Durante dos días consecutivos, y con una discusión que se alargó hasta la madrugada de este miércoles, los parlamentarios que integran el Senado expusieron sus argumentos sobre el proyecto del gobierno que despenaliza el aborto en tres situaciones excepcionales –peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación– y que lleva dos años y medio en tramitación (desde su ingreso en enero de 2015). Finalmente, las dos jornadas culminaron con la aprobación de las tres causales que contempla el proyecto.

La discusión que se realizó en el Senado, compuesto por 32 hombres y 6 mujeres, dejó en evidencia creencias que aún subyacen en parte importante de los legisladores, y que mantienen el imaginario de que lo femenino –y por lo tanto las mujeres– está asociado a la maternidad y lo familiar, y por lo tanto, se resisten a ceder espacio en la toma de decisiones relativas a su cuerpo.

“Hoy por la moral de algunos se obligaría a una mujer a ser un simple receptáculo“, sintetizó Juan Pablo Letelier (PS).

Antes de comenzar la revisión de las tres causales que contempla el proyecto, la discusión se atascó por más de seis horas –toda la jornada del lunes y dos horas del martes– en torno a la polémica indicación que incluyó el senador Andrés Zaldívar que pretendía que no se considerara como aborto a “la acción destinada a salvar la vida de la madre cuando existiere riesgo vital, si a consecuencia de ello se produjere la interrupción del embarazo”.

Ello implicaba eliminar las primeras 15 páginas del proyecto que se referían a la causal de peligro de vida de la madre, porque “no se puede despenalizar algo que no tiene pena”, explicó Zaldívar, quien también es el presidente del Senado. La indicación contó con el apoyo transversal de la derecha y de la senadora independiente Lily Pérez, pese a las advertencias de senadores como Felipe Harboe (PPD), quien señaló que si ella llegaba a aprobarse, el proyecto entero se caía.

De hecho, muchos usuarios de redes sociales que siguieron la discusión calificaron la acción de Zaldívar como una de sus “típicas movidas” como parte de “la cocina”, aludiendo a su participación en la Reforma Tributaria o la Ley de Pesca. La indicación se votó en dos ocasiones el lunes y obtuvo un empate de 17 votos –lo que retrasó de forma importante la discusión–, y finalmente los parlamentarios la rechazaron el martes por 17 votos a favor y 18 en contra, con la abstención de la senadora Lily Pérez.

Primera causal: Peligro de vida de la madre

En un comienzo los legisladores establecieron que la discusión de cada causal se extendería por una hora, pero la extensa discusión sobre la indicación de Zaldívar los llevó a decidir que sólo quienes quisieran argumentar su voto tomarían la palabra.

El desarrollo de la votación además fue interrumpida en varias ocasiones por manifestaciones de los asistentes tanto a favor como en contra del proyecto. Primero, los cantos religiosos de grupos evangélicos en medio de la intervención de Lily Pérez (Amplitud) motivaron que Zaldívar suspendiera la sesión por cinco minutos y los desalojara; y luego, un grupo de mujeres que cantaba “nosotras parimos, nosotras elegimos” interrumpió nuevamente la jornada y se suspendió por cinco minutos más.

El debate en torno a esta causal estuvo marcado por las declaraciones cruzadas de opositores y partidarios. Desde el primer bando, el senador Alberto Espina (RN) afirmó que “esta causal está equivocada”, mientras que Ena von Baer (UDI) aclaró votó a favor de la indicación de Zaldívar “porque no es aborto cuando se busca salvar la vida de la madre” y la interrupción del embarazo es una consecuencia no deseada; en cambio, aseguró que en esta causal del proyecto “la acción es directamente sobre el niño que está por nacer”, por lo que la rechazó.

El senador Alejandro García-Huidobro (UDI) agregó que su rechazo de esta causal está motivado por sus dudas sobre las embarazadas, que podrían no decir la verdad sobre sus riesgos: “El nivel de riesgo de la vida de la madre puede ser relativo, cambiante y lo pueden manipular. Cualquier mujer puede argumentar que su vida está en riesgo, argumentar una depresión o intento de suicidio. No existe una manera para determinar si esto está siendo simulado o es verdad”.

Francisco Chahuán (RN) además señaló que hará reserva de constitucionalidad de esta causal, es decir, que acudirá a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por otra parte, Lily Pérez, que votó a favor apeló a que: “estamos hablando de riesgo vital, no es porque se le ocurrió o porque quiso. Esto demuestra una profunda desconfianza hacia las mujeres. Hay que hablar más de lo que les pasa a las mujeres, de cómo son”.

Finalmente, la primera causal del proyecto fue aprobada por 20 votos a favor y 14 en contra.

Segunda causal: Inviabilidad fetal

Durante la discusión de esta causal predominaron los discursos de desconfianza de sus opositores sobre el diagnóstico médico que dará el pase a su aplicación, mientras que sus defensores apelaron a que la decisión final de todos modos corresponderá a la mujer embarazada.

