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Hasta hoy, sólo ocho funcionarios públicos han sido detenidos por las negligencias que provocaron que las jóvenes del centro de menores murieran calcinadas el pasado 8 de marzo. Gladys Olmstead, periodista guatemalteca que está reporteando el caso, asegura a El Desconcierto que «la rabia del primer momento» pasó a «cierto olvido de parte de la población».
Justo tres meses después de la tragedia que terminó con 41 niñas de entre 13 y 17 años quemadas en el Hogar Seguro de Guatemala, gestionado por la Secretaría de Bienestar Social del país centroamericano, empiezan a concretarse las detenciones de los funcionarios que cometieron varias de las negligencias que desembocaron en el dramático episodio.
El pasado 14 de marzo tuvieron lugar las primeras detenciones que retuvieron al ex secretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la ex subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y al ex director del Hogar Seguro, Santos Torres.
Se les acusa de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves. Sin embargo, la semana pasada, a petición del abogado de la ex subsecretaria de Protección, el juez que lleva el caso, Carlos Guerra Roldán, decidió pasar todos los delitos de lesiones graves a culposas, lo que supondría una pena inferior en caso de que los acusados sean condenados.
Además de ellos tres, según Prensa Libre, este lunes tuvieron lugar otras cinco detenciones relacionadas con el caso, dos de ellos agentes de la policía. Se trata de la subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), Lucinda Marroquín, quien se sospecha que tenía la llave del candado de la habitación donde se iniciaron las llamas y no abrió la puerta; y del subcomisario también de la PNC, Luis Armando Pérez Borja.
Por otro lado, las autoridades arrestaron a otros tres trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) vinculadas al caso: el procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores; la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Brenda Chamam Pacay; y la jefa de la Defensoría de la Niñez de la PDH, Gloria Castro.
Los cinco empleados públicos enfrentan cargos por delitos como homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
Según la periodista que cubrió el caso para el medio local Nómada, Gladys Olmstead, «no se ve un avance muy concreto en el caso». Olmstead explicó a El Desconcierto que se abrieron debates en torno a la protección de menores y se crearon unas mesas técnicas para saber qué hacer en estos casos y cómo evaluar la respuesta de las autoridades, «pero no pasó nada con eso», afirmó. «Se cambiaron las autoridades encargadas de la protección de menores en la Secretaría de Bienestar Social, pero realmente cambios sustanciales no se han visto», agregó.
El hecho que los detenidos estén en prisión preventiva implica que el tiempo del que dispone la Fiscalía de Feminicidio para investigar el caso y presentar las conclusiones al juez se reduce de seis a tres meses, en concreto, hasta el 7 de julio. Carlos Guerra tendrá que decidir el 17 de julio si enjuicia o no a los tres imputados.
En un programa de la televisión guatemalteca emitido el martes 13, el presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (Conacmi), Haroldo Oquendo, explicó que la investigación se dividió en tres etapas: una sobre los actores legales, que son los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y el director del centro; otra de los actores legales institucionales, que son los detenidos ayer; y otra de los actores de ejecución material, quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
El horroroso siniestro del refugio provocó una ola de críticas al gobierno de Jimmy Morales a quien culpan de negligencia, por no haber tomado medidas para evitar la tragedia. Además, las responsabilidades recaen en último término en su esposa, Patricia Marroquín, dado que ella es la máxima responsable del departamento de Bienestar Social del Gobierno.
Este lunes, la Fiscalía de Guatemala, a petición de dos diputados opositores, solicitó tramitar el retiro de la inmunidad al presidente para poder investigar sus responsabilidades en torno al siniestro. Los parlamentarios acusan a Morales de designar a personas para estos cargos sin que ninguno de ellos tuviera las capacidades para ostentarlos. Ahora será la Corte Suprema la que deberá determinar si se le retira o no la inmunidad y cuáles serán los pasos a seguir.
«Muchos abogados dicen que no hay fundamentos para quitarle la inmunidad al Presidente, que su responsabilidad no era directa», aseveró la periodista guatemalteca.
El Pleno del Alto Tribunal deberá votar antes para decidir si la citada denuncia responde a un juicio político. En caso de que considere que no es así, el organismo nombrará a un juez para que investigue en un plazo máximo de 60 días si hay indicios para retirarle la inmunidad al mandatario. En caso de que la Corte Suprema aceptara dar trámite a esa investigación, ésta se trasladaría a una Comisión del Congreso formada por cinco diputados elegidos al azar que decidirán si aprueban o no el informe del magistrado. Únicamente si se da el visto bueno, se votaría en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde serían necesarios 105 de los 158 votos para poder retirar la inmunidad al Presidente del país centroamericano para que pueda ser juzgado.
En total fueron unas 60 niñas las que trataron de fugarse de lo que han calificado como un «infierno», dado que, según denunciaron, en el centro, sufrían violaciones, maltratos y vejaciones. De hecho, el recinto acogía 800 niñas y niños cuando su capacidad real era para 400 menores.
Además, ya el año pasado la Procuradoría de Derechos Humanos presentó una denuncia ante la fiscalía por la desaparición de niñas de este centro ante la sospecha de que eran destinadas a la explotación sexual.
Gladys Olmstead criticó «la indiferencia» con la que se ha mirado el caso que, después de «la rabia del primer momento» fue quedando relegado a un segundo plano, hasta salirse de la discusión pública: «Pese a que algunos grupos pequeños todavía hacen plantones en frente de la Casa Presidencial, hay cierto olvido por parte de la población y la respuesta de la ciudadanía ha sido de mucha indiferencia«, señaló.
Sin embargo, colectivos feministas han tratado de mantener el tema en la agenda. De hecho, Olmstead comentó que la comunidad feminista sufrió también ataques a raíz de esta tragedia. Una activista feminista de Costa Rica llegó al país para participar de una actividad en memoria de las niñas y fue secuestrada y también abusaron de ella. «No se supo mucho del caso porque las mismas organizaciones feministas pidieron respeto por la víctima», aclaró la periodista.
Ante la lentitud de los tribunales y las posibles artimañas por las implicaciones políticas que conlleva el caso, colectivos y familiares de las víctimas siguen reclamando justicia por las 41 niñas fallecidas.
