Gratuidad

La inclusión de planteles privados, institutos profesionales y centros de formación técnica ha sido un punto de conflicto mayor en torno al debate de gratuidad, sobre todo si no va de la mano de un marco regulatorio que establezca condiciones para su ingreso. De momento, el proyecto del Mineduc beneficiaría al 50% más vulnerable de los planteles del Cruch que se sumen a la iniciativa, IPs y CFTs  que tengan al menos 4 años de acreditación y sean sin fines de lucro y algunas privadas. Estas son las posturas en torno a este punto:

Consejo de Rectores:
En el Cruch han variado las posturas sobre la gratuidad. Mientras rectores como Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica, se han mostrado más abiertos a incluir a planteles privados acreditados, hay otras posturas más duras en torno al punto, que hicieron que el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, dijera que el Cruch era un “cartel”, declaraciones que fueron calificadas de “inaceptables por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Entre quienes han golpeado la mesa por el ingreso de privadas a la gratuidad está Aldo Valle, rector de la U. De Valparaíso y vicepresidente del Cruch, quien se ha mostrado como opositor a que los recursos de la gratuidad bajen a un 40% en cobertura para beneficiar a esos planteles. Argumenta que debe haber un marco regulatorio. “Lo que no puede ocurrir es que el Estado termine transfiriendo fondos a instituciones, al margen de si tienen o no fines de lucro explícitos o encubiertos o a las que en sus directorios tengan empresas o sujetos con intereses lucrativos”, dijo en entrevista a La Tercera.

Privadas, IPs y CFTs:
Discriminación, esa es la palabra que se escucha más recurrentemente cuando los rectores y directores de la educación superior privada entran al debate sobre gratuidad. Bajo el argumento de que concentran la matrícula más vulnerable de la educación superior, piden que las instituciones de este tipo ingresen al sistema de gratuidad.

Ha quedado claro que los estudiantes más vulnerables  de las universidades privadas serán los únicos no beneficiados con el inicio de la gratuidad. Además, las universidades privadas, será las únicas que verán mermados los recursos disponibles, con motivo de la disminución del AFI”, ha señalado el ex ministro de Bachelet y rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados.

Democracia Cristiana:
Siguiendo en esa línea, la DC ha sido portavoz de las demandas de los institutos profesionales y CFTs, al punto de condicionar su apoyo a la glosa de gratuidad a la inclusión de este tipo de establecimientos.

“¿Por qué vamos a dejar fuera a alumnos vulnerables por la naturaleza jurídica de la instituciones a las que pertenecen? Este no es un tema de instituciones, sino de llegar con esos recursos a los alumnos más vulnerables”, dijo, según consigna La Tercera, el senador Ignacio Walker tras reunirse con Hugo Lavados y Gonzalo Vargas, rector del Inacap.
Chile Vamos:
Desde la oposición se ha hecho una campaña en contra del trámite de la gratuidad, acusando al igual que los planteles privados y la DC una discriminación a ciertos planteles. El presidente de la UDI, Hernán Larraín, ha llegado a señalar que la gratuidad “merece” la Ley Zamudio. “Es una especie de apartheid educacional que nosotros no valoramos ni compartimos”, remarcó.

Siguiendo esta línea, 31 parlamentarios de la oposición presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional la semana pasada, y desde la Nueva Mayoría advierten que existen altas probabilidades de que se declare admisible.

Confech:
Luego del fallido proceso de las mesas prelegislativas entre el gobierno y la Confech, el organismo estudiantil entregó una carta la semana pasada al mineduc en el que exigía transparencia sobre el proyecto de reforma a educación superior. Según consigna hoy El Mostrador, la Confech recibió mal la noticia de que el gobierno establecería una mesa prelegislativa con los presidentes de partido de la Nueva Mayoría, acusando una “cocina”.

