Luego del transversal rechazo que concitó el proyecto inicial de reforma a la educación superior presentado por el Gobierno en julio del año pasado, estos meses han estado marcados por intensos esfuerzos por destrabar la reforma a puertas cerradas, con negociaciones paralelas y de espalda a los actores sociales e institucionales de la educación. El resultado de ello se ve en la “indicación sustitutiva” aprobada en general el pasado lunes por la Cámara de Diputados.

A través del recorte y división del proyecto inicial, el Ejecutivo abandonó la pretensión de una reforma sistémica, presentando una iniciativa que, junto con omitir aspectos cruciales en materia de acceso, aseguramiento de la calidad, democratización y autonomía, pretende cristalizar por ley una forma de entender la “gratuidad” en educación superior cuyo principal impacto sistémico ha sido engordar la matrícula privada y estancar la pública.

Del “GANE” de Piñera a la “Reforma” de Bachelet

Más allá de las consignas, en los hechos el actual proyecto se diferencia escasamente de las propuestas que realizó el gobierno de Sebastián Piñera en respuesta al movimiento social por la educación el año 2011, como el “Gran Acuerdo Nacional por la Educación” (GANE) y otras iniciativas. Por ejemplo, el reconocimiento que el actual proyecto plantea hacia el CRUCH es muy similar a lo propuesto en el GANE, que proponía establecer un estatuto diferenciado en cuanto al financiamiento del Estado entre instituciones estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales.

A su vez, la creación de una Superintendencia de Educación Superior fue propuesta por Piñera mediante un proyecto de ley presentado en noviembre de 2011, en términos muy similares a los actuales. En cuanto al sistema de acreditación, salvo la obligatoriedad de la acreditación institucional, tampoco se aprecian innovaciones significativas en relación a lo propuesto por Piñera mediante un proyecto de ley en 2013, que establecía un nuevo sistema de acreditación y creaba una Agencia Nacional con inhabilidades para sus miembros muy similares a las planteadas por el proyecto actual.

En financiamiento la situación tampoco es tan distinta. En la actual reforma, la “gratuidad” opera como una beca/voucher cuyo impacto principal en los últimos años ha sido el crecimiento de la matrícula privada y el estancamiento de la pública, cuya cobertura se proyecta con certeza hasta el 60% para el 2018, supeditando su eventual ampliación al crecimiento del PIB tendencial. No muy distinto a lo que ya planteaba Piñera, proponiendo asegurar becas “a todos los estudiantes de universidades, institutos y centros de formación técnica, que tengan mérito y pertenezcan al 60% de hogares vulnerables y de clase media”.

Eso no es todo. El gobierno actual ha comprometido el ingreso de dos proyectos de ley para los meses venideros: el reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo instrumento crediticio, y una ley para la regulación de la Educación Superior Pública. Si bien aún no hay certezas respecto de su contenido, de seguir la línea del actual proyecto, podemos anticipar que las similitudes con las propuestas de Piñera se mantendrán.

El reemplazo del CAE fue impulsado por Piñera en 2012 con el ingreso de un proyecto de ley que creaba un nuevo crédito estatal, a cargo de la Tesorería General, para el 90% “más pobre”, con una tasa de interés subsidiada al 2%, con un pago diferido contingente al ingreso por hasta el 10% del sueldo, y con una condonación de deuda transcurridos 15 años. Debe tenerse en consideración que eliminar el CAE hoy es mucho más difícil que en 2012, por que hoy hay más estudiantes y más créditos ya emitidos.

En cuanto a la regulación de la educación superior pública, las propuestas de Piñera eran similares a las “podadas” por la indicación sustitutiva, a saber: la desburocratización de las instituciones estatales, facilitando su gestión, eximiéndolas del control público del gasto y adecuando sus gobiernos internos, con el objeto de “mejorar su gestión y competitividad”. Piñera incluso prometió en el GANE un “fondo basal de revitalización”.

El “GANE” y las demás propuestas del gobierno de Piñera fueron con justa razón rechazadas por los estudiantes y por los sectores políticos entonces de oposición, en razón de que importaban un mero perfeccionamiento del mercado eliminando sus principales excesos. Sin embargo, gracias a los zigzagueos del actual gobierno, estos contenidos han recuperado vitalidad.

No se trata de una conspiración, sino de la evolución concreta de una situación política. La derecha hoy aparece votando en contra de este proyecto de manera burocrática, con la expectativa de retomar su iniciativa original una vez conquistado el gobierno. Se trata de enterrar definitivamente la expectativa de cambio, liderándolo desde la derecha, y arropándolo con otra retórica.

La “operación retorno” de Piñera ya está ocurriendo, y no hay fuerza progresista que todavía logre enfrentarla ante la sociedad.

¿Cómo desmercantilizar la educación? El dilema de las fuerzas de cambio

La evolución de este proyecto de reforma expresa el avance discursivo y programático que han experimentado durante el último año en la discusión educacional los intereses de la educación privada lucrativa, retomando buena parte de la iniciativa que habían perdido en 2011. Que sea el propio Piñera el candidato que lidera las encuestas no es casual: hay una avance general de los poderes conservadores sobre la sociedad, que ha puesto en duda las trincheras conquistadas en 2011.

En este escenario nos cabe una necesaria autocrítica a las fuerzas políticas y sociales de cambio. En medio de la descomposición generalizada de la política, la alianza social que hizo posible el 2011 y que lo apoyó -más allá de los estudiantes- no ha logrado todavía constituirse políticamente y alterar las relaciones de poder real de la sociedad chilena, de tal manera de imponer cambios constituyentes. Así, las fuerzas sociales han sido arrastradas al barro de la vieja política, reduciendo sus demandas a su dimensión estrictamente económica y corporativa: gratuidad y recursos para sus instituciones. Las fuerzas políticas, por otro lado, han sido llevadas a un debate hipertecnificado y reducido a la intensidad con que se regula a los privados.

