El 13 de diciembre de este año, Andrés Jouannet, intendente de la Región de La Araucanía, declaraba en una entrevista a El Mercurio[1] que no existe un conflicto mapuche, por el contrario lo que habría son delincuentes que se arrogan falazmente una representatividad que no ostentan.

Dos días antes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) organismo del Estado, cuya misión es promover y proteger la plena vigencia de los Derechos Humanos en el País, lanzaba su informe anual[2]. En el texto se indica que el INDH pudo constatar en algunas de las reuniones que observó en las regiones de Biobío y La Araucanía, como parte de su labor de observador de los procesos de Consulta desarrollados por el Estado, que primó un clima de desconfianza que no pudo ser superado. El INDH también se ha pronunciado en distintas oportunidades, e insiste en este punto en su informe de 2015, sobre la necesidad de que se haga justicia frente a los hechos de violencia que afectan a los integrantes del Pueblo Mapuche, pues muchos de ellos han quedado en la impunidad. En particular ha manifestado su preocupación por la situación en que quedan los delitos que cometen los agentes policiales del Estado en contra de la población mapuche, toda vez que de acuerdo con la legislación vigente, son de competencia de la justicia militar. Agrega el informe del INDH que en La Araucanía la institución, sólo durante 2015, ha interpuesto Recursos de Amparo en a lo menos 20 ocasiones por casos en donde existía riesgo para la libertad y seguridad de personas de pueblos indígenas, amenazados por una autoridad pública, en el marco del movimiento de reivindicación de tierras mapuche.

Jouannet por su parte declaraba en la entrevista del 13 de diciembre que las tierras son parte del problema, sin embargo “el Estado en eso tiene un proceso…pero se ha demostrado que eso no soluciona el problema de fondo”. Más adelante frente a una pregunta sobre su opinión respecto de “los agricultores que tomaron la decisión de armarse para enfrentar ellos mismos a los encapuchados”, el intendente señala que armarse no es la solución y agrega “tenemos muchos más carabineros trabajando en esto. Hoy ya no tenemos problemas en la autopista, ya no tenemos los problemas de tomas en los servicios públicos, porque ya no lo permitimos. Cuando los campos son tomados nosotros inmediatamente lo desalojamos”.

El desencuentro entre las declaraciones de Jouannet y el contenido del Informe del INDH, evidencia el sentido de la reducción del conflicto que existe en la Araucanía a la existencia de actos delictuales. Si se trata de delincuentes comunes, entonces la respuesta del Estado por antonomasia, debiera ser represiva, a través de los aparatos policiales y judiciales. Justamente esta forma de responder al conflicto por parte del Estado es lo que el INDH ha cuestionado en distintas oportunidades. A mayor abundamiento el INDH releva en su informe que uno de los elementos centrales del conflicto es lo relativo a la propiedad de las tierras, justamente lo que el intendente niega.

Mientras Jouannet intenta reducir la cuestión a asuntos de delincuencia, el INDH indica que la noción de conflicto mapuche debe ser superada, pues las dinámicas que se dan en la Araucanía corresponde tratarlas como un problema de la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche. Al menos hay aquí un punto de acuerdo, la idea de un conflicto mapuche es inapropiada para describir lo que pasa en la Araucanía, la gran diferencia es que mientras el intendente de la región niega que exista un conflicto, el INDH indica que efectivamente existe un problema, pero que no es correcto adjudicarle al Pueblo Mapuche el conflicto.

[1] http://www.elmercurio.com/blogs/2015/12/13/37734/Andres-Jouannet-intendente-de-la-Region-de-La-Araucania-No-existe-conflicto-mapuche-Estas-personas-son-delincuentes.aspx

[2] http://issuu.com/indh/docs/informe-anual-indh-2015/1?e=2098285/31873917


Programa de Antropología Jurídica, Universidad de Chile