El miércoles 28 se cerró, por segunda vez, el plazo de investigación en el caso Luchsinger Mackay. La Fiscalía de Temuco tiene ahora un plazo de diez días para presentar la acusación contra los 11 imputados por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte y luego dar paso a la preparación del juicio oral. Sin embargo, al igual que en la antesala del último cierre de investigación en agosto, los defensores legales de los imputados enfrentan cuestionamientos y acusaciones públicas del ministerio público de la Región de La Araucanía, encabezado por el fiscal regional Cristián Paredes con Alberto Chiffelle a cargo de esta causa particular.

Si en agosto quien enfrentó a Chiffelle fue la abogada Manuela Royo, quien resultó desvinculada de la Defensoría Penal Pública, esta vez son los defensores del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), quienes representan al imputado Luis Tralcal. Y si el mes pasado la estrategia pública fue acusar un clima de hostilidad contra la Fiscalía, esta vez el fiscal regional Paredes ha ido más allá. La semana pasada los abogados Sebastián Saavedra y Karina Riquelme presentaron un recurso de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del general de zona de Carabineros Christian Franzani producto de repetidos seguimientos por parte de funcionarios de carabineros.

Allí se acusa que estas actuaciones han restringido la libertad personal de Riquelme y Saavedra, quienes en al menos seis ocasiones han constatado con testigos y fotografías que son seguidos y registrados con cámaras por Carabineros, de civil o uniforme. Así, incluso pudieron registrar la patente del auto que los seguía, un Nissan modelo Terrano que resultó ser de propiedad de la Dirección Logística de Carabineros. De esto incluso fue testigo presencial el destacado abogado de derechos humanos José Aylwin.

Sin embargo, el día de ayer el Fiscal Paredes contraatacó, respondiendo a la Corte de Apelaciones con un informe en que señala que simplemente se trataba de indagatorias de rigor por dos causas judiciales. Las dos son de fuentes anónimas, en las que el testigo de oídas es un oficial -tampoco identificado- de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI de Temuco, acusando a los abogados defensores de buscar testimonios en contra del fiscal Chifelle, a quien distintos actores han acusado públicamente de racismo.

En el informe de la Fiscalía se explica que “una persona cuya identidad se mantiene en reserva le manifestó a funcionarios de dicha unidad policial que la abogado Karina Riquelme le habría manifestado en una conversación que se encontraba recabando información y antecedentes para perjudicar al fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle”. En el segundo apartado se señala que habría otro testimonio anónimo de una mujer miembro de una comunidad, la que habría comentado en reserva a funcionarios de la PDI que “los abogados que la han visitado le han ofrecido la suma de diez millones de pesos para que declare contra los funcionarios policiales”.

La información anónima no se quedó en los juzgados: el día de hoy fue profusamente difundida a través de los medios de comunicación El Mercurio y El Austral de Temuco, quienes sin consultar a los abogados respecto a su versión publicaron las sospechas de la Fiscalía bajo el título “Indagan supuestos pagos para obtener testimonios contra la policía en caso Luchsinger”, explicando en segundo plano que al respecto no hay formalizados.

Para Javier Jara Moller, abogado de Riquelme y Saavedra en el recurso de amparo, “la fiscalía tiene que aclararse respecto a cuál es su función. ¿Está para investigar rumores que remotamente podrían conducir algún tipo de delito que no especifican? ¿Es válido iniciar una investigación con dos personas indeterminadas que dan un antecedente vago de supuestas conductas de mis colegas Karina Riquelme y Sebastián Saavedra? La fiscalía debería abstenerse de investigar cosas que no son delitos, como que una persona busque testimonios”.

Consultado por El Desconcierto respecto a la información anónima de pagos de hasta diez millones de pesos por testimonios contra la policía, Jara expresó tajantemente que “Eso es completamente erróneo. El mismo informe de la Fiscalía dice “una persona indeterminada”, qué es eso, una persona x que no tiene nombre ni apellido. Perdóname, pero las denuncias deben ser serias y más aún si enlodan el prestigio profesional, más aún si las difunde quien se enfrenta a esos abogados en la corte”, criticó.

Según pudo constatar este medio, la versión del informe enviado por el fiscal regional Cristian Paredes a la Corte, además, se contradice con los informes enviados por Carabineros de Chile y la Agencia Nacional de Inteligencia. En ellos el general Franzani descarta la participación de funcionarios a su cargo en investigación alguna dirigida contra Riquelme y Saavedra, señalando que la presencia de Carabineros alrededor de los tribunales en Temuco es usual cuando hay audiencias de impacto público. La ANI, en tanto, también descartó orden de seguimiento alguna.

“Aquí hay dos personas que han sido hostigadas, seguidas, fotografiadas, y ambos son abogados en una causa, se pueden sacar miles de conclusiones. Lo que yo creo es en hechos objetivos y estos son que tanto Carabineros como la PDI han dicho que ellos no han ejecutado esas acciones, pero hay pruebas que adjuntamos en el recurso de amparo donde se puede observar que hay funcionarios policiales sacando fotografías y siguiendo. ¿Por qué la Fiscalía dice que están investigando y Carabineros y la PDI dicen que no? Me parece a mi que esto excede las atribuciones que tiene el Ministerio Público para hacer su trabajo. Eventualmente la Corte Suprema se tendrá que pronunciar en ese sentido”, augura el abogado Javier Jara.

La Corte de Apelaciones, en tanto, deberá resolver en corto plazo a favor o en contra de los abogados defensores, quienes además están a la espera de que su defendido Luis Tralcal sea formalizado.