El 5 de mayo se destapó ante la justicia y la opinión pública un video con menores residentes en un centro administrado por Coanil siendo amarrados a tablas de contención. El Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió los antecedentes en forma previa, el pasado 28 de abril. Sin embargo, las primeras alertas para el organismo llegaron semanas antes: la visita de inspección del recinto -también dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename)- del 23 de marzo de 2017. Esa vez, la residencia de Coanil quiso impedirles la entrada, provocando la intervención de Carabineros.

En diciembre de 2016, el INDH anunció, durante el lanzamiento de su informe anual, que realizarían visitas a centros residenciales del Sename desde enero de 2017 para “constatar y evaluar la vigencia de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, dijo esa vez el director Branislav Marelic.

Fue en el marco de esas visitas que el día 23 de marzo personal del INDH llegó a Buin para visitar la Residencia Alihuén, destinada al cuidado de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidades intelectuales de distinto tipo. Dicho lugar es administrado por la Fundación Coanil como organismo colaborador el Sename. Sin embargo, al llegar al lugar al equipo del INDH le fue negado el ingreso por los directivos del recinto y de la directiva de la fundación.

Según la descripción de los hechos, en el recurso de protección que presentó el INDH ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ingreso fue posible cinco horas después tras las gestiones del Juez del Tribunal de Familia, don Rodolfo Medalla, quien autorizó la intervención de Carabineros para efectuar la visita.

Sin embargo, según un funcionario del INDH que prefiere resguardar su identidad, Fundación Coanil ya había asistido previamente a dependencias de dicho organismo público consultando cuál sería el calendario de las visitas a los recintos Sename. El INDH aquella vez les negó la información, ya que dentro de la metodología de tales observaciones en terreno no se contemplaba dar avisos previos.

“Dado que estas visitas que tienen por objeto indagar sobre la situación de afectación de derechos humanos de un grupo vulnerable y bajo custodia (como es el caso de los niños discapacitados bajo medida de protección) deben ser imprevistas y no avisadas, sin embargo la oportunidad de nuestra visita en la residencia Alihuén, se vio anulada por la oposición de la dirección del centro y la Fundación Coanil”, dice al respecto el recurso presentado por el INDH, a cuyo texto accedió este medio.

El Desconcierto se contactó con Coanil para obtener su versión sobre lo afirmado por el INDH tanto en el recurso de protección como a través de uno de sus funcionarios. La fundación no negó ni confirmó lo descrito, pero optaron por no pronunciarse formalmente, acotando que hasta ahora su única aclaración pública es la emitida este 5 de mayo, donde se refieren a las presuntas torturas aplicadas por algunos de sus funcionarios, caso que se encuentra en una querella criminal en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.