La semana pasada en uno de los pueblos más bellos de España, Villafranca del Bierzo, en la olvidada provincia de León, tuvo lugar un entierro. Vicenta López Digón y su hijo, Jesús Camuñas López, recibieron sepultura en el cementerio municipal rodeados de su familiares y seres queridos. Vicenta y Jesús fueron ejecutados en 1948 por las fuerzas franquistas. Hasta la semana pasada sus cuerpos habían estado en una fosa común perdida en la España rural de cuya existencia solo había una constancia física, una macabra anotación en el parte oficial de su fallecimiento que decía textualmente: “Se reseña la sepultura donde han sido enterrados los cadáveres –el Jesús debajo y la Vicenta encima-“. La localización y recuperación de sus restos han sido posibles gracias a la labor de una asociación de voluntarios que consigue financiarse a duras penas gracias a aportaciones particulares, premios internacionales y la ayuda periódica del Sindicato Noruego de Electricistas.

La historia de esta familia es similar a las de miles de familias españolas. De hecho, en pleno siglo XXI y más de 70 años después de la Guerra Civil, España sigue ostentado el espeluznante honor de ser el segundo país del mundo con más fosas comunes solo por detrás de Camboya. La Plataforma por la Comisión de la Verdad, que impulsa el exjuez Baltasar Garzón en busca de justicia a los crímenes de la dictadura, asegura que a día de hoy España tiene pendiente resolver las más de 130.000 personas desaparecidas, las 2.500 fosas comunes por exhumar o las decenas de miles de niños robados durante los negros años de la Guerra Civil primero y del franquismo después.

No solo eso, usted puede todavía, en la cuarta economía del euro, pasear por calles llamadas 18 de julio, fecha del alzamiento militar fascista en 1936, o sentarse a tomar una tapa en plazas nombradas en honor de la División Azul, el escuadrón que Franco envió a combatir junto al Tercer Reich. Los símbolos franquistas siguen a la vista de todos en muchos edificios públicos y no son pocas las iglesias de cuyos muros cuelgan todavía vivas al dictador y a José Antonio, líder falangista. Aunque parezca increíble, a día de hoy la Fundación Francisco Franco recibe anualmente 150.000 euros de subvenciones públicas por obra y gracia del Gobierno de Mariano Rajoy.

Si usted viaja estos días a Madrid, sólo tendrá que desviarse 30 kilómetros hacia el norte para visitar el Valle de los Caídos, el mausoleo que se hizo construir el dictador con el trabajo esclavo de miles de detenidos políticos y donde se hizo enterrar tras su muerte a finales de los 70. Todos los domingos hay misas en su honor. No se perderá, es una horrible cruz de hormigón de 150 metros de altura. Ha sido declarado monumento nacional y su mantenimiento, gestión y administración también la pagan todos los españoles a través de sus impuestos, responsos incluidos. También es una gigantesca fosa común.

En 2010 la justicia argentina inició una investigación por los crímenes cometidos durante la dictadura en España gracias al principio de justicia universal. El mismo que permitió años atrás a Baltasar Garzón encausar a Augusto Pinochet ante la inacción de los tribunales chilenos en el asunto. Es la única causa judicial abierta en el mundo que investiga el franquismo. La jueza  María Servini ha pedido interrogar a 19 imputados por supuestos crímenes de lesa humanidad entre ellos exministros como Martín Villa y Utrera Molina, y expolicías, como el conocido como ‘Billy el Niño’. Ninguno de ellos tiene visos de acabar delante de Servini, porque cuentan con el abrigo del gobierno español, más interesado en torpedear la causa que en colaborar con la justicia como debería ser menester en cualquier democracia que se precie. La Ley de Amnistía del 77, en la que se escuda el PP para boicotear la querella argentina, es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU suscrito, entre otros, por un país democrático y europeo llamado España.

De hecho, la ONU ha exigido por activa y por pasiva a España que ponga fin a toda esta impunidad, empezando por derogar la Ley de Amnistía. Se han perdido la cuenta de los informes elaborados por relatores y agencias de Derechos Humanos de todo el mundo en el mismo sentido. En 2007, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha la Ley de la Memoria Histórica, fue el paso más decidido un busca de una reparación de las víctimas que se conoce en la península, pero su aplicación ha quedado relegada especialmente en las zonas gobernadas por el PP, que directamente la han desobedecido y se han vanagloriado de ello. De hecho, el partido fundado por cinco ministros de Franco ni siquiera ha tenido la decencia de condenar públicamente ni el golpe de 1936 ni las barbaridades de la dictadura. Es recurrente escuchar en España que investigar estos crímenes o exhumar las fosas comunes para dar digna sepultura a los muertos que habitan las cunetas supone “abrir heridas”. Y ya estamos en 2016.

Milagros es la hija de Vicenta López y la hermana de Jesús Camuñas. Cuando la semana pasada logró enterrar a sus seres queridos 70 años después de su muerte, recordó que la autopsia oficial que fue entregada a la familia en aquel entonces: “Hemorragia y rotura traumática del corazón”. En realidad, estaban cosidos a balazos. Más o menos al mismo tiempo que se oficiaba el funeral, en la otra punta de la península, en Málaga, se abría un parque para que las mascotas de la ciudad hagan sus necesidades sobre lo que resulta es que es una de las mayores fosas comunes del país. No por macabro deja de ser paradigmático. Resulta imposible abrir heridas cuando nunca se han cerrado. Es impresentable que la memoria histórica española dependa de la buena fe de los electricistas noruegos. 80 años después, es tiempo ya para dejar que los muertos puedan descansar en paz y empezar a reparar todos esos corazones que, como los de Vicenta, Milagros y Jesús, el fascismo destrozó.

 

 


Periodista