-La Asamblea Nacional de Venezuela sesionó un “juicio político” a Nicolás Maduro, esto luego de que se diera a conocer que el Consejo Nacional Electoral suspendería hasta nuevo aviso el referéndum revocatorio. A su parecer, ¿cómo influye esta medida en la garantía de la representación de las mayorías?
Me parece verdaderamente grave que, nuevamente, un parlamento latinoamericano amenace con destituir a un Presidente que fue democráticamente electo por mayoría de los votos del pueblo de ese país, sobre todo cuando el gobierno ha anunciado apertura de diálogo. Más allá de cualquier dificultad política que pueda presentar Venezuela, a propósito de la enorme polarización que hoy conocemos, no es correspondiente a un Estado democrático que representantes del pueblo amenacen con desconocer la voluntad del pueblo y anuncien una especie de “golpe blanco”, que ya hemos visto en otros países de América Latina.
Si bien esto surge a partir de la suspensión del referendo que se venía impulsando por la oposición, el Consejo Nacional Electoral -entidad que me tocó conocer de cerca cuando fui observadora de las últimas elecciones parlamentarias en Venezuela- es un organismo autónomo que no se maneja en coordinación con el Ejecutivo. Una muestra de ello es la reciente elección parlamentaria, que dio el triunfo a la oposición. Por ello, esperaría que el diálogo sea la manera de resolver cualquier diferencia, creo que ningún demócrata estará de acuerdo con amenazas de rupturas democráticas.

-En las recientes elecciones municipales chilenas se produjo un importante “error” que involucró al organismo electoral, Servel, que dejó a más de 500 mil personas sin posibilidad de votar en el distrito en el que se inscribieron. Considerando lo crítico que ha sido el gobierno chileno con su símil venezolano, ¿cómo cree que hubiese reaccionado si el problema del padrón electoral lo hubiese tenido Venezuela?
Es una pregunta interesante que creo muchos nos hacemos por estos días y que ilustra cuán ideológico es el ejercicio político comunicacional en el ámbito internacional. Yo me pregunto por qué las recientes problemáticas que ha tenido el Servel con el padrón electoral no concitaron tanta preocupación internacional, latinoamericana o de la misma OEA, como sí concita cualquier decisión del Consejo Electoral venezolano. De hecho, en un ejercicio de intervencionismo inusitado, entiendo que varios parlamentarios venezolanos ya han anunciado que se pretende destituir al Presidente en la próxima sesión y que solicitarán a la OEA que el Secretario General utilice la carta democrática contra este país. Y nadie dice nada. A mí me preocupa este nivel de intervencionismo a una democracia -que nos podrá gustar más o menos, pero que es una democracia con autoridades electas por medio del voto- y que exista un silencio total. A mi juicio, más que una preocupación por la democracia, esto parece un interés ideológico hegemonizante que busca copar las acciones internacionales e intervenir en el derecho de un pueblo a definir su destino político.

-Bueno, pero el canciller de Chile no piensa igual. De hecho, luego de que se diera a conocer la suspensión del referendo revocatorio junto a las cancillerías de otros gobiernos latinoamericanos, expresó su rechazo, argumentando que la decisión “afectaba la posibilidad de establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que permitiera una salida pacífica a la ‘crítica’ situación”.
La verdad es que esta carta justamente ilustra ese afán intervencionista, que me parece tanto daña la estabilidad de América Latina y que, por cierto, afecta el legítimo derecho de resolución de los pueblos. Es impresentable que se “decrete” el fin del diálogo en un país porque un organismo autónomo toma una medida u otra. Es como que si de afuera nos dijeran qué debe hacer el Servel con la situación del padrón electoral y cómo deben reaccionar las fuerzas políticas a eso. Creo que no corresponde, es una intervención política y sin duda se transforma en un insumo para los medios de comunicación, transnacionales y hegemónicos que muchas veces –cuando determinados gobiernos les incomodan- buscan sustentar posturas ideológicas golpistas. Lamento que el canciller se hiciera parte de aquello. Deberíamos tener cuidado, sobre todo si consideramos que Chile ya cometió un error durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde fuimos uno de los pocos países que reconoció como legítimo el golpe de Estado que intentó derrocar al gobierno de Chávez el 2000.

-En septiembre, el Colegio de Periodistas de Chile se refirió a la situación del empresario Braulio Jatar, quien fue detenido en Venezuela. ¿No es contradictoria aquella declaración con lo que usted como presidenta de ese gremio está señalando?
Nada tiene de contradictorio lo que señalo aquí con la declaración del Colegio de Periodistas en relación al abogado y empresario Braulio Jatar. Hay que decir, primero, que me toca dirigir un gremio que es diverso y que integra muchas opiniones. Siempre en esta pluralidad de perspectivas estará la preocupación de que cualquier connacional o persona que tenga documentación chilena tenga un legítimo proceso de investigación de eventuales delitos. Creemos en la presunción de inocencia, lo hemos dicho siempre, y propugnamos que aquello se respete hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, y tal como señala esa declaración, entendemos que el señor Jatar no está siendo investigado penalmente por culpas asociadas a la libertad de expresión, sino por delitos más complejos. Pero, a propósito de la preocupación de varios colegas, en esa declaración manifestamos que estaremos atentos a la situación de este connacional, pero no es más que eso. No es una declaración favorable ni adversa. Entendemos que el proceso de Venezuela es de ellos, siempre respetaremos la democracia y cuando una persona se determine como culpable de delitos seremos los primeros en exigir que cumpla con su sentencia.

-Teniendo en cuenta esta situación, ¿considera que actualmente Venezuela es un país garantiza la libertad de expresión?
Me ha tocado conocer muy de cerca Venezuela y las importantes virtudes que ha tenido el proceso de construcción de la República Bolivariana. Creo que con todas sus dificultades y/o equívocos, como los de cualquier proceso, ha tenido un enorme avance en materias de participación y libertad, especialmente para los sectores más desposeídos. Aquellos sectores más humildes, esos que nunca antes habían participado, que viven en los cerros de la ciudad de Caracas o en situaciones vulnerables en las distintas regiones del país. Una de las maneras de participación, además de los consejos comunales y de las distintas políticas sociales que existen, ha sido la existencia de una importante red de medios sociales y comunitarios. Evidentemente estos también se han visto expuestos al nivel de polarización que existe, en medio de un proceso donde hay opiniones profundamente distintas, porque se están jugando cambios importantes.
Entonces siendo la libertad de expresión un derecho amplio, me parece muy positiva la experiencia venezolana en el fortalecimiento de tercer sector de las comunicaciones, ese comunitario y social. A ello hay que agregar que existen medios públicos fuertes y decenas de medios privados que exponen líneas editoriales críticas al Ejecutivo cada día. Me parece que es claro que existe libertad de expresarse para todas esas posturas.