A inicios de esta semana las mujeres asesinadas por sus parejas sumaban 48. En la madrugada del martes dos más fueron asesinadas. Una mujer de 78 años apuñalada por su esposo de 85, identidades desconocidas, residentes de Ñuñoa. En Calama, Mariela Bolvarán fue asesinada por su ex esposo.

Horas antes de morir Mariela se había titulado de maestra de cocina a través de un programa de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer, Prodemu. Tenía 53 años, de los cuales convivió durante 25 con Patricio Cruz Sepúlveda (63). Hace unos meses había llegado hasta el Prodemu de Calama buscando capacitarse para encontrar un trabajo e independizarse económicamente de Cruz.

“Para celebrar hicimos una actividad recreativa, en donde ella bailó y hasta se disfrazó, estaba súper contenta”, recordó su profesora del taller, Ninoska Salazar, a SoyChile. “Ella era alegre, apegada a Dios y con muchos deseos de surgir en la vida (…) “Después de la certificación, como a las 18 horas, hicimos sushi para que llevara a la casa, él la vino a buscar súper prepotente, la insultó adelante de todos y le dijo que ella debería estar haciendo las cosas del hogar en vez de andar con tonteras”, dijo Salazar. Mariela no cedió y volvió sola a su casa a la una de la madrugada. Media hora más tarde fue asesinada por Patricio Cruz, quien luego se suicidó.

El martes el departamento de Comunicaciones del Prodemu emitió un comunicado lamentando el hecho y revelando que, además, Mariela estaba haciendo gestiones para ser admitida en un hogar de acogida del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. El caso de Mariela recoge buena parte de los problemas que enfrentan hoy las mujeres para superar situaciones de violencia, así como las falencias de la red estatal a la hora de apoyarlas y, además, sancionar. Pese a eso, para las mujeres que han trabajado por años intentando erradicar la violencia, los avances existen.

Lo que pasa de la puerta para adentro

1983 / Marcelo Montecino

1983 / Marcelo Montecino

“Cuando llegaba a la casa tarde a veces me tiraba agua y me despertaba. Si yo no quería tener relaciones con él, igual tenía que hacerlo. Después que se desocupaba me daba la espalda y listo. En el policlínico el médico me dijo que él me trataba mal, que estaba dañada”, contaba Raquel en 1983. A su testimonio se suma el de Irma: “Él no me pegaba tanto. Sólo una vez me ha pegado como se debe, un puñete que me hizo ver blanco, me empujó contra una mesa. Me dejó como un monstruo, el ojo rojo y morado, fue tremendo. No le hablé en una semana y empecé a juntar plata para irme”. Ambos están recogidos de “Y así fue creciendo. La vida de la mujer pobladora”, una publicación de 1985 que recoge testimonios de mujeres participantes de comunidades cristianas en las poblaciones de Santiago en los ’80.

En 1989 una investigación de Cecilia Moltedo mostró que en ese momento el 84% de las mujeres violentadas no denunciaba, entre otras, por razones de “privacidad” o “porque no se saca nada“. Lo común era que Carabineros -o los militares, dependiendo del sector- intentara mediar, diciendo que era un problema privado o, en casos extremos, diera una golpiza al agresor para luego dejarlo en libertad. El maltrato doméstico no era un delito específico y en las cifras la violencia contra las mujeres se fundía entre los homicidios comunes, riñas, asaltos y más.

Paulina Weber volvió a Chile del exilio a los 49 años, en 1986. Inmediatamente se sumó al movimiento de mujeres contra la dictadura y hasta el día de hoy trabaja para el Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH). “Fuimos nosotras las que pusimos el tema en esos años”, cuenta desde la Casa de la Mujer. “Nadie hablaba del tema, había una idea de que nadie se podía meter en lo que ocurría de la puerta para dentro, la doctrina ‘la ropa sucia se lava en la casa’”, dice.

El primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1981 en Bogotá, Colombia, permitió articular activistas de todo el continente. “Se escogió el 25 de noviembre por propuesta de las centroamericanas, en memoria de las hermanas Mirabal de República Dominicana”, explica Paulina. En ese momento comenzó una campaña latinoamericana que, para ella, “nos hizo absoluto sentido en Chile. Trabajábamos con las mujeres que participaban de actividades comunitarias y era su primer tema de preocupación, porque se agravaba con la crisis económica y la pobreza en medio de la dictadura”.  

El 18 de octubre pasado se realizó la segunda marcha #NiUnaMenos, convocada por feministas independientes como Ximena Riffo. Entre las miles de personas que alcanzó la multitudinaria convocatoria se leían nuevas preocupaciones y exigencias: el fin de la educación sexista, la erradicación del acoso sexual callejero, el combate a la violencia obstétrica en el sistema de salud, la paridad salarial. La comprensión de la violencia contra las mujeres se ha complejizado, el concepto ha tomado arraigo y, sin embargo, cada año termina con un doloroso balance de muertes.

Más denuncias, más violencia o menos tolerancia a la agresión

Sólo una vez finalizada la dictadura de Pinochet el Estado chileno intentó ponerse al día en cuanto a la legislación internacional. Recién en 1994 se reconoció en nuestro país que la violencia intrafamiliar es una conducta merecedora de reproche social con la dictación de la Ley Nº19.325. Ese mismo año se firmó a nivel interamericano la Convención de Belém do Para, cuyos fines son prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Para la académica Lidia Casas, en su estudio “Respuesta estatal a la violencia intrafamiliar”, otros hitos relevantes son la creación de los Tribunales de Familia en 2005, eliminando los famosos “llamados a conciliación” en que, habitualmente, se privilegiaba la unidad del grupo familiar por encima de la seguridad de la mujer. En 2010 y luego de tres años de debate legislativo el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de femicidio, que señala que “para el caso especial en que la víctima del delito de parricidio sea la actual o ex cónyuge o conviviente del autor, el mismo delito se llama femicidio”, ampliando además la figura del parricidio para los ex cónyuges o convivientes.

