Las Universidades Públicas No Estatales publicaron un comunicado de prensa e insertos en diarios rechazando la propuesta del Ejecutivo.
Primero con un comunicado de prensa, y luego con un inserto pagado en el diario La Segunda, comenzó la ofensiva comunicacional de las Universidades Públicas No Estatales- grupo conocido como G9-, luego de que se ingresara la semana pasada el proyecto de ley de Educación Superior anunciado por el Ejecutivo.
Según el documento, que puedes leer completo al final de esta nota, los representantes del G9 señalan que pese a estar de acuerdo con los objetivos generales de la reforma, no se estaría reconociendo la contribución que estas universidades han hecho al país.
Esto porque «no se considera la naturaleza pública de nuestras universidades, a pesar de estar reconocidas en la legislación desde 1927, como el DFL 7500 que las define como personas jurídicas de derecho público».
También «se genera una clara discriminación entre instituciones que cumplen similar función, poniendo en riesgo el desarrollo futuro de nuestras comunidades y se minimiza la contribución del CRUCh, organismo constituido por ley y que por más de 60 años ha cumplido un rol clave en materias de educación superior, lo cual debilita al sistema en su conjunto».
«Nos preocupa que no se valore ni se explicite un apoyo a la diversidad del sistema, el cual siempre debe priorizar la calidad; otorgar un trato equitativo a todas las universidades públicas, sean estatales o no estatales; propiciar un financiamiento de acuerdo a la envergadura del aporte público que genera cada institución; e impulsar un desarrollo territorial y regional equilibrado», asegura el texto.
«La eliminación, en un plazo de cinco años, de los fondos basales que han recibido por más de 80 años nuestras universidades, es ignorar su aporte pasado y presente, y significa inevitablemente un deterioro en sus proyectos educativos y proyección futura».
El texto fue firmado por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui; de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sänchez; de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida; de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy; de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez; Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo, Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo, y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz.
«Hacemos un llamado a los parlamentarios y, particularmente, a los representantes de las regiones en que están insertas las instituciones de la Red G9, a tener una efectiva consideración de nuestros planteamientos. Asimismo, abogamos por una reforma inclusiva, tanto en su proceso de formulación como en sus disposiciones finales, a fin de conferir al país un marco integrador que entregue garantías de desarrollo a los estudiantes, sus familias y al país», finaliza el documento.
