Luego de que la Democracia Cristiana aprobara por amplia mayoría que su diputado Ricardo Rincón no podrá repostularse por ese partido a la Cámara Baja, ha vuelto la discusión sobre los delitos asociados a la violencia de género como causal de inhabilidad para la postulación a cargos públicos.

En el caso de Rincón fue una sentencia a realizar una terapia por un caso de violencia intrafamiliar contra su pareja de 2002 lo que sepultó sus aspiraciones. Sin embargo, no es la única autoridad electa que enfrenta estos cuestionamientos. Para este año electoral, la Red Chilena contra la Violencia asumió la tarea de indagar y denunciar a los candidatos que tengan antecedentes de violencia machista. Hay uno, que ya tiene un cargo en ejercicio: El alcalde de Cabrero Mario Gierke.

Ingeniero comercial, independiente y reelecto con un 64% en octubre de 2016, Mario Gierke Quevedo fue formalizado en enero pasado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, además de maltrato habitual. Luego de una larga búsqueda, su expareja y denunciante, Diana Vidal, dio su testimonio a El Desconcierto.

Nacida en Ecuador, la doctora Diana Vidal Gavilanes llegó a Chile buscando especializarse. “Mientras me desempeñaba como médico del CESFAM y SAPU de la comuna de Cabrero, conocí a Mario Gierke porque este señor me fue a entregar en mi casa una encomienda que me había enviado la directora de salud de esa comuna”, dice. Dieciocho meses después y un viaje a Ecuador mediante, Gierke y Diana se casaron en 2010.

“Llevamos 7 años de matrimonio, no tenemos hijos”, cuenta Diana. “Ya en la etapa de noviazgo empecé a sentir miedo de discutir con él por el enfado que le causaba que yo conversara mirando a los ojos a otros hombres. Como yo trabajaba en la comuna de Los Ángeles, cuando él desconfiaba de mis turnos de horario vespertino, acudía  al CESFAM donde yo trabajaba al día siguiente. Ahí hacía que le indicara el listado de pacientes en el sistema digital de atención, quedando alguna vez expuesto al asombro de algunos compañeros de trabajo quienes no entendían el proceder de mi esposo”, relata la mujer, quien hoy está cursando la especialidad de medicina familiar en la Universidad de Concepción.

“Conforme fueron pasando los años fue haciéndose más visible el control. El alcalde Gierke es una persona que mantenía férreamente una idea, intención u opinión esté equivocado o no. No daba cabida a otra posibilidad que la que él sostiene, se pone agresivo y violento ante cualquier pequeña cosa”, prosigue Diana Vidal, explicando que “él se volvía un monstruo. Cuando se enojaba dentro de un vehículo aceleraba sin parar ni percatarse de los peligros, lo que para mí significaba una amenaza”.

Pese a que era evidente el efecto que esto tenía en Diana, la mujer explica que el alcalde no modificaba su actuar: “Mi dolor no le dolía y además le molestaba someramente, cada lágrima mía lo llevaba a que me sometiera a palabras que iban subiendo de tono, hasta que gritaba que mi llanto le irritaba”.

Al igual que la de la mayoría de las mujeres chilenas que denuncian violencia intrafamiliar, Diana soportó años de maltrato antes de acudir a la justicia. Al respecto, explica que “no entiendo por qué no pude salir antes de ese círculo de violencia. Él siempre mostró esa intolerancia a la debilidad y fragilidad humana. Yo intentaba resolver los problemas pasándolos por alto y esperando que no ocurriera nuevamente. Su displicencia me frustraba, cegadamente intenté demostrar que mis sentimientos de tristeza eran fundados y me ahogaba entre mis mismas lágrimas en el intento, porque él siempre ha sido, es y será indiferente a mi dolor”, explica.

Con el tiempo, Vidal reflexiona que hubo otros factores que la llevaron a mantener la relación. “Ahora puedo cuestionar que al ser extranjera mi soledad fue mal manejada por mi esposo, pues tenía mucho tiempo y era sólo para él. Di el 100% por salvar lo que yo consideraba mi familia, es decir mi matrimonio. En varias oportunidades tuve que dejar a un lado mis actividades laborales y personales para poder acompañarlo en su labor de alcalde”.

Un paso al frente

Diana Vidal y Mario Gierke en un acto oficial cuando aún eran pareja.

Todo cambió el 17 de enero pasado, cuando se decidió a denunciar. “Tras el acto exagerado de violencia física vi mi vida en peligro. Una se arma de coraje y sale a flote por una fuerza interior de supervivencia”, explica, añadiendo que Gierke está formalizado y aún no hay “ningún dictamen. Sólo espero que las autoridades hagan justicia y no quede mi caso en la impunidad”.

Ese temor no es infundado, tomando en cuenta la evidente asimetría de influencia de Diana Vidal y el alcalde Gierke, que además ha tenido cargos directivos en la Asociación Chilena de Municipalidades.

“Yo traté de mantener esto lo menos mediático posible para resguardar mi persona y mi historia, que fue un infierno”, explica. La agresión, denuncia y formalización del alcalde fue sucintamente cubierta por los medios locales y radios de alcance nacional como Bío Bío.

Sin embargo, según explica Diana, su agresor “movió sus influencias políticas y se puso en comunicación con los abogados de la comuna de los Ángeles a los que yo acudí, para ponerme obstáculos para poder yo conseguir un representante legal privado. Me empujó a buscar un abogado en la Región Metropolitana con el fin de resguardar que mi causa sea llevada con la mayor transparencia”.

A la espera del dictamen, Diana tiene hoy como representante al ex fiscal Pedro Orthusteguy. Además, ha recibido el respaldo no sólo de su familia en Ecuador, sino que también de sus colegas. La Sociedad Chilena de Medicina Familiar, sus tutoras académicas de la Universidad de Concepción, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal y el mismo consulado ecuatoriano han entregado su apoyo, así como las organizaciones de mujeres de Concepción y la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.

“Han sido y son un pilar fundamental de apoyo, asesoramiento, contención y acompañamiento en este proceso”, explica Diana. En su opinión, la violencia intrafamiliar debería ser una causal de inhabilidad para ejercer cargos públicos. “En manos de las autoridades está la obligación moral y social de proteger y velar por los derechos de las personas a las que gobierna”, señala, apelando también a la responsabilidad de los electores: “Tenemos el deber de resguardar que nuestros representantes políticos no solo hermoseen sus discursos con frases cliché sino que realmente tengan la convicción de velar por la integridad de nuestros derechos”.