En un ejercicio etimológico podríamos comprender al concepto “dignidad” como la condición y/o cualidad que tiene un sujeto de merecer, toda vez que su propia raíz latina indica que ‘dignus’ (dek-no) significa ‘merecedor’. En ese mismo ejercicio, podríamos situar entonces la “indignación” como la ‘irritación y fuerte enojo que sufre una o más personas, en relación a un hecho considerado como indigno’, y que por tanto no resulta merecedor.

Es precisamente “irritación” lo que vive el Chile de 2015 y que se expresa en el Movimiento Social y Sindical. Hoy, la tensión entre las relaciones sociales y los modos de producción, se puede evidenciar en el conflicto que viven los trabajadores del Registro Civil, cuya indignación resurge luego de 39 días de paralización, ante un Protocolo de Acuerdo que institucionaliza la vulneración de los trabajadores, por medio de “represalias ridículas” y una lógica de resolución de conflictos “entre cuatro paredes”.

“Existe un punto ciego donde nadie toma decisiones, porque no las pueden tomar. Si yo creyera que el director (Luis Acevedo) tiene las facultades, conversaría con él; si yo creyera que la ministra (Javiera Blanco) tiene la facultad, conversaría con ella… Pero ellos claramente no tienen la facultad. Estamos tomados por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es nuestro jefe hoy día”, ha sostenido la presidenta de Anercich, Nelly Díaz, quien actualmente -junto a sus colegas- se ven forzados a realizar “retrasos de advertencia” para presionar al Ejecutivo.

Así, como en la mayoría de los conflictos laborales que ha enfrentado el empresariado y la Nueva Mayoría (minería subcontratada de Codelco, Colegio de Profesores, trabajadores de Metro, Gendarmería, trabajadores del Comercio, etc); la política laboral del Gobierno da cuenta de tácticas orientadas al desgaste y quiebre interno de las organizaciones como un proceder estructural, con facultades meramente retóricas en los ministerios.

De ese modo, el ministro de turno tiene un rango de acción simbólico, ceñido más bien a las relaciones públicas entre el Estado subsidiario y el gran empresariado nacional o foráneo, pero sin potestades, incluso en lo relativo a su propia cartera. Dicho lo anterior, resulta del todo comprensible y doblemente repudiable que la ministra Blanco no pueda “satisfacer” las demandas del Registro Civil, toda vez que este último concepto significa ‘Cubrir una necesidad o conceder un deseo a alguien’ o ‘Dar respuesta o solución a una cosa’; facultades que en nuestros tiempos un ministro ni siquiera podría imaginar.

La política laboral del Gobierno da cuenta de tácticas orientadas al desgaste y quiebre interno de las organizaciones como un proceder estructural, con facultades meramente retóricas en los ministerios.

El ejercicio etimológico no sólo nos permite constatar las perversiones impuestas junto a la Constitución Política de la dictadura civil-militar -consagrada orgullosamente por Ricardo Lagos en 2005-, sino que nos obliga a asumir un rol activo que aporte a la re-articulación de nuestro Poder Constituyente, así como la conquista de un nuevo orden institucional soberano y que realmente represente a los “dignos” e “indignados” ciudadanos del Chile actual, apartándose de una vez por todas del desfile ministerial que no merece ni inspira respeto, y que indigna cada vez más al Movimiento Social.

Finalmente y como dijera Eduardo Galeano, “el mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar”.