El día 8 de diciembre de 2010, paradójicamente, a dos días de celebrarse los sesenta y dos años de la “Declaración universal de los derechos humanos”, ocurrió una de las tragedias más grandesen la historia de las cárceles de Chile: ochenta y un personas privadas de libertad en la cárcel de San Miguel perecieron producto de un incendio. Todos ellos murieron atrapados entre las llamas, sin ayuda y en condiciones deplorables.

Hoy las familias de los llamados “81” claman por justicia y sanciones contra los responsables del incendio que les arrebató a sus hijos, padres, maridos y hermanos.

Una serie de organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, frente a la conmemoración de los cinco años de la muerte de 81 personas producto de la negligencia del Estado en la administración de sus prisiones, realizaron una declaración pública para expresar lo siguiente:

¿Por qué el día del incendio había condenados en un centro de detención preventiva (CDP)?, ¿por qué no existían mecanismos de protección contra incendios?, ¿por qué no había funcionarios en los módulos que pudiesen haber abierto las celdas a tiempo? El Estado chileno no ha afrontado con ningún tipo de acción concreta la realidad que se esconde tras los muros de las prisiones.

La reforma procesal penal significó un cambio en la forma de realizar el juzgamiento criminal. Sin embargo, la contribución que implicó el reconocimiento de derechos del imputado no conllevó un cambio en el ámbito de la ejecución de la pena. Las cárceles del país no se han transformado, continúa existiendo una estructura penitenciaria autoritaria. Gendarmería, actúa de formadiscrecional al interior de las unidades penales y ello se manifiesta en prácticas continuas detorturas y malos tratos contra las personas privadas de libertad.

El actual sistema penal opera de manera selectiva. Sus afectados, mayoritariamente, provienendelos sectores más precarizados de la sociedad. Los delitos asociados a las clases altas (colusiones y malversación de fondos públicos, por ejemplo) han recibido sanciones monetarias que no reflejan la gravedad del daño público que estas acciones ilícitas ocasionan. La diferencia enlas sanciones también se expresa en su forma de cumplimiento. Mientras la mayoríade los condenados a una pena privativa de libertad cumple su condena en cárceles sobre pobladas (el CDP Santiago Sur, más conocido como “la peni”, es un ejemplo patente), cierta minoría privilegiada cumple su sentencia en recintos penales que ni siquiera han llegado al 100% de su capacidad de albergue (Centro de Cumplimiento PenitenciarioPunta Peuco).

En cuanto a las diferencias de género, la política criminal chilena contempla penas elevadas de reclusión para delitos de tráfico de estupefacientes. La mayoría de las personas condenadas por este tipo de ilícitos son mujeres, generalmente, madres y cabezas de familia a las que se les aplican medidas de control y seguridad respecto de un delito que no involucra violencia. Por otro lado, separar a las madres de sus hijos e hijas resulta altamente indeseable. Es urgente una reforma legal para subsanar esta realidad.

Por último, todos y todas deseamos una sociedad pacífica y segura. Sin embargo, diferimos en los medios para lograr acceder a ella. No compartimos que ese objetivo se alcance mediante el aumento de penas privativas de libertad o la ampliación de las facultades persecutorias del Ministerio Público. Corresponde buscar las causas que influyen en la comisión deilícitos penales en las condiciones estructurales de nuestra sociedad. Con mayor razón si consideramos que Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica.

¡No queremos más tragedias como el incendio de la cárcel de San Miguel!

¡Es hora de que el Estado de Chile afronte el problema carcelario del país!

Adhieren:

  • 81 razones.
  • Leasur.
  • Centro de Estudios de la Mujer.
  • Humanas.
  • Instituto de la Mujer.
  • Observatorio de Derechos Humanos y Legislación.
  • Cimunidis.
  • OCAC Chile.
  • Asociación de Profesionales Indígenas.
  • Corporación Opción.
  • Acción Gay.
  • Coordinadora Autónoma Contra la Violencia.
  • Alejandra Ramm, Directora Observatorio de Desigualdades (UDP).