Cuatro aprendizajes para las fuerzas políticas emergentes

“Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa”

(Proverbio chino)

Que un diputado acuse a una empresa de ejercer lobby a favor de sus intereses es noticia en sí mismo. Si además se trata de un diputado que se define como liberal (en el sentido norteamericano del término), que tiene menos de 30 años y que representa a una región extrema del país los titulares están asegurados. Fue lo que ocurrió en agosto de 2014 cuando Vlado Mirosevic dijo en una entrevista que perdió la inocencia la tarde en que se votaba una ley que promovía el uso del software libre. El diputado afirmaba que «Microsoft nos violó», porque un proyecto presentado en la Comisión de Tecnología que contaba con los votos para ser aprobado fue rechazado después que representantes de una empresa de software se reuniera con diversos parlamentarios para hacerlos cambiar de opinión. Así, el diputado se dio cuenta de lo que el lobby empresarial era capaz de hacer dentro del poder legislativo.

Al igual que Mirosevic, Giorgio Jackson y Gabriel Boric también han debido pagar el precio que el establishment les ha cobrado. Con seguridad las bofetadas de realidad les habrán hecho reaccionar y modificar sus estrategias para conseguir éxitos, para mantenerse en la senda de la coherencia con sus respectivos proyectos colectivos. La reflexión que planteamos se instala acá. ¿Cómo trasladar esos aprendizajes de modo de fortalecer los movimientos políticos que representan?

El poder no está en las personas, sino que en las relaciones que se establecen entre ellas. Por lo tanto, el primero de los aprendizajes tiene como consecuencia conseguir una adecuada institucionalización de esas relaciones. Sin embargo, para impugnar al modelo social dominante no sirve cualquier tipo de institución partidista, sino sólo aquella que sea coherente con discursos de cambio profundo de éste.

No se trata de debatir si el partido debe ser de cuadros o de masas. Se trata de desarrollar una orgánica de movimiento-partido centrada en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y que funcione precisamente gracias a que participa mucha gente. Esta idea ya de por sí está en oposición a las concepciones liberal-conservadoras sobre la democracia de los partidos tradicionales —comunes tanto a la “centro-izquierda” como a la derecha—, las cuales señalan que las estructuras funcionan sólo cuando participa poca gente, y en todo caso a pesar de que la participación pudiese ser masiva. No es extraño entonces que ante la nueva ley electoral estos partidos defendieran el no reinscribir a sus militantes. Así, para que las nuevas formaciones políticas consoliden una institucionalidad basada en atender a las necesidades sociales de la gente corriente, deben evitar utilizar a los partidos tradicionales como referencia; ni siquiera sus espacios juveniles se libran de los vicios de sus mayores, pues la juventud en sí misma no es una virtud para promover el cambio político.

El progreso de estas formaciones políticas irá de la mano con el despliegue democrático interno de sus estructuras organizacionales. Si esto no ocurre, sus líderes pagarán en poco tiempo más los costos al ser sancionados en las urnas. Más grave aún es el hecho de que el propio proyecto político será puesto en entredicho y sufrirá su primera derrota incluso antes de enfrentar la primera batalla electoral: la decepción de sus nuevos militantes.

Entonces ¿cuál es la alternativa? La respuesta no tiene dos lecturas: rompiendo con el pasado y recorriendo un nuevo camino, aunque aprendiendo de la historia. Si su propósito es velar por el bien común, la orgánica institucional de un nuevo partido político debe mantener un ojo permanente sobre aquello que se encuentra fuera de su ámbito de acción inmediata. Esto quiere decir que la orgánica debe ser flexible a los cambios y no ensimismarse en sus debates internos. En consecuencia, las instancias administrativas del partido (su directiva, sus estatutos, su Tribunal Calificador de Elecciones, su Tribunal Supremo, etc.) deben estar orientadas hacia la idea de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía –de la cual forma parte, pero eso a veces se olvida cuando la política interna absorbe todo el quehacer partidario.

