La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI para que realice una serie de diligencias investigativas en torno a la última venta de propiedades por parte del Partido Comunista.

Según consignó La Tercera, se investiga un presunto contrato simulado, estafa y falsificación del instrumento público, luego de que el Partido Regionalista Independiente (PRI) interpusiera una querella contra el presidente del PC, Guillermo Teillier, y los compradores del patrimonio inmobiliario de la colectividad.

La PDI deberá tomar contacto con miembros del PC para requerir información relativa del partido y a la transacción de sus propiedades, procedimientos solicitados por el fiscal Marcelo Carrasco. Además, todo este traspaso se realizará a través del abogado de los comunistas, Ramón Sepúlveda.

Además, se solicita pedir información al Servel sobre la normativa vigente e indagar en el Archivo Judicial respecto de la documentación relativa a la transacción e inmuebles.

Durante 2016, con el objetivo de ajustarse a la nueva ley, el PC vendió la totalidad de propiedades que rentabilizaba mediante arriendos y cuyos fondos eran destinados a financiar al partido en sus campañas políticas y funcionamiento.

La transacción ocurrió el 3 de octubre pasado y se concretó entre Teillier y la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, con una propiedad compuesta por un académico y antiguo militante del PC, Ricardo Castro, y un ingeniero comercial no militante, Pablo González. La empresa fue creada especialmente para crear esta compra y fue representada legalmente por un integrante del Comité Central del partido y que estuvo a la cabeza del proceso de refichaje, Ricardo Solé.

La venta generó polémica, debido a las sospechas sobre la existencia de un “palo blanco”. Por ello, mientras el PRI acudió con querella al Ministerio Público, la UDI y RN realizaron denuncias ante el Servel.

Los persecutores indagan la posibilidad de que la transacción haya vulnerado la Ley de Partidos. Esto, porque la normativa sentencia que “no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado, o cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado”.

La Fiscalía investiga las razones por las cuales el contrato celebrado entre el PC y Sociedad Inversiones Progreso SpA se realizó respecto del avalúo fiscal de las propiedades y no comercial. Según el contrato, la venta fue por un monto de $3.086 millones, un monto que al ser repactado aumentó a $3.500 millones.