El destino de los recursos públicos en educación y nuestro compromiso con transformar el modelo

La carta que salió el pasado 23 de febrero escrita por Juan Pablo Guzmán (presidente de Vertebral, espacio de los IP y CFT) en El Mercurio, da cuenta del precario estado del debate sobre educación superior en nuestro país.

Al igual que cualquier empresa o grupo corporativo, aprovecha los datos entregados por el MINEDUC sobre los beneficiados con la beca de gratuidad para exigir que se le entregue la plata a sus instituciones y remata con que hoy la gratuidad solo cubre a “12 de las 30 instituciones de IP o CFT acreditada”. Esto lo hace defendiendo el peso numérico de sus instituciones (58% de los beneficiados son estudiantes de CFT o IP), y lo refuerza con que acá se concentra la matrícula más vulnerable.

Es evidente que ninguno de nosotros y nosotras se opone a que las y los estudiantes de CFT e IP puedan matricularse en una institución y cursar sus años de estudios independiente de los recursos que posean (por ello, llevamos años luchando por gratuidad). Sin embargo, no podemos confundir la justa batalla que como sociedad hemos brindado durante estos años para garantizar un modelo de sociedad distinto con las declaraciones y exigencias de este señor.

Nuestra convicción sigue siendo la universalidad de la gratuidad de la educación, pero esta gratuidad es una política pensada dentro de una transformación general del modelo educacional. Eso exige que las instituciones cumplan condiciones mínimas de compromiso con la sociedad para recibir financiamiento, porque o sino, una política llena de justicia y compromiso de igualdad, se transforma en una herramienta para presionar por recursos públicos.

La distinción, aun cuando parece rebuscada es necesaria y tiene consecuencias profundas. Sin una transformación global del modelo educacional, se da apertura para políticas desfiguradas y pierden fuerzas políticas que podrían ir en una dirección positiva (como la creación de las dos nuevas instituciones estatales).  Esto era lo que defendíamos el 2006 (cuestionando el modelo por medio de la crítica a la LOCE), y el 2011 (defendiendo que la gratuidad era por la garantía de un derecho social). Demandas expresadas en el Sistema Nacional de Educación Pública de Educación que levantamos el año 2014.

Lo más preocupante de todo esto es que parece haber poca respuesta de nosotras y nosotros como estudiantes. Frente al avance del mercado y su arremetida parecemos impávidos, aturdidos. Hay que salir del estancamiento político y eso no se hace solamente con una mayoría numérica en el CONFECH de las federaciones que queremos pelear por avances en educación. Se trata de un desafío mucho más complejo y arduo de reconexión con la sociedad, de no permitir que en nombre de la gratuidad universal y de las y los estudiantes más pobres se siga fomentando el negocio en la educación.

Este 2017 seguimos teniendo una oportunidad abierta. El interés del gobierno por cumplir las promesas de campaña en un año electoral no puede ser esperado con desorden interno, sin claridad frente al quehacer. Hay que ir a defender el cambio de modelo que nos proponemos, y las políticas que vayan en esa dirección. Y hay que hacerlo en unidad, con claridad en nuestros objetivos, y con la visión de que lo que hoy nos jugamos no es simplemente la derrota de los que nos levantamos el 2011, sino la posibilidad de comenzar un ciclo de cambios efectivos para Chile.