En estas últimas semanas hemos visto cómo un ex presidente y posible candidato a la presidencia se ha aprovechado del racismo y de la xenofobia en la sociedad, emitiendo opiniones sin respaldo sobre el nivel de delincuencia entre los extranjeros, con lo que desvirtuó exitosamente la atención mediática de las investigaciones contra su propia persona y su familia por supuesta evasión de impuestos y el supuesto uso para negocios transnacionales, de información privilegiada obtenida en su calidad de presidente. Y a pesar de una avalancha de críticas, se evidencia que, en nuestra sociedad, existen niveles altos de prejuicios racistas y xenófobos. Actitudes como éstas y las consecuencias que traen son, así quiero argumentar, nuestros desafíos en materia de derechos humanos.

Migración

Quienes más sufren las consecuencias del racismo son las personas que recientemente migraron a Chile, especialmente, si tienen rasgos indígenas o afro-descendientes. Los barrios, poblaciones y campamentos de primera llegada para los y las migrantes, y las ONGs que se dedican a apoyarlos, además, a veces incluso se tienen que justificar. Los rayados xenófobos en las oficinas del Servicio Jesuita Migrante solo son una expresión más visible de lo que se conversa en las casas y en las calles.

Otro discurso discriminatorio se ha ido instalando en ciertos espacios: el discurso homofóbico y transfóbico que ha logrado, hasta hoy, paralizar el proyecto de Ley de Identidad de Género que permitiría a las personas trans acceder a servicios de salud, adecuar el registro oficial a su real identidad y así, a ser tratadas como personas del género del que se sienten parte.

Discriminación estructural

Y tendemos a olvidar, finalmente, lo instalado que está el discurso discriminatorio hacia los pueblos indígenas, especialmente, el pueblo mapuche; y la discriminación por razones socio-económicas o, dicho de otra manera, por clase. Ésta última atraviesa toda la sociedad, y es una de las causas más importantes por toda una serie de violaciones de derechos humanos, algunas gravísimas: podían morir y ser maltratados miles de niños y niñas en las instituciones del Sename sin que preguntáramos qué pasaba. Un escándalo que con un mínimo de consciencia sobre las estructuras excluyentes no hubiera tardado tanto en generar repudio.

En Chile, tenemos una de las mayores tasas de personas por habitantes en las cárceles,[1] desproporcionalmente, de estratos bajos, con condiciones carcelarias en la mayoría de los casos deplorables. Y no es porque las elites no delinquieran. Simplemente, pocas veces van a la cárcel por los delitos (económicos) que ellos decidan / tienen las posibilidades de cometer. Tenemos sistemas de educación, vivienda, salud, pero especialmente de pensiones, profundamente desiguales, que no logran en muchos casos asegurar ni siquiera los mínimos requeridos. Observamos también una visibilización de la violencia contra la mujer, principalmente, en el contexto privado o familiar, mientras la brecha salarial persiste, y se repercuta también en deplorables pensiones para las mujeres mayores. Las personas con discapacidad están viendo algunos avances hacia su inclusión en materia laboral y educativa. Sin embargo, siguen relegadas a un mundo aparte por la transversal existencia de barreras físicas, tecnológicas y sociales. Finalmente, la contaminación también se concentra en los barrios donde habitan los mas pobres.

Violencia y uso de fuerza

Me dirán que la discriminación no es lo más crudo que vivimos en términos de violaciones a los derechos humanos. Que en Chile aún hay tortura, que hay que mirar primero la violencia policial y las condiciones carcelarias. Lo que quiero destacar es que la violencia solo es la punta de un iceberg que puede mantenerse y persistir a causa de actitudes profundas, arraigadas, de racismo, xenofobia, desprecio de clase y elitismo, misoginia, homofobia, transfobia. En breve, lo que llamamos discriminación estructural, o exclusión estructural.

