Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

Aquí te dejamos íntegra su misiva:

“Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamantalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.