Tras la aprobación en general -por tres votos a favor y dos en contra-, en la comisión de Salud del proyecto que regula la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, la Nueva Mayoría celebró lo que han denominado “uno de los avances más emblemáticos” de su programa de Gobierno.

No hay que desconocer que el proyecto refleja un pequeño avance en materia de Derechos Humanos y un gesto en miras de deshacer uno de los más terribles legados de la Dictadura de Pinochet, que ha condenado -hasta la actualidad- a miles de mujeres y niñas por casi tres décadas de prohibición y punitivismo, exponiéndolas a situaciones de vulnerabilidad, riesgo a su salud y sufrimiento físico y psicológico.

Sin embargo, la iniciativa es a todas luces insuficiente. La atención de éste se centra en el feto, dejando a la mujer relegada a un rol secundario en materia de decisiones y derechos. A pesar de las justificaciones del proyecto, entre las que se menciona que “los derechos de las mujeres y su autonomía están en el centro de la propuesta”, otorga a los médicos la última palabra para evaluar la pertinencia de un aborto, despojando a la mujer de la necesaria autonomía sobre sí misma, vulnerado su derecho a decidir, el cual debiese ser considerado de manera amplia y autónoma, comprendiendo a la mujer como sujeto de pleno de derecho, no como una ciudadana de segunda clase.

La situación actual en la sociedad chilena

A contracorriente de las resoluciones de las conferencias de los órganos internacionales de los Derechos Humanos, Chile es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe en que no se permite el aborto en ninguna circunstancia, junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Todos estos años de negligencia, cerrando posibilidades seguras para miles de mujeres que acuden por desesperación a métodos riesgosos, muchas veces clandestinos de aborto, lo que devela a un Estado que maneja un doble discurso y que permanece indolente frente a las urgentes demandas por derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Según el Informe anual sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2013), en nuestro país se producen al menos 70.000 abortos al año, una parte importante de ellos corresponden a casos de mujeres con bajos recursos económicos, intervenciones clandestinas que, en la mayoría de los casos, son realizadas por personas que no tienen competencia técnica, no cuentan con la infraestructura, ni los materiales adecuados, tampoco se responsabilizan por las complicaciones derivadas.

A ello, se suma el riesgo de orden psicológico: la imposibilidad de hablar sobre la experiencia del aborto dificulta su elaboración en términos psíquicos, pues muchas veces las mujeres enfrentan el proceso de aborto en la soledad y en el abandono. Por otra parte, muchas de ellas se someten a estos procedimientos, a pesar de que son considerados un delito. En Chile el aborto es la tercera causa de mortalidad materna, según información del Ministerio de Salud. Un 17% de las muertes maternas se produce por interrupciones del embarazo de manera clandestina, no obstante, sólo un 3% de los casos totales de aborto son vinculados a las 3 causales que se pretende despenalizar, con lo que la prohibición absoluta del aborto ha significado en definitiva, una discriminación de dolorosas consecuencias en contra de las mujeres.

Desafíos

Sin duda queda mucho por hacer en materia de derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, la discusión de estos derechos no debería orientarse a la realización de concesiones hacia las franjas más conservadoras, machistas y católicas del país, tónica que ha marcado la discusión de la ley de aborto en tres causales. La prioridad del debate y las propuestas deben estar en el respeto a la voluntad máxima de la mujer, tomando en cuenta su dignidad, jamás cuestionando su posibilidad de decidir o juzgando su libertad sexual.

La falta de urgencia en el debate legislativo por la iniciativa de la Nueva Mayoría devela la falta de voluntad de este Gobierno para subsanar la gran deuda en torno a los Derechos Sociales y Humanos. En este sentido, queda en evidencia como Michelle Bachelet, pese a haber presidido el consejo de la ONU Mujeres, no ha demostrado una postura coherente con la lucha por los derechos de las mujeres en Chile, razones de sobra para estimar que su Gobierno no representa ninguna amenaza real a las estructuras patriarcales cimentadas en el país.

Frente a la desidia e inexplicable demora para poner la discusión sobre la mesa, las mujeres más vulnerables de nuestro país seguirán siendo empujadas a buscar métodos inseguros y clandestinos, y en caso de salir algo mal, sufriendo el miedo de asistir a un centro hospitalario, incluso cuando el temor de no hacerlo puede significarles graves consecuencias para su salud o incluso la muerte.

Es por ello que creemos firmemente que el aborto debe ser tratado como un tema de salud pública, no centralizado en el orden moral o filosófico, en que el discurso de la familia tradicional -teniendo como eje la maternidad obligada– impera. Es deber de la sociedad chilena y como mujeres dueñas de nuestros cuerpos, luchar por llevar esta temática al plano político, despojándolo de sentimentalismos y moralinas. Es prioritario conseguir una ley de aborto sin peros, ni comas, que garantice seguridad y gratuidad y por sobretodo una vida digna para todas las mujeres chilenas.


Área de Género Fundación Crea