Los presos políticos mapuche no soportaron la falta de garantías del proceso judicial que los tiene hace cuatro meses encerrados de manera preventiva. Hastiados, reventaron en el Juzgado de Temuco hace un par de días. Se levantaron del estrado, con sus manos esposadas y gritaron al fiscal Alberto Chifelle: “¡entrega las pruebas, entrega las pruebas!”. Era la escena de los esclavos del barco amistad de Steven Spielberg exigiendo libertad. Lo acusaron de racista, entraron los gendarmes y todo terminó con la salida de los mismos de la sala y la de sus familiares. Alberto Chifelle, como en otras ocasiones acuso un hostigamiento de parte de los mapuche hacia él y su familia.

La prueba en cuestión es una triangulación de las antenas de telefonía móvil que daría por ubicación que los once presos imputados por el caso Luchsinger Mackay estaban reunidos el día en que murió el matrimonio de agricultores en la casa de la Machi Francisca Linconao. Esta prueba, más el testimonio de José Peralino (quien se retractó a los pocos días), eran los pilares para declarar que estos once comuneros, la mitad de ellos por sobre los 50 años, serían las personas que aquel 4 de enero de 2013 ingresaron a la casa del matrimonio de agricultores y cometieron el homicidio.

Sin embargo, el testigo clave carece ya de credibilidad judicial. La Fiscalía difícilmente podrá ocupar un testimonio del cual el mismo se contradijo. Asumimos la defensa tampoco lo podría utilizar como forma de demostrar que los procesos judiciales al sur del río Bío Bío carecen de garantías judiciales y de un debido proceso. En ese aspecto, el peñi Peralino aparece más como el personaje de la tragedia de este proceso.

Alberto Chifelle que tiene una larga experiencia de juicios que terminan con un show mediático de terrorismo y pruebas grandilocuentes para terminar saliendo libres. Como ya ha sido costumbre de su accionar, decidió ahora retener por más tiempo la prueba clave para que la defensa prepare el juicio oral. En específico los peritajes científicos de la prueba que daría por asegurado que la posición localiza a los comuneros en la casa de la Machi Linconao. ¿por qué lo hace? ¿acaso la prueba no es certera? ¿está demorando la entrega para que la defensa tenga menos tiempo para prepararse y así ganar el juicio? Son preguntas que uno se podría efectuar.

En lo personal creo que la Fiscalía para los casos mapuche utilizan todas las triquiñuelas legales para mantener el más tiempo posible encarcelado a los mapuche. Impone medidas cautelares agobiantes, como son la extensión de las prisiones preventivas. En teoría estas no deberían pasar de los tres meses y se utilizan en casos extremos. Para los casos mapuche ya es recurrente. Todo mapuche que es tomado en torno a la lucha autonomista sabe que pasará los próximos tres meses en las cárceles y con posibilidades de extenderse al año. Luego, salvo el caso de Celestino Córdova, todos han terminado libres. Los que no, han acabado con juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Chile sancionado por ellos. El caso de Los Longkos y Poluco-Pidenco, en ese ámbito son emblemáticos.

No estoy diciendo que no se deba investigar y sancionar a los responsables de la muerte del matrimonio de agricultores. Su hijo Jorge Luchsinger Mackay tiene el derecho a saber qué sucedió aquel día. Pero también tiene el derecho en su dolor a no ser expuesto en un proceso judicial que carece de las garantías judiciales. Lo sucedido con la Machi Francisca Linconao, quien es puesta con detención domiciliaria y luego se le revertir esa misma medida cautelar, no tan solo es un atropello a los Convenios Internacionales en su trato con los pueblos originarios, sino que habla de la poca seriedad de parte del Poder Judicial respecto al pueblo mapuche, en un contexto político que se instaura una mesa de diálogo con el fin de generar pasos sustanciales en las confianzas a partir de un entendimiento que algunos han llamado el momento de una tregua. Su fin es descender la violencia de los actores y evitar nueva pérdida de vidas humanas. Sin embargo, lo que vemos desde los tribunales de Temuco y su fiscalía es que actitudes como la del Fiscal Alberto Chifelle no aportan para la solución del conflicto, al contrario, la aumentan y se transforman como parte del problema.

El enojo de los prisioneros políticos mapuche no es un arrebato de la barbarie del siglo XIX. Es porque son trabajadores agrícolas, padres de familias y ven que el tiempo de comenzar a preparar la tierra para los sembradíos ya se inició. Y como los mapuche no tenemos inquilinos que trabajen por nosotros, debemos ser nosotros mismos los que hagamos ese trabajo. Ahí está la impotencia y el grito y la exigencia de un debido proceso para que exista justicia. Pues, entre más tiempo pasa, el no trabajar avecina que para el tiempo de la abundancia no habrá siembra que cosechar y por lo tanto, el año siguiente será de escasez.

Los mapuche no piden la libertad. Aquel día cuando exigieron las pruebas, exigieron un juicio justo y un debido proceso. Exigieron someterse a las leyes judiciales de un Estado que niegan nuestros derechos fundamentales como pueblo y ciudadanía indígena. Dijeron aquel día que son libres, hasta que se compruebe lo contrario.

 

 


Historiador