“Nadie puede determinar con certeza que esta vida va a morir. Ante la duda, yo me posiciono en beneficio de la vida“, afirmó el senador Hernán Larraín (UDI), mientras que su par Jacqueline Van Rysselberghe aseguró que “no es cierto que el feto anencefálico nazca muerto, está vivo” y que “esos seres están vivos y vamos una técnica médica para matarlos, para exterminarlos”.

Desde el bando de los defensores, Lily Pérez respondió que “despenalizar es algo voluntario. Ni el estado ni nadie puede obligar a una mujer”, y, en la misma línea, el parlamentario PS Fulvio Rossi complementó: “estamos hablando de un feto inviable. No hablamos de casos arbitrarios sino de casos que se determinan con certeza”.

Además, Felipe Harboe (PPD) criticó que “se ha caricaturizado la segunda causal como si va a ser un método eugenésico que se va a utilizar para eliminar fetos con características cromosómicas diferentes”, y llamó a no distorsionar el propósito que tiene esta causal de no exponer a las mujeres a llevar a término un embarazo cuyo hijo no vivirá fuera del útero.

Por otra parte, el senador por Magallanes Carlos Bianchi (ind.) manifestó su preocupación por la forma en que el procedimiento será aplicado en regiones porque “la situación de desigualdad no va a permitir que se aplique en muchas regiones del país”.

Ante esto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, pidió intervenir y respondió que “contamos con obstetras en todas las regiones, 814 obstetras ginecólogos que pueden atender a las pacientes“, y que el caso más difícil se trata de “las consultas que tienen que ver con genética, tenemos 22 médicos genetistas, es cierto, pero sólo hay 500 casos al año que requerirían esta atención de especialidad”.

Tomando como base el texto que salió de la Comisión de Constitución, la causal de inviabilidad fetal fue aprobada por 19 votos a favor y 14 en contra.

Las ministras Claudia Pascual y Paula Narvaez conversan con Lily Pérez / Agencia Uno

Tercera causal: Violación

Desde el inicio de la discusión del proyecto, la tercera causal ha sido la más polémica y que ha presentado más resistencia de parte de los parlamentarios. De hecho, durante los días previos existió incertidumbre sobre si se contaba con los votos para aprobarla, ya que los senadores DC Andrés Zaldívar y Patricio Walker afirmaron que votarían en contra, y las esperanzas del gobierno estaban puestas en los senadores Carlos Bianchi (independiente), Ignacio Walker (DC), Carolina Goic (DC), Pedro Araya (independiente) y Lily Pérez.

Los parlamentarios que se opusieron a esta circunstancia reiteraron su denominada ‘defensa por la vida’ y también cuestionaron los mecanismos que establece el proyecto para determinar que existió violación, ya que señalaron que el relato de la afectada y la disposición de un equipo médico “no son suficiente”.

“Esta causal es incluso más discriminadora que la anterior, porque estamos quitándole el derecho a vivir a un ser humano que está sano”, afirmó Van Rysselberghe, quien agregó que “una niña de 13 años que tiene una relación consentida con su pololo de 16, legalmente eso es una violación. Entonces ella va a acceder al aborto sin tener que justificar absolutamente nada (…) Entonces no nos digan que esto no está legislando hacia el aborto libre“.

En la misma línea, Alberto Espina (RN) afirmó que la determinación de si existió violación o no debería ser dictada por un juez y “no por el equipo especialmente diseñado para ello”, ya que se puede prestar para que algunas mujeres “mientan” e insistió en que el proyecto hace “que se mantenga un círculo de impunidad” hacia el violador porque no obliga a las afectadas a realizar una denuncia.

En contraste, Felipe Harboe (PPD) aseguró que “es falso que sea impunidad, porque con la legislación vigente de igual modo las mayores de 18 años no están obligadas a declarar y el Ministerio Público cuenta con mecanismos adicionales para investigar además de la declaración”. También explicó que en 2016 hubo 23 mil denuncias de casos de delitos sexuales; 620 mujeres violadas quedan embarazadas cada año y de ellas 66% son menores de 18 años.

“Algunos han planteado que la causal podría ser usada por mujeres para acceder al aborto. ¿Qué le decimos a estas niñas? ¿Que no creemos en ellas? ¿Que porque algunas podrán mentir ellas no podrán elegir? (…) Esto es lo mínimo que podemos ofrecer a las víctimas y mantener la situación actual es ser cómplice de semejante inequidad“, afirmó Rabindranath Quinteros (PS).

Una de las últimas intervenciones que destacó fue la de Lily Pérez, quien visiblemente molesta reclamó que “se trata a las mujeres como si fueran irresponsables, basan la desconfianza en la mujer porque son ellas las que quedan embarazadas y toda la carga de la prueba recae en la mujer, y eso me parece tremendamente injusto”.

Al momento de realizar la votación, la indicación más polémica se aprobó por 18 votos a favor y 16 en contra.