El pasado 3 de enero fue despachado desde la Cámara de Diputados un oficio hacia el Ministerio de Defensa en el que se solicita información sobre ex agentes de la dictadura que reciben pensiones de invalidez de segunda clase, y en particular, los que habrían invocado la causal genérica de “estrés post guerra” para tal efecto.

La invalidez de segunda clase, que genera pensiones hasta un 20% más altas que la última remuneración en actividad, son las derivadas de accidentes ocurridos en acto de servicio o de enfermedades profesionales de carácter permanente, las que además de imposibilitar la continuación en el servicio, deje al individuo en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas.

El documento fue enviado por el diputado socialista Leonardo Soto, presidente de la comisión investigadora de las pensiones millonarias en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca), con el objetivo de conocer si efectivamente ex agentes de la dictadura están recibiendo pensiones de montos más altos de los correspondientes por las supuestas consecuencias de sus “actos de servicio”. A la fecha, el parlamentario aún espera la respuesta.

“En la investigación que realizamos del sistema previsional de las Fuerzas Armadas detectamos a varios ex agentes de los aparatos de seguridad de la dictadura que reciben grandes pensiones de retiro por la causal de inutilidad de segunda clase. Existen antecedentes sobre un eventual mejoramiento artificial de esas pensiones derivado de que como fundamento se aducirían supuestas dolencias psicológicas ligadas al paso de estas personas por los organismos de represión”, señaló el parlamentario PS.

En conversación con El Desconcierto, Soto explicó que el año 2004 el diario La Nación aseguró que ex agentes de la dictadura gozaban de pensiones de inutilidad bajo la figura del “estrés post guerra”, apelando, por ejemplo, a cuadros maníaco depresivos, de psicosis afectiva o de psicopatía orgánica. Entre los beneficiados, se encontrarían ex funcionarios del Ejército y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables, entre otros, de la “Operación Albania” y el “Caso Quemados”.

La revelación causó una fuerte polémica en la época. El entonces vocero de Gobierno, Francisco Vidal, declaró a la prensa que se iniciaría una investigación para determinar si las pensiones eran legales, adelantando que “llama la atención que alguien tenga estrés después de haber cometido violaciones horrorosas a los Derechos Humanos”. Sin embargo, el resultado de esa investigación nunca se conoció.

“Los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos de lesa humanidad bajo ningún concepto pueden resultar premiados en un sistema previsional público por las consecuencias de su conducta criminal, sería realmente una vergüenza para el país. Por eso le exigimos al Ministerio de Defensa que nos responda el oficio que enviamos con el objeto de aclarar de una vez por todas esta situación”, concluyó el diputado Leonardo Soto.

Según un reportaje de Ciper, entre 2006 y 2016 pasaron a retiro 38 uniformados involucrados en ilícitos que hoy reciben pensiones de Capredena, cuyo monto anual asciende en total a más de $1.200 millones. En esa nómina se identifica una veintena de ex agentes de la DINA y la CNI, con pensiones que en promedio alcanzan $2,5 millones.

Comisiones de Salud de las FF.AA.

En el informe final de la comisión investigadora de las pensiones millonarias, que se votaría la próxima semana, se estable la existencia de “numerosos casos” de pensionados por inutilidad de segunda clase “que en la actualidad trabajan en organismos públicos y privados desempeñando funciones similares a las que tenían en las instituciones de las Fuerzas Armadas o en la propia Capredena”.

Junto con advertir que las enfermedades que las justifican “no parecen ser invalidantes”, la instancia fiscalizadora acusa que su revisión en la actualidad resulta imposible, dada la exclusividad que la normativa vigente le entrega a las Comisiones de Sanidad de cada institución castrense para acreditar la capacidad física y psíquica de sus funcionarios. De hecho, durante las investigación solo les enviaron los diagnósticos de las pensiones otorgadas, sin individualizar a los supuestos afectados.

“Esta exclusividad y falta de control externo, en opinión de esta comisión, es claramente perniciosa y crea un espacio para el abuso al carecer incluso Capredena y la Contraloría de facultades para revisar los antecedentes clínicos o elementos de juicio utilizados”, señala el informe, ante lo que propone la creación de una Comisión Médica revisora independiente que confirme o revoque la ocurrencia de la situación de inutilidad.