La defensa del Colegio de Periodistas hacia Mauricio Weibel, el profesional que destapó el «Milicogate»

El Colegio de Periodistas de Chile calificó como una «preocupante situación para el ejercicio de la libertad de prensa y el periodismo de investigación» las acciones que están llevando adelante los tribunales militares, por la inevstigación sobre corrupción y desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre. Un caso en el que se involucran varios oficiales del Ejército de Chile, más conocido como «Milicogate».

Desde agosto de este año, el periodista Mauricio Weibel ha estado publicando una serie de reportajes con muchos antecedentes sobre la cauda. El jueves pasado fue citado a declarar por el juez Rodrigo Acevedo, de la IV Fiscalía Militar.  El magistrado es el encargado de pesquisar la filtración de información sobre la investigación matriz que lleva la VI Fiscalía Militar, para lo cual en días previos convocó al propietario y representante legal de The Clinic, al director Patricio Fernández y a la editora Andrea Moletto.

De acuerdo a la versión de Weibel, la autoridad militar lo emplazó a revelar sus fuentes en el interrogatorio. 

Frente a esto, el colegio fue tajante: «Estos hechos son de extrema gravedad. En los tribunales castrenses debieran saber que ningún tribunal, ni civil ni militar, tiene atribuciones para vulnerar la ley, que es muy clara con respecto al derecho que tienen los periodistas, y los directores y editores de medios, a mantener en reserva sus fuentes informativas».

La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo establece en su artículo 7 que «los directores, editores de medios de comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos 5° y 6° y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente».

Según informa El Mostrador, incluso esto tiene implicancias internacionales, toda vez que el sistema interamericano de derechos humanos protege el secreto de la fuente. En efecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos establece en su artículo octavo que «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».

Por eso, el Colegio de Periodistas remarcó que estas acciones son «preocupantes para el ejercicio de la libertad de prensa y el periodismo de investigación», porque en los hechos pueden significar «tanto que los periodistas se coarten de usar este recurso y que quienes tengan información fundamental para develar situaciones en que esté en cuestión el interés público se sientan amedrentado».

En tal sentido, se sumaron al llamado de atención que en los últimos días hiciera la organización global Reporteros sin Fronteras, donde expresaron que «la justicia militar no tiene facultades para investigar casos de civiles y, en teoría, sólo debe tratar los expedientes relacionados directamente con el ejército». Agregaron que «según la versión oficial, estas cuatro personas fueron citadas a comparecer como testigos, pero en realidad fueron convocadas para que revelaran sus fuentes. Esto, a pesar de que Ley de Prensa chilena, al igual que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que el Estado chileno tiene la obligación de respetar- garantizan el respeto del secreto de fuentes».