El feminismo ha avanzado mucho en reflexionar, que ya no podemos seguir hablando de las mujeres como un “grupo homogéneo víctimas pasivas de la opresión”, como bien señala la autora feminista post colonialista Mohanty. Ciertamente, no podemos. Sin embargo, sí podemos seguir argumentando que el patriarcado nos alcanza a todas, algunas con mucho mejores posibilidades de negociar, pero donde nunca estamos a la par del hombre blanco de clase alta. Para hacer frente a las persistentes inequidades que separa a los hombres de las mujeres, es necesario situarnos desde los diversos cruces de desigualdades y comprender entonces en qué caminos se ha avanzado y dónde debemos concentrar nuestras luchas.

En Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, estamos dando inicio a una nueva fase de los Grupos de Diálogo Rural, iniciativa apoyada por FIDA, que concentra su atención en las juventudes rurales de América Latina y sus procesos de inclusión social y económica, específicamente en México, Ecuador, Perú y Colombia.

¿Qué podemos decir de las mujeres jóvenes rurales en América Latina? En este grupo, junto con las diferencias de género, se intersecta el hecho de ser mujer con una historia determinada en función del lugar donde se nace, desigualdades territoriales que surcan brechas profundas en nuestra América Latina. ¿Y qué sucede con las diferencias generacionales?, ¿es mejor ser mujer hoy en un sector rural, que hace décadas atrás?

Para empezar, podemos argumentar que esta generación de mujeres jóvenes rurales es la más educada y capacitada que ha existido en la región, superando incluso a los hombres en el número de años de educación formal en algunos países. Los estudios realizados por el Programa Nuevas Trenzas, coordinados por el Instituto de Estudios Peruanos, dan cuenta de que  a diferencia de sus madres y abuelas, las jóvenes rurales tienen mayor acceso a tecnologías de comunicación, como el internet, y han establecido nuevas maneras de relacionarse con el estado y las organizaciones internacionales, junto con conformar espacios de asociatividad que les han permitido en algunos casos en convertirse en interlocutores válidos dentro de sus territorios. Existe un discurso de derechos que ha ido permeando a las nuevas generaciones y potenciando mayores niveles de autonomía entre las mujeres.

Sin embargo, persisten barreras e inequidades las cuales siguen delimitando las trayectorias de vida de este grupo, y que, en el escenario actual, se cree podrían incluso profundizar el grado de frustración que alcanza a las jóvenes rurales, dado que alcanzan mayores niveles de educación y competencias, pero que en muchos casos no pondrán en uso. Según análisis realizados por Rimisp, en los sectores rurales el 20% de los jóvenes no estudia, ni trabaja, es decir se declaran como inactivos- a diferencia de lo que ocurre en los sectores urbanos donde llegan al 14%. Las mujeres están sobre representadas por lejos: el 36% de ellas no estudia ni trabaja, a diferencia de sus pares hombres, donde solo el 4,5% se encuentra en esta situación. En términos de inserción en el mercado laboral los hombres doblan a las mujeres, con un 73% de inserción versus un 36%. Gran parte de estas mujeres que no estudia ni trabaja-en el sentido tradicional que no reconoce el trabajo reproductivo- se encuentra realizando trabajo doméstico o de cuidado. También existe una alta tasa de migración femenina hacia zonas urbanas, producto de estas dificultades de inserción mencionadas, y así podría continuar extendiéndome con más cifras que dan cuenta de las barreras que evidencian las jóvenes rurales.

Para avanzar en políticas que aborden las inequidades de género existentes debemos contextualizar nuestros argumentos, haciéndonos cargo de los cruces de desigualdades, como lo son la clase social, origen étnico, orientación sexual, y en este caso señalado, lugar de origen y grupo etario. También las políticas deben de dejar de tratar a las mujeres como si fueran objetos de intervención, con acercamientos asistencialistas, donde se les trata como seres pasivos y vulnerables, y no como sujetos con voz y capacidad de agencia en sus vidas, esta última entendida como la posibilidad de ser protagonistas de sus propias decisiones.

Respecto a este último punto, quisiera agregar que una de las cosas que no hay que olvidar, es que los pasos que las mujeres han dado hacia su emancipación, empoderamiento y reconocimiento de derechos, ha sido parte de proyectos colectivos donde como grupo se han levantado a defender su posición, espacios e incluso su vida. Esa es una de las cosas que recordamos hoy, grandes pasos históricos requieren de la conformación de una comunidad, de la existencia de un tejido social que hace propio un derecho, un reclamo, y se reconocen con una identidad compartida. Las reivindicaciones de las jóvenes rurales requieren de asociatividad, participación política y espacios donde sus voces sean reconocidas e identificadas como protagónicas de sus territorios.

Requiere también, desde el lugar de quienes diseñan las políticas públicas, un reconocimiento de la heterogeneidad de los actores a quiénes están dirigidas, y un conocimiento de las particularidades y complejidades que significan los cruces de desigualdades presentes. No se puede seguir teniendo intervenciones pensadas en “las mujeres” como si esto fuera representativo de un grupo homogéneo, como suele pasar con los diseños centralizados, que no realizan distinciones entre los ámbitos urbanos y rurales, ni tampoco entre generaciones. Las mujeres jóvenes rurales representan una realidad propia y que requiere de abordajes adhoc, contextualizadas territorialmente y generacionalmente, visibilizándose sus necesidades, pero también sus aspiraciones y potencialidades.


Psicóloga, Master en Género y Relaciones Internacionales. Investigadora en Rimisp