Solo fueron cinco universidades privadas no tradicionales inscritas en el proceso de gratuidad del gobierno. Una fue la Universidad Autónoma, de propiedad del ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera. Entre los requisitos que puso el gobierno para acceder a la gratuidad 2016 estaba la exigencia de cuatro años de acreditación mínima y que entre los socios de la sociedad controladora de la institución universitaria no hubieran sociedades con fines comerciales. Para cumplir el segundo, la Autónoma retiró a las dos sociedades con fines de lucro que tenía en su directorio: el Instituto de Ciencias Aplicadas S.A. y la Academia de Estudios Nacionales S.A.

Y actualmente está dentro de la lista de 12 universidades investigadas por la Justicia por haber violado la prohibición de lucrar.

Según acredita CIPER Chile, un informe de la PDI determinó que la Universidad Autónoma pagó $7.174 millones a sociedades relacionadas a sus dueños o directamente a la familia controladora, los Ribera Neumann. Y en 2013, la familia retiró utilidades desde Autónoma El Llano S.A. e Inmobiliaria Autónoma S.A., ambas sociedades creadas para arrendarle el inmueble a la universidad.

Esta es la clásica formúla de las universidades para lucrar en Chile: crear inmobiliarias y arrendar la infraestructura a la institución de educación superior.

El informe de la PDI citado por CIPER dice textualmente: “Respecto de las sociedades Inmobiliaria Autónoma S.A. e Inmobiliaria El Llano S.A., si bien se determinó que han arrendado inmuebles a la universidad para los fines u objetos sociales que esta persigue y que por este concepto han recibido rentas mensuales de arrendamiento, debe señalarse que constituyen un modelo de negocio que sigue un patrón similar en las universidades que son objeto de esta indagatoria, en que los socios activos de una corporación universitaria, sean personas naturales o jurídicas, o sus directivos, son a su vez dueños de empresas que prestan servicio a la misma de cualquier naturaleza o le arriendan inmuebles, lo que contrapone los intereses de los mismos, ya que por una parte administran y/o dirigen una corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el otro componen, administran y/o dirigen entidades que persiguen, precisamente, este fin”.

Y agrega que las inmobiliarias creadas por los Ribera Neumann “han obtenido beneficios/utilidades económicas de esta actividad, como es lo esperado, lo que ha permitido que a fines del año pasado (2013) las inmobiliarias Autónoma y El Llano S.A. hayan repartido utilidades entre sus socios que se componen por Inmobiliaria Gaudí, (ex Inmobiliaria Teodoro Ribera y Cia.), los hermanos Ribera Neumann y otros asociados que también son parte del grupo familiar”.

Todo queda en familia

Los Ribera Neumann son 6: Teodoro, Jaime, Pilar, Ana María, María Eugenia y Ximena. Todos abogados e hijos de Teodoro Ribera Beneit, fallecido el año pasado. El mayor del clan, Teodoro Ribera Neumann, es el actual rector, militante de RN, ex diputado y ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera. Tuvo que abandonar el cargo por su relación con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, hoy formalizado por vender acreditaciones universitarias.

Según la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo, las sociedades relacionadas a la familia acumularon pagos de $5.508 millones entre 2008 y 2012. En la misma época, la esposa del actual rector, María Loreto Concha Valderrama tiene pagos por $220 millones, mientras que Ribera tiene pagos por $57 millones. Según la información de CIPER, los pagos se extienden a los hijos del matrimonio, sus nietos y los cónyuges de estos.

La Autónoma tuvo una matrícula de 20 mil alumnos en 2015, siendo una de las más grandes del país. La mayoría de ellos es de sectores de bajos ingresos. Entre el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y las distintas becas que entrega el Estado, recibieron entre 2005 y 2013 cerca de $81 mil millones.