Sin embargo, el combate a la violencia sigue teniendo grandes pendientes. El comité CEDAW de la ONU instó en 2012 a modificar la ley de violencia intrafamiliar. Según las expertas, esta definición estrecha reduce la violencia contra las mujeres al espacio privado, impidiendo ver que ésta se ejerce también en las calles, en los espacios laborales y en el conjunto de instituciones que están del mismo modo permeadas por las relaciones de género.

Un punto crítico es el de la respuesta judicial. El 30% de las mujeres víctimas de femicidio el 2015 había denunciado previamente a su asesino y tenía algún tipo de medidas cautelares. En el comunicado del Prodemu sobre el femicidio de Mariela Bolvarán, los comentarios se repetían: “la orden de alejamiento nunca ha funcionado, se los digo yo que soy hija de un agresor”, “¿cómo es posible que llegara hasta ella si tenía orden de alejamiento?” y más. Esta percepción coincide con el boletín estadístico anual del Ministerio Público: de las 131.613 denuncias por violencia intrafamiliar realizadas en 2015, tan sólo un 9,6% llegó a sentencia condenatoria.

Agencia UNO

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Alejandra (25) es sicóloga en un Centro de la Mujer del Sernameg, en una comuna de la zona norte de Santiago, y tiene una visión crítica del funcionamiento del sistema. Por lo mismo no da su apellido, ya que como buena parte de las profesionales del servicio, está contratada a honorarios. Sus críticas principales son dos: la ineficiencia del aparato jurídico y la falta de recursos para abarcar la dimensión real del problema. “Aquí somos muy pocas. Una sicóloga, dos trabajadoras sociales y una abogada. El Sernam, por metas insititucionales, te pide un número de mujeres, y en nuestro caso son 300 anuales que figuren como egresos del sistema y en verdad no damos abasto, no alcanzamos a hacer prevención ni seguimiento, menos reparación”, se lamenta.

En el dossier 2016 de la décima campaña “El Machismo Mata”, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una organización autónoma del Estado existente desde 1990, aventura una hipótesis sobre la estabilización de la cantidad de denuncias: ya existe información suficiente sobre los procedimientos judiciales y su ineficacia, así como se sabe que la denuncia no necesariamente disminuye la violencia. Muchas veces incluso detona un agravamiento y la mujer, sin protección, es víctima de un intento de femicidio.

“Ellas llegan con hartas expectativas en el ámbito jurídico y hay que desinflarlas al tiro porque luego el mismo sistema las frustrará. Piensan que será rápido el sacar al agresor de la casa, que no pueda acercarse, que se regulen las visitas. Eso no es tan rápido, dura en promedio dos años. El proceso legal es muy frustrante”, señala Alejandra.

Y aunque el organismo pasó de servicio nacional a Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en su red en terreno no se ha notado la diferencia. Para el presupuesto 2017 la nueva cartera liderada por Claudia Pascual tiene tan sólo un 0,13% de participación. Y en cuanto al ítem prevención, que todas las expertas consultadas coincidieron en calificar como la piedra angular, sólo se prevé un alza de 3,21% en recursos.

Pese a la grave cifra de 50 mujeres víctimas de femicidio a esta fecha según la Red Chilena -y 36 según el Ministerio de la Mujer- Alejandra, Paulina Weber y Lidia Casas coinciden en hacer un balance positivo.

Para la profesional del Centro de la Mujer, el nivel en que la violencia hacia las mujeres era tolerado antes ha bajado. Eso, explica, lo ven en la cantidad de derivaciones de consulta que les llega desde otros servicios. “Antes los servidores públicos seguían la ley del “problema privado” y no impulsaban a denunciar o realizaban la interconsulta. Hoy nos llegan muchas más derivaciones de colegios, centros de salud, pero tenemos que ir nosotros. Los profesionales muchas veces no tienen idea”. Para Alejandra, un paso clave para las mujeres sigue siendo la autonomía económica, tal como lo fue en el caso de Mariela Bolvarán: “Los casos más favorables son los que tienen familiares con casa propia donde pueden irse, tienen algún grado de estudios y papás que las apoyan. Yo me cuestiono el nivel educativo porque muchas son analfabetas funcionales. Y muchas consideran que la violencia en su pareja es menos peor de lo que vivieron en la infancia”.

Lidia Casas también es cauta a la hora de enfrentar el debate respecto a si hoy vivimos un periodo de mayor violencia hacia las mujeres. “No hay estudios serios de prevalencia en nuestro país”, explica, en los que se pueda medir con un plazo de varios años el mismo problema. Para ella, una explicación en el sostenido número de denuncias y la aparente ineficacia de la política estatal podría ser la que le dio un defensor público en un seminario: “hoy las mujeres aguantan menos”.

Con la perspectiva que dan más de treinta años trabajando en el día a día, antes en los movimientos de oposición a la dictadura, luego en el movimiento de mujeres en democracia y hoy en los programas de capacitación para monitoras comunitarias, Paulina Weber matiza. “Muchas, frente a las brutalidades que vemos hoy, dicen que no, que a pesar de todo estamos en las mismas. Pero yo no creo eso, no estamos en las mismas. El quien te quiere te aporrea ya no es ley a la hora de enseñar el amor”, reflexiona, agregando que “las mujeres no podemos negarnos el mérito de avanzar hasta este punto. Negarnos ese logro es también impedirnos seguir avanzando”

Así es como ha avanzado la lucha contra la violencia hacia las mujeres en las últimas décadas: