La decisión de la presidenta Michelle Bachelet de querellarse contra la revista Qué Pasa ha causado una fuerte polémica.

La medida busca acreditar la responsabilidad del medio, de propiedad de COPESA (Grupo Saieh) por los insultos o el trato que se le da a la presidenta en la nota “Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval”, de los periodistas María José Tapia y Rodrigo Vergara, así como el editor general Francisco Aravena y el director provisorio Juan Pablo Larraín, quien también es director del diario La Tercera.

Si el delito es corroborado, sus responsables enfrentarían penas remitidas, sin privación de libertad, que van de los 61 a los 541 días y una multa de 6 a 10 UTM. Es decir, de $273.000 a los $455.000.

El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y el ministro (S) de Interior, Mahmud Aleuy, han insistido en que Bachelet presenta la querella en el legítimo derecho que tiene “como ciudadana” y no en su rol de Jefa de Estado. Desde Francia, donde se encuentra participando de una reunión de la OCDE, Bachelet sólo se refirió al tema señalando que “creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar validando las fuentes, para no enlodar la honra de nadie”.

Sin embargo, pese al énfasis del gobierno en subrayar que a Bachelet le asiste ese derecho como a cualquier ciudadana del país, en la querella presentada por Juan Pablo Hermosilla puede leerse que “en virtud del cargo que actualmente detenta mi representada, racionalmente hacen que merezcan la calificación de injurias graves, las contenidas en la nota periodística”. Además, en el documento legal la presidenta fija su domicilio como “La Moneda S/N” y los testigos que presentará son el ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz (PS), la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte -cuestionada por servicios prestados a Caval en 2012- y el periodista asesor del Ministerio de RR.EE, Ascanio Cavallo, quien participa del proceso con Perú ante la Corte Internacional de La Haya.

El abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza señaló a la Radio Universidad de Chile, que “no le corresponde a la autoridad pública definir qué es periodismo serio”, enfatizando que la querella presentada por la jefa de Estado debería haber sido dirigida en contra de Juan Díaz, y no de la revista que reprodujo sus dichos. La querella también fue criticada por la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que reúne a las empresas editoras de medios, quienes solicitaron a la presidenta que desista de la querella a través de una declaración pública.

El Colegio de Periodistas, en tanto, señaló que “no es el mejor camino” y aprovecharon de recordarle al Ejecutivo que el proyecto de ley que devuelve la tuición ética a los colegios profesionales es una tarea pendiente.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, de visita en Chile, criticó la medida, señalando que tiene un efecto inhibitorio y que la juridicción penal nunca debería usarse contra periodistas: “esto tiene un efecto inhibitorio, no solo el problema que hoy enfrenta el medio y el periodista, sino que para el resto de los medios”, criticó en CNN.
Revisa el texto completo de la querella aquí: