Un dramático caso de criminalización se vive por estos días en Argentina. Ayer, el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy condenó a la dirigenta social Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso por el delito de “daños agravados”.

La líder de la organización indígena Túpac Amaru y congresista del Parlasur fue condenada por instigar una “funa” contra Gerardo Morales en 2009, entonces senador y hoy gobernador de la provincia de Jujuy, miembro de la Unión Cívica Radical, principal aliado del gobierno de Mauricio Macri. En la ocasión se lanzaron huevos a Morales, mientras realizaba una presentación en el Consejo Superior de Ciencias Económicas.

La principal prueba fue el testimonio de un testigo no presencial, René Arellano, quien dijo que Sala fue quien dio la “orden” para funar a Morales. El testigo es empleado del gobierno de Jujuy, es decir, del gobernador que fue funado. Junto a la dirigenta fueron condenados los cooperativistas Graciela López y Ramón Salvatierra, como “coautores de daños agravados materiales”.

El fallo es mirado con preocupación al otro lado de la cordillera porque parece sentar precedentes de criminalización de la protesta social. No importaron los múltiples llamados de organismos internacionales que pedían la liberación de Milagro Sala, quien estuvo todo este año en prisión como imputada mientras esperaba el juicio.

“Es una cuestión de piel”

Sala estuvo desde enero de 2016 recluida en la Penitenciaria de Mujeres de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, Argentina.

La periodista Nadia Fink la visitó en prisión, donde solo pudo llegar hasta las afueras. Milagro Sala escribió una carta con su testimonio. “¿Cuál es nuestro error? Defender el trabajo, la educación, salud y vivienda dignos. Nos quieren hacer sentir que somos corruptos porque no nos perdonan que construimos piletas, parques, escuelas, viviendas dignas, centros de salud, y sobre todo es una cuestión de piel”, dice en la misiva.

Y sigue: “Tengo claro por qué estoy presa: por un capricho político y porque son racistas

Inicialmente, el gobierno jujeño de Morales la acusó de liderar una organización de cooperativas que se desvió dinero de fondos públicos. Se la encarceló, pese a que los delitos por los que se le imputaba no tenían pena de cárcel. En febrero, el fiscal general de la Procuraduría de Violencia Institucional de Argentina señaló que Sala estaba privada ilegalmente de su libertad.

Pese a reclamos de organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional, finalmente en diciembre se inicial juicio, pero por presuntas amenazas coactivas y daño agravado, ya que no se pudo comprobar la asociación ilícita.

Antes de la lectura del veredicto, Sala, sentada ante la corte, dijo: “Les pido, señores jueces, que no se dejen apretar por el poder político, dicten lo justo”.