“El proyecto de educación superior, lejos de establecer controles de los recursos públicos, lo que hace es quitarlos”. Con esas palabras criticó Jorge Bermúdez, el contralor general de la República a la reforma de educación superior, en un seminario realizado en la Universidad de Santiago, según informó La Tercera.

Recalcando que la misión de la Contraloría es cuidar el uso correcto de los recursos públicos, aseguró que es necesario conocer como se gastan estos fondos.

Este año el Estado financió a la educación superior con US$ 2.500 millones. De esa cifra, un porcentaje va a instituciones estatales y otro importante a planteles privados. ““la mayor parte va a otras instituciones que hasta ahora se entienden como privadas”, dijo Bermúdez. Por esto, remarcó, “como Contraloría estamos convencidos de que donde está la plata tiene que estar la revisión y la rendición de cuentas, independientemente de la forma jurídica”, afirmó Bermúdez

Luego de la implementación de la gratuidad, “la universidad que más recursos públicos recibió no fue estatal, ni siquiera una del Consejo de Rectores (Cruch). Ante esto, la pregunta que uno se hace es ¿puede ser que esa plata no tenga ningún control, que se entregue como una especie de cheque en blanco? La respuesta es no”, profundizó el contralor.

La opinión de las autoridades frente a la Fiscalización

El vicerrector de la U. Católica Silva Henríquez, que adscribió este año a la gratuidad, afirma que la fiscalización “ayuda a la transparencia  de los procesos y a disipar cualquier duda frente a posibilidades de lucro”.Por lo mismo, asegura que no existen problemas frente a que la Contraloría fiscalice la forma en que se invierten los recursos estatales.

En la misma línea se pronunció Ricardo Carbone, director de Aprendizaje Institucional de la U. Alberto Hurtado. Para él, es fundamental que los organismos que correspondan – pueden ser Contraloría o la super intendencia – tengan en el futuro la autoridad para supervisar los gastos.

Más reacio se mostró el Rector de la U. Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán. Pese a que señala que la supervisión y la rendición de cuentas son necesarios, sostuvo que es indispensable que las instituciones no pierdan su autonomía. “El poder que caiga sobre la Contraloría no sea absoluto, si es así, a la larga impedirá el desarrollo autónomo de las instituciones”, señaló, pues considera que no debe quitarle a la universidad la capacidad de tomar decisiones. “La Contraloría se está volviendo como un cuarto poder del Estado en este contexto, por lo que se vuelve complejo trabajar de esa manera”, señaló.

Frente a ese tema, Carbone añadió que Contraloría debe fiscalizar  y sancionar las prácticas no permitidas, respetando la autonomía. “El desafío que la reforma tiene enfrente y que como sistema tenemos es compatibilizar la transparencia con la autonomía”, finalizó Carbone.