Hace algunas semanas, Fernando Ramírez Morales, académico desvinculado del Departamento de Historia de la Universidad de Chile tras un sumario administrativo que lo encontró culpable de acoso psicológico y abuso de poder, presentó una querella contra cuatro estudiantes que se atrevieron a denunciarlo. En una reciente entrevista con el diario La Segunda, además de explicar los detalles del oficio presentado a la Contraloría de la República donde aduce injurias con publicidad en medio de las acusaciones de acoso en su contra, intenta desmentir los hechos señalando que “la fiscal Pamela Chávez reconoció que era feminista” y que el proceso representa un fenómeno de persecución política. Ramírez, quien todavía trabaja con una decena de niñas en el colegio Sagrados Corazones Monjas Inglesas[1], declaró al medio de la familia Edwards: “el Campus Gómez Millas es lo más parecido a Siria. Los profesores vivimos con miedo. Debo ser el único profesor que no es de izquierda. Y si no eres marxista, eres un fascista. De hecho, me dicen ‘el facho Ramírez’, porque me sindican como colaborador de la dictadura por declarar en un sumario en el 78” [2].

Frente a esta situación, es fundamental que seamos claros: la acción judicial interpuesta por Ramírez sigue en proceso, pero el fallo del sumario en su contra terminó con su destitución y la prohibición de ejercer en cargos públicos por cinco años. Además, la Universidad de Chile y, particularmente, su Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género ha apoyado a las estudiantes acusadas, y su defensa ha sido asumida por el decano de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, Davor Harasic. Paralelamente, miles de mujeres y hombres han demostrado su apoyo a las compañeras y han seguido de cerca el proceso. Pero hagamos un breve alto: aprovechando que el propio implicado ha vuelto a señalar los “mitos” que se han creado en torno a su figura, entonces aclaremos algunas situaciones, para bien de nuestra propia memoria histórica y de la verdad silenciada por tantos años en los pasillos de la Universidad.

Se ha dicho que Ramírez fue un reconocido delator (un “sapo”) en los años más crudos de la dictadura. Incluso el propio Fernando Ramírez, durante su trayectoria como profesor, se desligó varias veces en público de estos rumores indicando que, en realidad, quien cumplió dicha labor fue Eduardo Ramírez, y que las acusaciones en su contra sólo eran fruto de una confusión de nombres. También se dijo que los sumarios administrativos no existían, a pesar de que fueron revelados parcialmente el año 2013 -con motivo de la conmemoración de los cuarenta años del Golpe de Estado- en el libro “Las Huellas de un Acecho. Ensayos, reflexiones, relatos y documentos sobre la intervención militar en la Universidad de Chile”[3].

Hoy, y como parte de una desesperada defensa, Ramírez ha aceptado su participación en un sumario realizado en 1978, pero señalando que declaró en este proceso sin ninguna intención política. Sin embargo, al momento de realizar un acucioso trabajo de archivo y examinar el sumario administrativo del año referido, es posible confirmar que Fernando Ramírez Morales, cuando cursaba el noveno semestre de Pedagogía en Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas, tenía plena conciencia del ejercicio delator que estaba realizando contra sus compañeros de universidad. En éste, Gonzalo Duarte Leiva, Waldo Guzmán Banda, José Hidalgo Zamora, Juan Claudio Reyes Saldías, Juan Carlos Rozas Rodríguez, Eduardo Medina Hernández, Alejandro Padilla Sanhueza, Rodolfo Fortunatti Molina, María Velázquez Palma y Carlos Onofre Valdebenito Donoso son acusados de participar en actividades no autorizadas los días 8 y 11 de septiembre al interior del Campus Macul. Se dice que éstas tuvieron un marcado carácter político, agravadas además -el día 11 de septiembre- por entonar el himno nacional e izar la bandera chilena.

Todos los estudiantes señalados fueron sometidos a proceso, y el sumario concluyó con la expulsión de Reyes, la cancelación de matrícula de Rozas, la “suspensión de toda actividad universitaria por un semestre” de Guzmán, Padilla, Medina, Fortunatti, Hidalgo, Blasquez y Duarte, y la “suspensión de toda actividad universitaria por treinta días” de Onofre. No obstante, este proceso, así como sus sanciones, se sostuvieron, como consta en el texto consultado, sólo en dos declaraciones: las de la -impuesta- Decana de la Facultad de Educación, Lucía Izoard; y la de Fernando Ramírez Morales. Como señalará en la apelación de Gonzalo Duarte el Jefe de la Dirección Jurídica de la Universidad, Julio Salas Romo, “todo el resto de los declarantes [incluyendo a Cecilia Magni, quien ese año se encontraba cursando el cuarto año de sociología en la Universidad de Chile], sostienen que la reunión del día 8 de septiembre tuvo un cariz netamente estudiantil y que el contenido político solo vino a aflorar el 11 de ese mes”[4]. De hecho, el propio Duarte indica que Ramírez habría mantenido constantemente una actitud “deseosa de determinar culpabilidades, con un marcado interés político partidista en sus declaraciones”[5]. Éste, además, es indicado por diversos estudiantes de la época como el más ávido informante de la dictadura en comparación con otros estudiantes que se prestaban para declarar en contra de sus compañeros. Su diferencia radica principalmente en la caracterización política y en la plena identificación que mantiene del resto de la comunidad universitaria a la hora de delatar.

Analizando detalladamente el documento también es posible darse cuenta que la declaración de Ramírez no responde a la entrevista estándar realizada al resto de los testigos que participan del proceso. Tras la sugerencia del propio Ramírez, el entonces estudiante realiza un pormenorizado informe de los hechos, detallando cronológicamente los hechos que habrían ocurrido ambos días. En la primera parte del informe no sólo ratifica su constante trabajo junto a Eduardo Ramírez Sánchez, sino que señala incisivamente a Miguel Ángel Salazar como líder del movimiento, a quien dice “conocer perfectamente” por su desempeño como presidente de la FESES el año 1973[6]. Además, en uno de los párrafos deja clara su propia función, cuando declara:

Nos pusimos a su lado con la intención de identificar a la mayor cantidad de participantes. Salazar, en su discurso, pedía mayor participación democrática en la Universidad. Decía que el sistema de dictadura dentro de la Universidad no podía seguir, afirmando al mismo tiempo que los estudiantes debían unirse para elegir libremente los Centros de Alumnos. Su discurso duró aproximadamente 10 minutos[7].

Posteriormente, Fernando Ramírez realiza una descripción detallada de quienes apunta como activistas de la reunión, realizando un perfil pormenorizado donde incluía las militancias de cada uno de los señalados (DC, PC y MIR) y su participación en diversos espacios sociales. En su declaración acusaba, además, que éstos gritaban y entonaban gritos en contra de Pinochet y los militares en el poder, y llegó a señalar que un estudiante apodado “Guayacán”, de apellido Hidalgo, vociferó la existencia de una bomba, comprometiéndose a entregar a la Fiscalía la identidad exacta del acusado. No bastando con esto, Ramírez indica que habría visto participando, fuera de la Universidad, a Juan Claudio Reyes en “los incidentes de los días 2 y 3 de enero del presente año, en el Paseo Ahumada, a raíz de la consulta nacional”[8], lo que demuestra su accionar en diversos momentos y espacios.

Tres años después del sumario que aquí hemos reseñado, Fernando Ramírez Morales fue contratado como profesor de la Universidad de Chile (1981), puesto que mantuvo durante 35 años. Hoy, y en medio de su propia defensa, Ramírez ha dicho que quiere que se borre la tacha que pusieron sobre su nombre. Nosotros, por el contrario, somos enfáticos: en medio de la campaña contra los femicidios y la violencia de género, las acciones por las que fue sancionado Ramírez no pueden quedar en la impunidad. De la misma forma, y a más de cuarenta años del Golpe de Estado, es también labor de nuestra generación dar a conocer los nombres de todos y cada uno de los colaboradores de la dictadura. Esa, creemos, es la única manera de aportar una pequeña cuota de verdad y de justicia tras tanto tiempo de complicidad y de silencio. Esa es, finalmente, nuestra propia manera de gritar conjuntamente: ¡Para que nunca más!

 

[1] De hecho, según la propia página de la institución, se realizaron tres salidas a terreno dirigidas por Fernando Ramírez Morales, los días viernes 30 de septiembre, 14 de octubre y 21 de octubre.

[2] “Destituido profesor de la U. de Chile: ‘La fiscal era feminista’”. La Segunda, 25 de octubre de 2016.

[3] Véase, en particular, “Asedio al mundo estudiantil”, apartado “Cantar la Canción Nacional e izar el Pabellón Patrio en forma irreverente, irrespetuosa e insolente. Sumario, Sociología, 1978”. En: VV.AA. Las huellas de un acecho. Ensayos, reflexiones, relatos y documentos sobre la intervención militar en la Universidad de Chile. Tinta Azul, Universidad de Chile, 2013.

[4] Sumario administrativo, Dirección Jurídica de la Universidad de Chile, 9 de octubre de 1978, p. 126.

[5] Apelación a la resolución de la Fiscalía General del 13 de septiembre de 1978. 23 de marzo de 1979.

[6] Declaración Sumaria de Fernando Ramírez Morales, realizada el día 25 de septiembre de 1978 ante la Fiscalía Instructora, p.66.

[7] Ibíd., p. 65.

[8] Ibíd., p. 67.


Natalia Guíñez, Licenciada en Historia U de Chile y Esteban Miranda, Magister de historia de la USACh.