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La política en Guatemala parece sacada de guión de Hollywood. Mafias, narcotráfico y corrupción extendida se combinan con una élite empresarial-militar que ha utilizado el Estado para extender sus redes. Otto Pérez Molina, ex Mayor del Ejército, parecía representar a la perfección el modelo guatemalteco, hasta que fue obligado a dejar su cargo de Jefe de Estado.

El ex presidente presentó su renuncia a principios de septiembre, después de que el Congreso le quitara su inmunidad. Desde el 8 del mismo mes que se encuentra en prisión preventiva. Pérez Molina es acusado de liderar una amplia red de corrupción conocida como “La Línea”, que operaba en siete aduanas ofreciendo a los importadores pagar menos impuestos a cambio de una coima.

Otto Pérez Molina / www.guatemala.gob.gt

Otto Pérez Molina / www.guatemala.gob.gt

El servicio que ofrecía “La Línea” aseguraba que sus clientes paguen al Estado solo el 40% del impuesto que le correspondía por importación. El 30% iba en soborno a la red y el restante se lo ahorraban. Se estima que más de mil empresarios habrían hecho uso del servicio. Si bien no se conoce el monto de lo defraudado, se sabe que un miembro del grupo podía ganar 330 mil dólares en dos semanas.

El modelo de desarrollo guatemalteco se ha basado en proyectos extractivos como la minería, hidroeléctricas y monocultivos agroindustriales, liderados por empresas transnacionales que han desplazado a las pequeñas comunidades campesinas e indígenas.

La investigación liderada por el Ministerio Público determinó que la red de corrupción llegaba hasta los niveles más altos del Estado: el presidente Otto Pérez Molina (“el uno”, “el mero mero”, “el dueño de la finca” según las escuchas telefónicas) y la vicepresidenta Roxana Baldetti (“la dos”, “la señora”). Hoy ambos están detenidos por asociación ilícita y cohecho activo.

Pero la movilización que pedía la renuncia del mandatario no se refería solo a la corrupción. Los pueblos indígenas del país aún lo recuerdan con su seudónimo “Tito Arias”, ex jefe de la inteligencia militar y uno de los responsables por el genocido contra el pueblo maya Ixil.

Tras la renuncia de Pérez Molina, las nuevas elecciones le dieron un inesperado primer lugar al comediante Jimmy Morales, quien enfrentará en segunda vuelta a Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colom.

Pobreza, corrupción y neoliberalismo

Guatemala parece mostrar una de las peores caras del capitalismo del siglo XXI: neoliberalismo exacerbado con millonarias ganancias para empresas transnacionales, pueblos originarios desplazados de sus tierras, corrupción en todos los niveles del Estado y más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza.

Tras la guerra civil y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala entra en un particular proceso de articulación de las élites del país: utilizando el Estado, grupos económicos y militares han llevado a cabo un proceso de neoliberalismo y de privatizaciones. El modelo de desarrollo guatemalteco se ha basado en proyectos extractivos como la minería, hidroeléctricas y monocultivos agroindustriales, liderados por empresas transnacionales que han desplazado a las pequeñas comunidades campesinas e indígenas. Guatemala ha mantenido un manejo macroeconómico relativamente estable en los últimos 20 años, debido principalmente a la apertura a los mercados extranjeros a través de diversos acuerdos comerciales.

Sin embargo, las bonanzas económicas se concentran en unos pocos. Según la CEPAL, la pobreza alcanza al 54,8% de la población (aunque las mediciones multidimensionales la cifran en 70%) y es el país líder de la región en desnutrición crónica. Se estima que cerca de 3 millones de personas viven en situación de hambre, concentrados en la población indígena.

La Tercera Misión Internacional sobre el derecho a la alimentación en Guatemala emitió un informe a fines de 2014 en el que asegura que “la tendencia de la agudización del hambre se enlaza con la imposición de un modelo económico dependiente y orientado a la expulsión de la población indígena-campesina en el medio rural, con el objetivo de implantar proyectos agrícolas enfocados a la exportación y/o proyectos extractivos”.

Los niveles de desigualdad tampoco se quedan atrás: Más de la mitad de la población es campesina, pero solo el 2% de los productores concentra el 56% de la tierra.

A su vez, el sistema político es continuamente acusado de corrupto y de permitir el clientelismo político. Casos como “La Línea” parecieran ser comunes en Guatemala. Este 2015 estalló otro caso de corrupción entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y un contrato fraudulento con la farmacéutica PISA, por el cual fue detenido Otto Molina Stalling, el hijo de la jueza de la Corte Suprema Blanca Stalling, quien a su vez está involucrada en “La Línea”.

En 2013, el ex presidente del Congreso Pedro Muadi fue acusado de crear 15 puestos de trabajo ficticios para agentes de seguridad de una empresa suya, apropiándose de 80 mil dólares. En 2007 funcionarios del Banco de Comercio, en coordinación con el superintendente de Bancos, se apropiaron de 233 millones de dólares, correspondientes a 7 mil afiliados al banco. Hasta el día de hoy que el juicio está retrasado. En los 90, operó una amplia red de corrupción compuesta por militares de alto rango, policías y abogados del Ministerio Público conocida como la “Red Moreno”, acusada de evadir 11 millones de dólares en pago de impuesto. Entre los involucrados del caso se encontraban Juan Carlos Monzón y Edgar Barquín. El primero era el secretario privado de la renunciada vicepresidenta Baldetti y también sería uno de los cabecillas de “La Línea”.