Obligaciones del Estado

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”. Sí, la eligimos para que regule nuestro actuar y ponga límites eficaces a la violencia. Esperamos que cumpla con su obligación de prevenir y prohibir la tortura – finalmente, hay que celebrar que se tipificó el delito de tortura en Chile, y el mayor desafío es acompañar esta definición de una institucionalidad que se pueda encargar de su prevención, a saber, el Mecanismo Nacional contra la Tortura, que Chile se comprometió crear. Esperamos que mejoren las condiciones carcelarias y las políticas de reinserción. Exigimos que el Estado adopte una Ley de Protección de la Infancia, y remedie las horribles condiciones en las instituciones del Sename.

Pero esperamos del Estado que también regule los programas de enseñanza de los colegios para que la educación en derechos humanos, democracia, no-discriminación e inclusión pueda ser parte de lo que, como habitantes de este país, sepamos y podamos llevar a la práctica. Esperamos, además, que el Estado capacite a jueces, juezas, funcionarias y funcionarios para que reconozcan la discriminación directa e indirecta cuando deben evaluar una situación o un caso, y cuándo la deben dar por acreditada. Muchas veces, la discriminación indirecta o histórica no se reconoce como tal.

Espero también que el Estado adopte políticas públicas que superen la segregación territorial. Estoy convencida de que las fobias a las personas diferentes solamente se disminuyen cuando convivimos, y cuando convivimos como iguales, como vecinos, como colegas. Así podremos empezar a combatir nuestros prejuicios y las profundas injusticias incrustadas en nuestras sociedades. Así nos hará sentido exigir a nuestros/as representantes que legislen para que haya una Ley de Migración con perspectiva de derechos humanos; una Ley de Identidad de Género; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; la regulación de los derechos sociales que enmiende eficazmente la desigualdad en materia de salud, educación, vivienda, y el trato indigno en materia de pensiones; una planificación territorial que proteja no solamente los barrios “nice” de la contaminación causada por actividades industriales, extractivas o agrarias.

Responsabilidades de los privados

La Declaración Universal, finalmente, se dirige, en su Artículo 30, a las empresas, organizaciones de la sociedad civil, y toda organización social. ¿Cuáles son los desafíos para estos actores? Primero, creo, es el reconocimiento que en una democracia y un Estado de Derecho, no es aceptable que los actores privados hagan lobby contra las iniciativas del Estado de proteger los derechos humanos. Y si la auto-regulación de los actores privados no funciona – por ejemplo, porque no contratan a personas con discapacidad, porque no nombran a un porcentaje adecuado de mujeres en los puestos directivos, o porque discriminan en la contratación por razones de raza, condición socio-económica, identidad de género u orientación sexual – es el Estado el que debe regular, fiscalizar y proveer acceso a la justicia para quienes alegan ser víctima de una violación de derechos humanos. Impedir estas iniciativas de manera directa o indirecta, por ejemplo, “cobrando” el financiamiento de las campañas políticas que han llevado a nuestros representantes al Congreso, contraviene no solamente la Declaración Universal, sino documentos posteriores como los Principios Rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos.

Segundo, es una responsabilidad compartida entre Estado, pero también empresas, y organizaciones de la sociedad, de eliminar la violencia física y psicológica de las formas cómo nos relacionamos; y revisar, en un ejercicio de debida diligencia, los procesos y mecanismos en nuestras formas de organizarnos – empresas, sindicatos, ONGs, iglesias, juntas de vecinos, etc.,  – para detectar y remediar lo que está basado en prejuicios, lógicas de exclusión y discriminación estructural. Tenemos que perder la ceguera que no nos deja ver estas estructuras. Y tenemos que superar la comodidad con la que nos aprovechamos de ellas. Siendo poderosos/as o solamente un poco influyentes. Siendo blancos/as o solamente un poco más claritos/as. Siendo ricos/as o solamente un poco más acomodados/as. Siendo senadores/as, ministras/os, diputadas/os, alcaldes/esas, ex presidentes de la República, con el poder de adoptar leyes y políticas públicas que previenen los actos de violencia basados en la discriminación estructural, o una migrante que le tocó ser blanca y profesional, y trata de definir los desafíos que tenemos por delante en materia de derechos humanos.

[1] Solo superado por El Salvador y Panamá, según datos del PNUD (2013).


Judith Schönsteiner, Directora Centro de Derechos Humanos UDP