Desde la instauración de la dictadura cívil-militar se nos ha presentado el problema de la institucionalidad Estatal como la fuente de la ausencia de inversión de capital durante el siglo XX, como derroche de presupuesto sin planificación, como totalitarismo político, como atraso cultural por obstaculizar el emprendimiento o como parasitismo social por sobre proteger el empleo. El Estado, presentado como una institucionalidad arcaica, se vuelve un obstáculo para la modernización y la eficiencia económica. Así, se eleva el pomposo proceso de “modernización del Estado” como acto de progresión histórica ineludible para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, cada vez somos más conscientes de que la llamada modernización no es más que el proceso de privatización del Estado con el fin de obtener recursos fiscales para el desarrollo empresarial, es decir un claro saqueo de bienes públicos y un radical y profundo proceso de desposesión social. De esta forma, los trabajadores/as públicos quedan atrapados en un aparente dilema histórico de modernizarse o anquilosarse, quedando a merced, ya no de los viejos burócratas, sino ahora de los nuevos tecnócratas.

El peregrinar institucional de abandono de la educación pública, el ridículo control de medición de las funciones pedagógicas de los profesores/as, la contención salarial, la financiación de negocios de formación educativa con fondos estatales, la gerencialización de las funciones de dirección de los establecimientos son el resultado de los primeros discursos de privatización del sistema educativo. Es cierto, tenemos una cobertura escolar histórica pero bajo formas de segmentación social, economización de los sistemas escolares y precarización laboral. En esta dirección, la mentira de la formulación neoliberal respecto a la modernización institucional del Estado, radica, precisamente, en presentar el avance social como inevitablemente unido al saqueo de fondos estatales (subsidios) y la desposesión de la actividad social (precarización) y jamás acoplado a la democracia laboral y al fortalecimiento de una institucionalidad pública.

En este contexto, la esperada des-municipalización, que la gran mayoría de Chile quiere, por fin ya tiene proyecto de ley. Es preciso decir que el proyecto es un cambio en el orden institucional pero no en su lógica general de funcionamiento. El proyecto crea la figura de “servicios locales de educación pública” que debe contar con profesionales de formación, gestión y administración educativa, controlados por una dirección de educación dependiente del Ministerio de Educación. En este sentido, devuelve al Estado el problema educativo y soluciona la excesiva fragmentación de “sostenedores” que hace del sistema difícil de manejar y de coordinar. Además, crea la figura del “consejo local” con representes políticos de la localidad, miembros de la comunidad educativa y representantes de las universidades locales. Esto es una buena propuesta. Los problemas, claramente, son siempre los mismos. No se cambia la lógica de financiamiento de los servicios y los establecimientos. Se sigue promoviendo un proyecto educativo “gerencial” ordenado por metas, convenios y logros y se mantiene el régimen de “a contrata y honorarios”, para el servicio y los colegios. Precisamente de este último fenómeno poco se ha hablado.

Hoy en Chile, la educación Municipalizada esta dividida en diversos estamentos y formas contractuales para sus trabajadores. Esto produce diversas formas de organización. Los más reconocidos en esta materia son sin duda los profesores/as que este 2015 han conflictuado con el proyecto de ley de carrera Docente. Pero también existen otras labores que se desarrollan para el mantenimiento del sistema educacional a través de formas contractuales distintas y con conflictos particulares.

Por una parte están los asistentes de la educación, que a diferencia de los profesores/as que tienen un sistema estatutario, estos son contratados por el código del trabajo y una ley especial que le otorga algunas compensaciones mínimas, que no se comparan con las compensaciones de los profesores. A su vez, en el sistema educativo municipal se encuentran los trabajadores/as de las administraciones centralizadas. Estos se encuentran regulados por el código del trabajo pero sin ninguna otra ley, dejando al arbitrio de los alcaldes de turno las diversas regulaciones salariales. Y por último, están los funcionarios a honorarios que no poseen ninguna seguridad laboral, quedando en la precarización máxima del empleo.

En este nuevo proyecto de ley, lo que más se criticaba del actual modelo de contratación al parecer está lejos de ser cambiado, más bien es una repetida senda de precariedad laboral para el sector público. Lo que siempre se criticó del sistema municipalizado, era que la fuerza laboral se encontraba dentro de un circuito electoral, principalmente en los empleos a honorarios y el código del trabajo. Con esta situación se suele aplicar el art. 161 del código, que se utiliza para despedir por “necesidades de la empresa” y traer a personas de “confianza” con quienes pagan favores políticos de las diversas elecciones.

Este círculo de corrupción política ha traído repercusiones graves en la empleabilidad de los trabajadores/as y en la misma profesionalización del servicio, con salarios dispares y sin ningún patrón de escala de remuneraciones y menos una carrera funcionaria. El actual proyecto de ley nuevamente vuelve a replicar la división de Docentes, Asistentes de la educación y Administrativos. A los docentes los mantiene con el estatuto docente, a los asistentes de la educación los mantiene con código del trabajo, pero les creará un reglamento que les creará una carrera funcionaria, y a los funcionarios de la administración los pasaría a Estatuto Administrativo.

Además, agrega un artículo (art. 31) que menciona las formas de desvincular a los funcionarios, creando la desvinculación por “necesidades del Servicio”, el que afirma que “Sobre Causales de cesación del cargo de personal de planta: Necesidades del Servicio Local, son determinadas por el Director Ejecutivo una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio Local”.

Este artículo, es una continuidad de los patrones del código del trabajo en el sector público, marcando un precedente para el resto de los trabajadores/as públicos. ¿Qué podemos entender de esta mantención? Esto nos dice que se quiere comenzar a legislar para que cada director de servicio pueda tomar la “decisión gerencial” de despedir personal.

Otro punto de esa lógica de privatización son los convenios con “universidades públicas y privadas”. Estos son más bien convenios económicos que pedagógicos. Se mantiene a estos como “vías de ingresos” más que como espacios de nutrición formativa. Por ende, toda la propuesta de servicios locales con personal de formación pedagógica propio, que preste servicios como funcionarios, corre el claro peligro de ser testimonial y bajo contratación precaria, insuficiente.

Los trabajadores/as de la educación pública y los trabajadores/as del sector público no podemos permitir que este tipo de normativas vea la luz, ya que con la excusa de la “modernización” del sistema público, se cimientan los más profundos procesos de saqueo a los fondos del Estado, bajo sofisticadas formas de precariedad del trabajo. Lo que necesitamos en un código de regulación laboral que proteja a los trabajadores/as, consolidando la formación de funcionarios públicos y no la promoción de carreras laborales de gerentes generales travestidos de funcionarios públicos que fortalecen el carácter del Estado privatizado actual.

 


Christian Figueroa y Mauricio Rifo

Doctor © en Educación