Juan Montenegro, presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), presentó la denuncia ante la Contraloría General de la República para que esta determine la legalidad administrativa del Decreto Supremo Número 37, firmado por la presidenta Michelle Bachelet, el Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y el Subsecretario de Pesca Raúl Súnico, el que autorizó por 10 años a la empresa GlobalPesca SpA a capturar bacalao de profundidad en las costas chilenas, a pesar de que el informe técnico cct-pesca (comité científico técnico de recursos demersales de aguas profundas) N° 3 de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) lo catalogó como un recurso sobreexplotado y en estado de agotamiento.

“Hemos concurrido a la Contraloría para que esta zanje la legalidad con el que Gobierno autorizó a un barco de factoría para la pesca del bacalao, utilizando lo que consideramos un subterfugio, como el pretender justificar este permiso con una licitación de cuotas de pesca”, indicó Montenegro.

El dirigente además señala que se realizó una denuncia por posible abandono de deberes, esto dado que “la pesquería hace 25 años que se encuentra catalogada como de desarrollo incipiente sin cambiar sus parámetros de regulación, a pesar de la evidencia científica que tiene en su poder el Subsecretario Sr. Raúl Súnico”. A nuestros ojos “no se quieren cambiar estos parámetros, para aumentar las cuotas de un recurso que está colapsado”, aseveró.