenas fue examinado y que en todo momento, el personal médico lo mantuvo esposado. Al salir, dijeron que tenía una erosión superficial en el mentón.

Jorge Brito fue llevado hasta la 3era Comisaría de Valparaíso, donde es desnudado completamente, obligado a marchar y a hacer sentadillas.

Jorge Brito fue llevado hasta la 3era Comisaría de Valparaíso, donde es desnudado completamente, obligado a marchar y a hacer sentadillas. También fue interrogado sobre un aviso de bomba ocurrido en su universidad hace dos semanas, para luego ser ingresado al calabozo y dejado en libertad antes de la medianoche, sin formalización alguna.

“Después fui a constatar lesiones, que tengo acreditadas por el Hospital Gustavo Frickle y el Servicio Médico Legal, donde se señala que tuve contusión testicular y escotral de carácter grave, 7 puntos en mi mentón producto de los puñetazos que me dieron y a los dos meses me operaron de la columna, donde las patadas me generaron un daño en las vértebras L4 Y L5”, resumió el joven. El hecho provocó diversas muestras de solidaridad entre los dirigentes estudiantiles.

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Fotografía de Rodrigo Garrido.

 

EL MISMO VERDUGO 

Brito interpuso una denuncia por abuso de violencia policial en el Juzgado de Garantía, y éste la derivó a la Justicia Militar. Desde ahí, la fiscal militar pidió que sobreseer el caso, asegurando que los antecedentes disponibles no le permitían corroborar que había ocurrido un delito.

Sin embargo, un testigo que estuvo detenido en una celda al lado de la de Brito, prestó declaración y los antecedentes del Servicio Médico Legal se sumaron, donde se señala “literalmente que las lesiones que tengo son concordantes con mi relato y de carácter grave”. Por ello, el juez militar negó la solicitud a la fiscal y pidió continuar con la investigación.

Luego de que la fiscal ordenara un careo entre los uniformados y el estudiante, Brito pudo conocer el expediente policial que revela los nombres de los dos imputados del caso. Sin embargo, el nombre de su agresor principal, Marcos Guerrero Martínez, no le resultó desconocido: en julio de este año, el mismo sargento 2do e ingeniero civil en tránsito fue señalado como el asesino de Nelson Quichillao, el subcontratista de Codelco que murió de un disparo en medio de las protestas registradas en la División El Salvador.

En julio de este año, el mismo sargento 2do e ingeniero civil en tránsito fue señalado como el asesino de Nelson Quichillao, el subcontratista de Codelco que murió de un disparo en medio de las protestas registradas en la División El Salvador.

Declaraciones recientes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) apuntan a Guerrero como el responsable del fallecimiento del trabajador. En tanto, un reportaje de Informe Especial sobre la muerte de Quichillao dio a conocer que el sargento habría realizado 15 tiros con su armamento de servicio (marca Taurus, modelo PT917, calibre 9 mm), los que admitió después de haber intentado ocultar la información.

“Reconocemos que aquí hay abuso de autoridad y que no hay ningún mecanismo para sancionarla. Mientras exista eso van a actuar con total impunidad y la muerte de Nelson habría sido completamente evitable si la justicia hubiera llegado a tiempo“, advierte Jorge Brito.

IESPECIALCODELCOCarabineros reaccionó iniciando un sumario administrativo por la denuncia del estudiante, aunque más tarde concluyó desestimar las acusaciones por falta de pruebas. A través de un comunicado oficial, aparecido el 21 de julio de 2013 en El Mercurio de Valparaíso, la institución señaló que el joven perdió el equilibro al subir al bus de FF.EE y eso generó le generó una contusión superficial.

Más tarde, la misma directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, envió una solicitud a Carabineros pidiendo información sobre el caso, y particularmente, los registros audiovisuales, porque en el lugar se encontraba un uniformado grabando. Sin embargo, éstos respondieron que las cámaras estaban con su memoria llena y no registraron lo ocurrido.

Para Brito, quien sigue en búsqueda de justicia, el nivel de absurdo de la impunidad vivida es intolerable. “La institución y el Estado se hacen cómplices al no hacer nada cuando se generan estas denuncias. Todavía ni siquiera puedo iniciar un juicio, ni tener un responsable acusado, individualizado, por lo que me hicieron”, puntualizó.