Hace un par de años, como es de costumbre, acompañé a mi abuela al cementerio a dejar flores a todos sus familiares, entre ellos su hermana Juanita. Nunca supe mucho de su historia, sólo que murió cuando tenía 20 años, durante la década de los ‘60. Ese día mi abuela hablaba frente a su tumba y decía: “Juanita te fuiste tan pronto, todo por culpa de ese desgraciado”. Entonces decidí preguntarle ¿de qué había muerto? Me dijo que el esposo de otra de sus hermanas la había embarazado, y que la madre de ambas para evitar el problema familiar, la llevó donde una partera con el fin de que le practicara un aborto. Sin embargo, no resistió las consecuencias que acarreó el uso de un método artesanal y murió desangrada en su hogar. Juanita no pudo optar a practicarse un aborto seguro que le permitiera conservar su propia vida.

La historia de mi tía abuela Juanita, se une a la de cientos de mujeres que han muerto producto de abortos clandestinos, a lo largo de la historia. Así, ha llegado a ser la tercera causa de muerte materna en Chile, según las cifras del Ministerio de Salud. La clandestinidad se ha debido, entre otras cosas, a la condena social, la sanción legal o a la doble discriminación sufrida por razones de género y de clase; estos factores constituyen la base de los abortos criminales. Y a pesar de los contextos adversos, los motivos que han tenido las mujeres para abortar a lo largo de la historia son más fuertes: ni la condena legal, ni la social, ni el riesgo a la pérdida de la vida las ha detenido. Por ello la práctica del aborto debe entenderse como un acto de emancipación de las mujeres, de las condiciones estructurales que las violentan.

El aborto está lejos de ser una decisión criminal, como tradicionalmente se presenta desde los sectores más conservadores de la sociedad. Las mujeres históricamente siempre nos hemos movilizado por la vida y en defensa de los derechos humanos. Hay que recordar que muchos de los que hoy se autodenominan como “pro-vida”, no la defendieron durante la dictadura militar, sino que fueron mujeres organizadas quienes encabezaron la lucha por la vida, a través de los comedores infantiles, ollas comunes. Hubo también otras experiencias de lucha popular, como la militancia a favor de los DDHH, así como distintos frentes de resistencia contra el régimen.

El aborto es una problemática política vinculada a la relación entre Estado, la sociedad y el cuerpo de las mujeres. Como problemática política es clave en la definición de proyectos sobre la sociedad, pues cuestiona el modelo de democracia existente en el país. Por ello, la discusión en torno a la legalidad del aborto y la propuesta sobre la despenalización en tres causales -como parte del programa de la presidenta Bachelet- se constituye en un elemento disruptor para la política de los consensos, imperante durante la postdictadura.

Actualmente, el proyecto descansa en el congreso por más de tres meses, tiempo en el cual miles de mujeres siguen abortando en el país, muchas de ellas en condiciones que ponen en riesgo sus vidas y, junto con ello, la de cientos de niñas, que deben arrastrar embarazos no deseados, varios de ellos producto de una violación. Los responsables de las vidas de estas mujeres y niñas son los mismos quienes tienen las atribuciones para aprobar la idea de legislar sobre la despenalización del aborto, como base para avanzar al aborto libre y gratuito.

La clase política tiene una deuda ética con las mujeres y niñas de este país, porque precisamente el espacio de poder que hoy ejercen y gozan, fue conquistado por el movimiento de mujeres que contribuyó decididamente a derrocar la dictadura y posibilitó los avances en verdad y justicia en materia de Derechos Humanos. Por ello, no legislar sobre el aborto no sólo es inmoral y anti-ético, sino también un acto criminal.

Hoy, en la coyuntura electoral, vemos cómo las candidaturas de muchas mujeres se plantean como rupturistas respecto de la política tradicional, incluso algunas se autodenominan feministas, pero siguen repitiendo los patrones políticos. Se acomodan y gozan del sistema del poder patriarcal, abandonando cualquier reivindicación feminista, relacionada con el movimiento de mujeres. Tal como lo constataba lucidamente Margarita Pisano: “Quienes leen a las mujeres dentro de las estructuras de poder como un signo de avance y de cambio no están teniendo en cuenta que el sistema de dominio no ha sido afectado, que el acceso de las mujeres al poder desde lo femenino no lo modifica”.

Cada familia porta una historia sobre el aborto. Por eso, más allá de los intentos por negar su existencia como práctica social, debiéramos avanzar en generar las condiciones para que no vuelvan a existir abortos criminales, que por desarrollarse en la clandestinidad y en condiciones precarias tienen como consecuencia la muerte de las mujeres. En razón de ello, hago pública esta historia familiar –mi historia familiar-, como un acto de justicia y por la memoria de todas las mujeres y niñas que han fallecido, a causa de un aborto clandestino, cuyas historias, en la mayoría de los casos, han sido silenciadas, invisibilizadas, guardadas como secretos familiares. De esta manera, sus historias se han transformado en deudas éticas en el presente. Lo más democrático es que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

La penalización del aborto nos mantiene en un estado de “salvajismo”, por ello avanzar en la maternidad voluntaria, el asegurar el derecho de las mujeres a la vida, avanzar hacia el aborto libre y gratuito, es parte de un cambio civilizatorio y un imperativo para la profundización democrática.


Doctora en Historia Social y Política Contemporánea, Académica Universidad Austral de Chile