Contra cualquier estándar pedagógico medianamente racional, lo que ayer vivieron 40 alumnos del curso de Derecho Penal II del profesor Juan Pablo Mañalich en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es la manifestación concreta de una decisión política que durante todo este 2016 ha caracterizado a la gestión de un cuerpo académico -adherente al decano Davor Harasic- que ha puesto de relieve a la “excelencia académica” en desmedro de la construcción de una comunidad democrática sana y amistosa.

El primer semestre de este año fue particularmente complejo en la Escuela de Derecho. La aprobación de una polémica toma a principios de abril, en solidaridad con un grupo de estudiantes que sufrieron la arbitrariedad de un procedimiento irregular respecto a la eliminación de la carrera por motivos académicos, y la posterior paralización de actividades promovida por las discusiones que nuevamente alzaban al movimiento estudiantil como un agente crítico al sistema educacional y a la reforma impulsada por la Nueva Mayoría; terminaron por polarizar los ánimos en la comunidad de Pío Nono 1, entre los mismos estudiantes y entre éstos y los profesores.

Es en este contexto en que la autoridad institucional, de un lado de la vereda, ha impulsado sistemáticamente políticas represivas contra la manifestación y derechamente persecutoras contra los propios estudiantes: existe actualmente un procedimiento de sumarios contra los “responsables” de liderar la toma, por los “daños causados” al inmobiliario de la Facultad; así como también investigaciones pendientes contra integrantes de la mesa directiva del Centro de Estudiantes por organizar -contra el “mandato de la autoridad”- una fiesta en el patio de la Escuela. Sí, leyó bien, sumariados por organizar una fiesta.

Del otro lado de la vereda, las y los estudiantes, en su gran mayoría adherentes al proceso de movilización, han sufrido el castigo del cuerpo académico por las condiciones anómalas en que se ha debido enfrentar lo que resta de semestre, imperando la lógica de “asume las consecuencias de tus actos”. Rendición de pruebas y exámenes en un mismo día; evaluación de materias no vistas en clases (y ni siquiera dispuestas en algún material recomendado); y altas tasas de reprobación, han marcado la tónica del fin de este tortuoso período académico.

Muestra concreta de lo anterior es la reprobación masiva de la que fueron víctimas las y los estudiantes del curso de Derecho Penal II, impartido por el profesor Juan Pablo Mañalich. De 43 alumnos que rindieron el examen final del curso, sólo 7 lograron aprobar, dejando a los 36 restantes en un margen de notas que arroja un promedio general del curso de 2.7 (en escala de 1 a 7). Es decir, un 83% total de reprobación.

No existe motivo alguno, pedagógico, académico, ni mucho menos político, que pueda justificar la situación antes descrita. En el primer sentido, está de perogrullo: que un instrumento de evaluación arroje tan alto nivel de reprobación no es sino una muestra de que éste es extremadamente complejo o derechamente inentendible, por tanto imperfecto, o de que existió una corrección sin criterios conocidos por quienes rindieron el examen, es decir, en cualquier caso, es muestra de una deficiencia por parte del docente. En el segundo sentido, que pareciera ser lo más sorpresivo respecto a un profesor de la talla de Mañalich, doctor en Derecho de la Universidad de Bonn y probablemente uno de los académicos más destacados de la Facultad, precisamente esperamos que desde su formación exista un criterio razonable a la hora de determinar los criterios de evaluación y corrección de pruebas y exámenes, cuestión expresamente ausente en este caso y que al mismo tiempo da cuenta del profundo déficit que la Escuela actualmente tiene respecto a la formación de los académicos en términos de estrategias pedagógicas.

El tercer sentido, político, quizás es más sensible de abordar. Como se ha dicho hasta ahora, la polarización de la comunidad en la Escuela de Derecho ha terminado por enfrentar a estudiantes y profesores en un conflicto que no se veía tan latente desde el último proceso de movilización de 2009, que, casualmente, fue apoyado y promovido por el profesor Mañalich y otros varios académicos que actualmente trabajan en la administración del Decano Harasic.

Tras el regreso a clases después de la toma y el paro, el profesor Mañalich envió un mensaje a sus estudiantes haciendo un llamado expreso a cancelar el ramo (otorgada esa posibilidad en período extraordinaria), señalando que “dadas las lamentables circunstancias que han rodeado la marcha académica del semestre, puede ser conveniente que cada una y uno de Uds. considere muy seriamente la posibilidad de cancelar la asignatura”. Cuestión que lógicamente ofrecería de forma indirecta las condiciones a las que se iba a enfrentar el contingente de estudiantes que iba a decidir continuar con el curso (situación que además no es azarosa, pues la rendición del curso es obligatoria y su aplazamiento implica eventualmente el retraso en el avance de la malla), y que se confirma precisamente en el mensaje que el mismo profesor entregó a sus alumnos tras la publicación de las notas: “Los resultados finales del curso, en términos de las notas en definitiva obtenidas, han sido del todo insatisfactorios. A pesar de que les he dejado saber, oportunamente, que esto me parecía del todo previsible dada la muy irregular marcha académica del semestre en cuestión, debo decirles que el hecho de que el desenlace haya sido previsible no lo hace en absoluto menos ingrato o menos preocupante”. Termina de justificar su posición señalando que “espero genuinamente que las circunstancias sean distintas para lo que resta de sus estudios de pregrado, por el bien de Uds. y por el bien de la facultad, pero sobre todo por el bien de quienes podrán verse favorecidos, más adelante, por el rigor y la solvencia de su desempeño profesional, cualquiera sea su ámbito específico”.

De esta forma, se evidencia que la reprobación masiva obedece a una represalia injustificada contra los estudiantes por el hecho de la movilización. No se trata de pedir que el profesor aprobara sin mayor trámite a los estudiantes, sino sólo de que hubiera existido un criterio razonable a la hora de evaluar y enfrentar el fin del semestre. Muchos otros profesores y profesoras, en las mismas circunstancias, y tratándose de asignaturas que quizás implican una mayor exigencia para efectos del avance curricular, siguieron caminos absolutamente distintos para enfrentar la situación “anómala” del presente período académico, ofreciendo ayudantías, sesiones extraordinarias para complementar la materia no vista y/o entregando material necesario para suplir la falta de clases. La diferencia entre el primer y el segundo caso, entonces, implica una cuestión de voluntad política.

No es posible ni aceptable que en una universidad pública operen este tipo de criterios de amedrentamiento y represión contra sus propios estudiantes. Si se trata de construir un perfil profesional que sea capaz de enfrentar las necesidades de las personas y aportar conocimiento a la sociedad en general, el camino no es la reprobación de un examen con criterios arbitrarios. Si se trata de posicionar académicamente a la Facultad de Derecho, y recuperar su “tradición”, entonces discutamos la confección de la malla curricular, las deficiencias del pregrado en general y la falta de una hoja de ruta que determine el perfil del egresado. Es en esas circunstancias en las que tiene sentido la discusión política, y no en otro.


Javier Gallegos Gambino

Director, LEASUR ONG