A diferencia de países como Argentina o España, que los prohibieron, el gobierno chileno apostará por resolver legalmente los conflictos que traen los servicios de transporte Uber y Cabify. Según informó esta mañana El Mercurio, el ejecutivo enviará la próxima semana un proyecto de ley para regular los servicios. 

La propuesta, que proviene desde el Ministerio de Transportes, busca regular a Uber y Cabify y orientarlo a un nicho de personas con mayores recursos. Esto, ya que se exigirá a todos los conductores de Uber y Cabify poseer licencia de conducir profesional tipo A (tras dos años de licencia B). De acuerdo a Emol, esto era resistido por Uber porque creaba barreras de entrada para que más usuarios se unieran al servicio como choferes.

Otra condición que creará la normativa será un registro de antecedentes, para evitar que presten servicios quienes tienen antecedentes penales o hayan sido condenados por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, el proyecto de ley contempla exigir a Uber y Cabify cumplir con altos estándares en la calidad de los autos.

Una de las mayores regulaciones consistirá en fijar mecanismos de precio, añadiendo un cobro adicional por kilómetro recorrido y eliminar el pago en efectivo. Según consigna Emol, esto se justifica en la medida de que cumple con el fin de orientar las aplicaciones a un mercado más “VIP”, que utiliza tarjeta de crédito, para proteger también el taxi tradicional.

Luis Reyes, presidente de la Confederación Nacional de Taxistas, aceptó la idea de limitar a Uber y Cabify a un nicho pese a que lo que ellos pretendían era que las autoridades ilegalizaran los servicios. “No es lo que hubiésemos querido. Nuestra aspiración es que los saquen de circulación, pero con vehículos sobre 20 millones de pesos, donde cobren por kilómetro recorrido, no nos complica tanto”, declaró.