Barquín, por su parte, fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones del 6 de septiembre por el partido Líder. En julio de este año, fue acusado junto a dos diputados de su partido de integrar una organización criminal de lavado de dinero. El candidato a presidente de su partido y favorito antes de las elecciones, Manuel Baldizón, tampoco se salva: es acusado de pagar 65 mil dólares a candidatos para que se pasen a su partido. Baldizón se quedó fuera de la segunda vuelta por solo 18 mil votos de diferencia con Sandra Torres de UNE.

Las últimas elecciones estuvieron atravesadas por la corrupción. A los casos ya mencionados, se suman los candidatos Roberto González Díaz, acusado de tráfico de influencias, Juan Guillermo Gutiérrez, denunciado por lavado de dinero y defraudación tributaria, la vinculación del alcalde de Puerto San José con el narcotráfico y el llamado caso “La Rivera”, una red de exoneración de impuestos a empresas orquestado con la autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria. Hasta ahora los detenidos son todos ex funcionarios del gobierno de Álvaro Colom, del que Sandra Torres, actual candidata a la presidencia, ofició de Primera Dama.

Incluso el ex presidente Alfonso Portillo, quien fuera extraditado y pasara 2 años en una cárcel en Estados Unidos acusado de “usar a Guatemala como su cajero automático personal”, intentó inscribirse como candidato a diputado, pero el Tribunal Electoral se lo negó.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano instituido por las Naciones Unidas, elaboró un informe en el que asegura que “los porcentajes de impunidad de delitos electorales son de 95 al 100%. Esto permite aseverar con contundencia que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia”.

La injerencia de Estados Unidos y reacomodo de la élite

Otto Pérez Molina señaló que su “gobierno era incómodo para Estados Unidos” y que esa sería una de las causas de su destitución. El caso guatemalteco marca un divorcio entre los líderes políticos del país (Partido Patriota y Líder) con Washington.

El imperialismo norteamericano siempre es un factor cuando se trata de América Latina y el Caribe. Geopolíticamente, el gigante del norte siempre ha querido mantener en orden “su patio trasero”. En una columna publicada en enero de 2015 en el New York Times, el secretario de Estado norteamericano Joe Biden mostró su preocupación por la creciente migración de jóvenes centroamericanos hacia Estados Unidos. En 2014, más de 70 mil personas intentaron ingresar al país desde el sur.

La jugada de la actual administración de Obama es la llamada “Alianza para la Prosperidad” en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que busca “dinamizar el sector productivo, crear oportunidades económicas, capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, fortalecer las instituciones y aumentar la confianza de la población en el Estado”. Se trata de un plan complementario con los otros proyectos neoliberales de la región como el TLC entre EEUU, República Dominicana y Centroamérica o el proyecto Mesoamérica, que articula la integración regional –vía grandes empresas transnacionales- desde México hasta Panamá en electricidad, telecomunicaciones, puertos y carreteras.

Si hay un organismo clave en las denuncias de corrupción en Guatemala y en la ofensiva contra Pérez Molina es la CICIG, creada por la ONU en 2007 y que ha trabajado desde entonces a la par con el Ministerio Público. Tiene un presupuesto de 14 millones de dólares, aportado principalmente por Estados Unidos.

El objetivo de la CICIG es mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la institucionalidad estatal. Funcionaría como una especie de garante ético en el país. El propio Biden ha comprometido el futuro de la Alianza para la Prosperidad (y los mil millones de dólares que llegarían a la región) a la continuidad de la CICIG. En enero de este año, Pérez Molina anunció que las tareas del organismo ya estaban cumplidas y que no le renovaría su estancia en el país.

Pese a su ayuda en la lucha contra la corrupción, la CICIG es resistida en Guatemala por ser una herramienta injerencista de Estados Unidos en la política del país.

La caída de Pérez Molina y Baldetti no ha significado un colapso en el sistema político como en otros países de América. La celebración de elecciones el 6 de septiembre dan cuenta del proceso de normalización en curso, pese a las amplias redes corruptas que han ocupado el Estado y los partidos políticos. De hecho, aún no se juzgan a los empresarios que habrían utilizado “La Línea”.

Mientras las organizaciones sociales que se movilizaron por la salida de Pérez Molina piden reformas a la Ley de Partidos Políticos y que el próximo gobierno sea de transición y que convoque a una Asamblea Constituyente, un empresario y comediante como Jimmy Morales (FCN Nación) se posiciona como favorito para la presidencia.

Morales no cuenta con un programa político claro ni una gran estructura partidaria. Sus votación superó el 20%, lo que le permitió alcanzar el primer lugar en base a un discurso de “ni corrupto ni ladrón”. Si bien no pertenece a la clase política guatemalteca, se mantiene siempre cercano a la élite empresarial-militar que no ve con malos ojos su posible presidencia. Su partido, el Frente de Convergencia Nacional, fue fundado en 2008 por ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad en la guerra civil que terminó en 1996. Ya anunció que continuará con la política de la industria minera y la construcción de hidroeléctricas.

Hoy 25 de octubre se  enfrentará  Morales con Sandra Torres en la segunda vuelta, día en que las elecciones no aseguran los cambios estructurales que requiere el sistema político y la democracia en Guatemala.


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