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Si hacemos el ejercicio de pensar como ha funcionado nuestro país en los últimos veinticinco años, en que se ha legitimado y perfeccionado el modelo de mercado  que vivimos, podremos observar que el concepto más usado para tales propósitos ha sido la “competencia”. Por supuesto no ha estado carente de complementos como libertad, mercado, crecimiento  y otros por el estilo.

La farmacia popular en efecto constituye un cambio efectivo, porque es un dardo a las prácticas monopólicas mencionadas, con un componente social objetivo, que no implica subsidios a la demanda de las personas que van a parar a las ganancias del sector privado

Nos ahorraremos en estas líneas, fundamentos teóricos  relacionados con la existencia de la competencia; en la etapa pre capitalista y en los albores del capitalismo industrial,  la competencia  podía ser considerada como una ley natural, no obstante, hoy nos asiste la convicción que esa ley natural ha sido reemplazada por otra,  la de concentración monopólica. A cambio de la teoría  enumeraremos algunos datos a modo de demostración de la sentencia planteada:

  • En la década de los noventa llegaron a existir 21 Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs), hoy solo existen seis[1]
  • De acuerdo a datos del año 2013 en Chile existían 2659 farmacias,  un 60% pertenece a las tres principales cadenas farmacéuticas que capturaban  alrededor de  un 95%  del  valor de  venta de los medicamentos.[2]
  • Podemos agregar además, una no despreciable lista de bancos fusionados en los últimos años.
  • Y las ya conocidas integraciones verticales de las isapres que incluyen clínicas, laboratorios clínicos y otros negocios relacionados con la salud.

Es en este escenario, que se produce el anuncio de la Municipalidad de Recoleta respecto  del lanzamiento de la farmacia, que podrá aliviar hasta en un 70 % de los precios  actuales, que deben cancelar  los enfermos que por sus complejas enfermedades incurren en gastos que destruyen el presupuesto familiar.

Este hecho que por sí mismo merece todo tipo de elogios, sin embargo se constituye probablemente en la acción política social más importante de este cuarto de siglo, esto porque no podemos olvidar que el auxiliar fundamental, que  ha tenido el modelo de mercado chileno es el asistencialismo, que en los últimos años ha significado una importante porción del gasto social directo y en muchas de sus expresiones ha adoptado el nombre de políticas públicas, denominación extraída  de un invento estadounidense de las década de los cincuenta, diseñado  para que nada cambie al mismo tiempo que se informa de los cambios.

La farmacia popular en efecto constituye un cambio efectivo, porque es un dardo a las prácticas monopólicas mencionadas, con un componente social objetivo, que no implica subsidios a la demanda de las personas que van a parar a las ganancias del sector privado. Este modo de enfrentar la situación de una parte de los problemas de salud en Recoleta amerita calificarlo de un hecho histórico

LA AMENAZA

En estos días cuando los anuncios desde la Moneda  nuevamente sitúan a Chile a la saga de los países que han resuelto sus ataduras constitucionales con la participación efectiva de la población, se han vuelto a escuchar por parte de los representantes de las clases dominantes, la idea de que la constitución no es un asunto que preocupe a los chilenos y que ésta no tiene que ver con sus problemas cotidianos, es bueno que se conozca el siguiente artículo de nuestra constitución a la que seguramente se echara mano para combatir la iniciativa de Recoleta:

Articulo 21°. “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria  a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá  ser, asimismo, de quórum calificado”

Este artículo, al igual que muchos otros de la constitución actual confirman que nuestro país responde claramente  a la definición que hace del neoliberalismo David Harvey: “El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco  institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente,  debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados”[3]. Como podemos observar son innumerables los actos y negociaciones de la política chilena,  destinados a  dar cumplimiento a lo señalado por Harvey, sobre todo cuando se siente la presión de algún movimiento reclamando derechos como la salud y la educación, desarrollando las capacidades creativas para que se entiendan como transformaciones,  acuerdos que no alteran la desigualdad existente.

No es posible cerrar estas líneas sin un saludo de solidaridad  y de fuerza al alcalde de la Municipalidad de Recoleta, que tendrá que enfrentar ataques de los más variados argumentos frente a su iniciativa, especialmente en momentos que muchos de sus cercanos se encuentran participando del modelo que rige nuestras vidas.

Octubre, de porfiada primavera del 2015

[1] <www.previsionsocial.gob.cl>

[2] <www.economia.gob.cl>

[3] D. Harvey, “Breve Historia del Neoliberalismo”