Quienes advertimos estas dificultades contribuimos a develar el falso carácter progresista de esta reforma, más allá de elementos positivos puntuales. Sin embargo, no fuimos capaces de construir un horizonte de cambios sentido como propio por las fuerzas sociales. Aquella necesidad se vio desplazada por la mera administración burocrática de los órganos representativos de las bases sociales o de los espacios institucionales, que tampoco fue efectiva a la larga.

La tragicomedia del proyecto de Ley de Educación Superior encarna bien lo anterior. Nos han arrinconado a una “gratuidad sin reforma”, ayer impuesta como glosa presupuestaria, y hoy propuesta como ley. Dejamos cada vez más de plantear qué educación queremos para Chile y cómo expulsar al mercado, y pasamos a discutir casi exclusivamente sobre cómo controlar sus excesos y, sobre todo, en cuán rápido avanza la gratuidad (es decir, cuánto tardará el Estado en pagar la cuenta del mercado). Se cayó en el chantaje moral del gobierno, que presionó a avalar esta gratuidad si no se quería estar “contra todo”. Se tuvo temor a hablar claro en su momento, y hoy sufrimos las consecuencias.

Así, la idea de educación pública, gratuita y de calidad se ve desplazada por la paradójica utopía de un “mercado gratuito”. En medio de esta refriega, empezamos a adquirir rasgos de la vieja política: la labor de los actores sociales se reduce a su movilización dispersa e inorgánica -a estas alturas ritualizada-, y la política se concentra en la mera representación del malestar en las instituciones para lograr desde ellas la gratuidad, y luego convocar a esa misma base a defender “votando” sus conquistas contra Piñera.

Discrepamos de posiciones como las del Partido Comunista, actor que ha sido el más determinado en presentar la gratuidad del gobierno como una conquista. Todo este diseño, cuyo marco grueso es el GANE de Piñera, reinstala los límites en la mera gestión del Estado subsidiario. Es un paso atrás en las demandas de los movimientos sociales y en el propio programa histórico de la izquierda en educación. Esta política, presentada como moderada y responsable, es la que impide hacernos cargo genuinamente de las consecuencias de la educación superior chilena, cuyos conflictos no han acabado y se siguen profundizando. No es ni seria ni responsable. Resulta paradójico que se nos llame a defender y votar medidas que en lo grueso caben en las propuestas de Piñera, para que él no gobierne.

Pero si no se comparte esa política, tampoco basta con un rechazo maximalista y testimonial, aún cuando se base en la correcta consigna de expulsar al mercado de la educación. El simple “rechazo” no ofrece conducción política, pues no indica un camino de cambios. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo comenzamos a sacar al mercado de la educación, aquí y ahora?. El temor a proponer respuestas concretas a estas preguntas hace que para la dominación resulte aún más fácil procesar a la generación 2011: frente a la “política madura”, colonizada por los tiempos y agendas del Estado subsidiario, se instala como única alternativa una “política infantil”, consignista y radical en el discurso, pero incapaz de mostrar un camino concreto de cambios. Una política que, a la hora de votar, termina quedando arrinconada entre el “apoyo crítico” y la abstención, como ya se ha visto en diversas instancias críticas en la Cámara de Diputados en los últimos años.

La posibilidad de comenzar a revertir cuatro décadas de profundización neoliberal se juega, en buena parte, en la batalla por la educación superior. Esta disputa no se libra en cinco años más ni después de las elecciones: se está jugando aquí y ahora. La dicotomía entre el rechazo y la lucha por reformas es falsa: el rechazo sin propuestas no produce cambios por sí mismo, mientras que la “incidencia”, cuando se orienta a meros avances hacia la utopía del “mercado gratuito”, sólo aumenta el poder de la casta empresarial enquistada en el Estado subsidiario. La verdadera dicotomía es entre vieja política y autonomía. Por ello, las fuerzas que hoy componemos el Frente Amplio tenemos la urgencia de construir un acuerdo concreto acerca de qué educación queremos para Chile y cómo proponemos transitar hacia ella.

Desde Izquierda Autónoma y la Fundación Nodo XXI tenemos la convicción profunda de que la desmercantilización de la educación pasa necesariamente por la reconstrucción y expansión de una nueva educación pública como corazón, eje rector y presencia mayoritaria del sistema educativo en todos sus niveles, incluyendo la educación superior. Entendemos que la reconstrucción de la educación pública debe ser una herramienta de recuperación de la soberanía de la sociedad por sobre espacios hoy colonizados por el mercado. Hemos levantado propuestas en ese sentido y las ponemos a disposición de la urgente construcción de este acuerdo que hoy es más necesario que nunca.

Más allá de este aporte, y en base a muchos otros, debemos construir un acuerdo que impulsemos a través de una política propia, que impida el avance enemigo y conquiste cambios. Que articule la resistencia en los espacios de base, esa que construye en los hechos una educación más pública, con la presión en los espacios institucionales, entendida como la extensión de dicho ánimo. Hay que superar el sectarismo y el hegemonismo, para de verdad instalarnos como alternativa constructiva ante la sociedad; recuperar la vitalidad de los movimientos sociales y sumar a quienes hoy desconfían de que seamos capaces o siquiera tengamos la disposición de impulsar cambios concretos, de esos que son más difíciles pero también más reales que las consignas. Sólo así podremos de verdad enfrentar el avance de los sectores conservadores, que hoy logran instalar con ropajes nuevos su primera y más tímida respuesta al 2011.


Miembros de Izquierda Autónoma y Fundación Nodo XXI