El punto anterior concierne a tratar de evitar que la propia institucionalidad del partido se convierta en un obstáculo para sus propios objetivos, situación que es tan vieja como la política misma. Baste recordar que, por ejemplo, hace más de un siglo el sociólogo Robert Michels analizó el fenómeno y llegó a una conclusión pesimista: después de estudiar el funcionamiento interno del Partido Socialdemócrata alemán (considerado un ejemplo de democratización social durante el II Reich), Michels concluyó que las lógicas inherentes a toda estructura organizativa crean por sí mismas una élite que controla la información interna y con ello el poder de ésta. Es lo que llamó la «ley de hierro de la oligarquía».

Recogiendo estas advertencias, propondremos cuatro principios que cualquier estructura política debería atender si está interesado en minimizar los vicios institucionales y responder a sus obligaciones con la ciudadanía.

Primero, que el salario recibido por los cargos representativos no crezca de manera tal que éste constituya una brecha insalvable entre representantes y representados, como ocurre actualmente con los salarios de los parlamentarios del Congreso Nacional. Esto vale tanto para los cargos internos como en los eventuales cargos en el Estado que se obtengan merced el voto popular. A la política nadie debe llegar motivado meramente por lo atractivo de sus sueldos, sino por el espacio que otorga para llevar a cabo un determinado proyecto político. Así, un reglamento interno debería limitar los ingresos, aun cuando la legislación vigente se ocupe del problema; el hecho de que la Constitución regule los salarios de los parlamentarios –al estipular que “es equivalente al de un Ministro de Estado”– bien sabemos que no es suficiente. La regulación salarial permite además que las autoridades electas vivan de modo similar a la mayor parte de la población y no en el mundo paralelo de los ricos.

Segundo, limitar la permanencia en el poder. Para mantener la vigencia del movimiento colectivo éste se debe situar por sobre el carisma de sus líderes. Para ello es fundamental proteger la renovación de los dirigentes y representantes, de modo de evitar la acumulación ilimitada de poder. De esta manera los representantes regresarán a sus actividades fuera de la política una vez finalizado su mandato, y así los representados (militantes de base) siempre tendrán la posibilidad de convertirse en representantes (dirigentes del partido). Este principio también es tan antiguo como la política misma, pero al parecer también nos olvidamos frecuentemente de él: los atenienses del siglo V a.C. hacían uso del sorteo como mecanismo que impedía a cualquier ciudadano acumular un poder tal que amenazara la existencia del sistema democrático. Limitar la reelección de los cargos públicos bloquea la posibilidad de que los líderes se transformen en caudillos.

Tercero, la posibilidad de que los cargos electos estén sujetos a revocación. De esta forma se evita que los representantes dispongan de un «cheque en blanco», pues estarán bajo permanente fiscalización de sus bases sociales. Existen países en donde esto ocurre a nivel parlamentario: un representante puede ser removido de sus funciones si un grupo de ciudadanos reúne una cantidad de firmas suficiente para provocar una suspensión en el cargo. Las prácticas democráticas no se pueden limitar a sufragios universales para escoger representantes cada 4 años.

Por último, utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Si bien el aspecto tecnológico no reemplaza a los canales acostumbrados, sí permite ampliar los límites institucionales. Una organización política que utilice la tecnología como vehículo del cambio social entiende que la participación ciudadana no se agota en el muro de Facebook ni en el botón de «like», sino que se aproxima a la tecnología como una herramienta que extiende el acceso a discusiones y decisiones políticas cara a cara (ejemplos son Appgree o Loomio). Adoptar estas tecnologías no solo permite adaptarse a las necesidades de los ciudadanos que participan del movimiento, sino que da cabida a que los saberes individuales aporten al desarrollo colectivo. Con todo, las herramientas digitales son sólo eso: herramientas. No reemplazan instancias democráticas de valor cívico como el voto en urna, y además existe el problema de que el uso de tecnologías de la información puede alejar de la política a aquellos que no se manejan en ella. Pero no habrá una democracia significativa en el siglo XXI si no se le da cabida a las posibilidades que la tecnología abre a la participación.

Por todo lo anterior, decimos que si las visiones políticas de los nuevos referentes se adentran acríticamente por las mismas sendas que han recorrido las viejas tradiciones, no tardarán en ser devoradas por los mismos vicios que cuestionan.