“Si hoy se está intentando cuadrar a los presidentes de partidos, esto da cuenta de que no ha cambiado la lógica de seguir cocinando políticas públicas entre cuatro paredes, sin participación de los actores sociales”, dijo Marta Matamala, presidenta de la Feusach, a El Mostrador.
adriana delpiano valentina quiroga

Desmunicipalización:

Los puntos de conflicto en torno a la desmunicipalización son variados. De parte de la derecha se argumenta una “centralización de la educación”, a organizaciones de estudiantes secundarios les preocupa el aumento de la selección mientras profesores tienen sus dudas en el pago de deudas y el proceso de cesión que tendrá el sistema (se ha dicho que habría $800 mil millones por gastos asociados en indemnizaciones a personal de administración y condonaciones). A pesar de estas quejas, el foco de conflicto sigue puesto mayoritariamente puesto en un solo punto: el financiamiento.

Cones:
La Cones ha valorado el proyecto de la Nueva Mayoría, Su vocero, Ricardo Paredes, ha señalado que el proyecto “es significativo dado que contempla una demanda histórica de los secundarios, como es el retorno de la educación pública al Estado mediante servicios dependientes del MINEDUC. Vamos a respaldar esta iniciativa toda vez que la desmunicipalización no tenga excepciones y siga contemplando la resolutividad de los consejos escolares”.

Sin embargo, Paredes también ha sido crítico a la posibilidad de que el proyecto termine por aumentar la selección. “Esperamos que esto se pueda arreglar porque no puede ser que un artículo que era transitorio como el 30% que estaba en la ley de inclusión escolar vaya a ser establecido incluso con un aumento de ese porcentaje”.

Aces:

Una postura distinta ha tenido la Aces, que ha dicho que el proyecto tiene pocas garantías. “Nosotros rechazamos la reforma, porque creemos que primero debe existir una educación pública antes de hablar de reforzar algo que no existe, vamos a poder conversar de esto cuando la educación esté al servicio de todos y no de unos pocos”, dijo Claudia Arévalo, además de acusar que jamás se les ha recibido de parte de las autoridades.

“Será más de lo mismo, donde el Ministerio de Educación destine los recursos, y la única diferencia será quien vez de ser los municipios quienes administren, ahora serán los SLE, pero a nosotros nadie nos asegura adónde irán los dineros”, dijo Arévalo a Publimetro.

Asociación Chilena de Municipalidades:
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades han valorado la iniciativa. Su presidente, Gonzalo Navarrete (PPD), ha dicho que “es un buen proyecto que establece condiciones de calidad que van a ser explícitas y van a estar que estar dadas desde el Mineduc con estos consejos locales de educación que van a tener espacios resolutivo. Es decir,  habrán espacios resolutivos donde las familias en el colegio van a ser parte en las decisiones”. Al igual que otros actores, sin embargo, ha sostenido que debe ser seguida de un cambio en el financiamiento.
Chile Vamos:
Desde la derecha la línea argumentativa ha ido en relacionar la desmunicipalización con la centralización de la educación. “Esta iniciativa lo que hace es centralizar la dependencia de todos los colegios a lo largo del país al Ministerio de Educación en Santiago”, ha señalado la senadora UDI Ena Von Baer.

También protestó mediante una carta a La Tercera María José Domínguez, concejala de Vitacura, una de las comunas más ricas de Chile. “Más Estado no es sinónimo de más calidad. Vitacura, como muchas otras comunas, es el ejemplo de que una buena gestión en educación puede hacer que los colegios municipales sean establecimientos de excelencia”, dijo.

Colegio de Profesores:
El Colegio de Profesores ha cuestionado el proyecto, en esencia, por el tema de financiamiento. “¿Si ahora se está haciendo el gran cambio de institucionalidad, por qué no se cambia lo central, que es el sistema de financiamiento?”, ha dicho el pro secretario de la colectividad, Mario Aguilar, quien ha agregado que si no se contempla la deuda del sistema educacional con los profesores, se podría generar una “deuda histórica 2”.

El presidente del magisterio, Jaime Gajardo, ha señalado que “el pago de subvención por asistencia debe ser eliminado porque castiga a los más pobres”