Explotación sexual, torturas, descuidos negligentes, maltrato físico y mental. Todas son situaciones que viven día a día los niños y niñas del Sename, según adelantó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que realizó una exhaustiva investigación sobre la situación en los distintos centros del país.

171 centros fueron visitados, el 83% del total de centros de la Red Sename, donde se detectaron 213 casos de vulneraciones.

El informe final será entregado en agosto, para que “las reformas del Sename sean focalizadas y atiendan los problemas que existan realmente”, cuenta Branislav Marelic, abogado y director del INDH.

Marelic conversó con El Desconcierto respecto a la crisis que se vive en el organismo, el cual lleva sobre sí la brutal cifra de 1.313 niños y niñas muertas bajo su cuidado. El informe final no solo dará cuenta de las distintas vulneraciones que siguen sufriendo los menores, sino que también entregará una serie de recomendaciones para superar la difícil realidad.

Una de ellas es clara: que se separen las funciones que hoy cumple el Sename. “Hoy el mismo servicio es el que hace las dos funciones, de protección y re-inserción social. Sería más efectivo si son dos servicios distintos, dependientes de ministerios distintos”, afirma.

– Uno de los debates planteados por el diputado Saffirio tiene que ver con los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS), que reciben miles de millones en subsidio del Estado, incluso algunas tienen cuentas millonarias. Hoy por hoy, ¿son parte del problema o de la solución?
– Eso está en evaluación de parte del Instituto. La verdad es que todo el sistema necesita repensarse, tanto el de financiamiento como el de colaboración con los privados. Muchos privados dicen que no hay suficiente financiamiento, pero cuando se pone sobre la mesa que existen OCAS que están financiando otro tipo de acciones, diferente a los niños, eso se tiene que investigar. A nosotros eso no nos consta, porque la investigación que estamos realizando no apunta a eso, pero si hay denuncias se tienen que investigar. Ahora, lo que tiene que existir es un repensar el sistema completo, no solo con mayor financiamiento, sino redefinir los roles de los públicos y lo privado en todo esto.

– ¿Comparte que sea un tema de financiamiento?
– Probablemente no sea solo un tema de financiamiento. Efectivamente puede haber falta de recursos, pero tienen que haber cambios estructurales y ese es el debate público que se tiene que dar ahora.

– ¿El modelo de cómo trata el Estado el tema?
– Tiene que cambiar, porque este modelo ha probado no funcionar. Y en eso está el gobierno y nosotros estamos atentos a qué diga para aportar al debate.

– El INDH denunció y se ha querellado por torturas a niños, niñas y adolescentes en el Sename. Esa palabra fue evitada en el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece?
– Hemos conocido casos de violencia contra niños y niñas y los hemos calificado como tortura porque calzan dentro del tipo penal de tortura. Son personas bajo custodia del Estado, por ejemplo, en el CREAD de Playa Ancha. Nosotros nos hemos querellado por tortura, los niños que sufrieron los apremios son bajo la custodia del Estado y fueron provocados por funcionarios públicos que les causaron daño físico o mental y tenían una finalidad de castigo. Eso, bajo el derecho internacional y el derecho penal chileno es tortura, entonces nosotros no tenemos ningún impedimento en decirlo. Y eso se tiene que investigar como tortura y el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo.

– ¿Cree que en el debate público ha primado el interés político antes de un diagnóstico y propuestas reales para superar la crisis? 
– Una de las cosas que hemos querido evitar es entrar en esta trinchera pre eleccionaria. Es importante centrarnos en cómo se hace la política pública y cómo garantizar derechos. Si existe responsabilidad de una persona en cargo ministerial o de un director del Sename, eso va por separado. El INDH no va a entrar en esa discusión. El debate que no puede dejarse de lado es la protección de derechos y que acá se tienen que hacer reformas para que los niños sean protegidos.

“Tienen que haber cambios estructurales en el Sename”, dice el director del INDH.

Tipificación de la tortura y el voto de los presos

En noviembre de 2016, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica el delito de torturas en Chile. Hasta entonces, se perseguía como “apremios ilegítimos”.

“Existe consenso internacional desde hace décadas que la tortura no se puede justificar ni puede proceder en cualquier tiempo ni lugar”, dice Marelic. El INDH es un órgano especializado en la persecusión de tortura y lleva varias querellas interpuestas en el Ministerio Público por el tema.

Uno de los cambios que trae la ley son los mecanismos de prevención de la tortura, a cargo del INDH. “Como su nombre lo indica, previene la tortura, tiene finalidades específicas de poder conversar con autoridades competentes para poder evitar la tortura, pero el mecanismo no la persigue ni la sanciona, solo la previene. No va a solucionar el tema de la tortura por sí solo”, afirma el director.

– Un caso de tortura en una cárcel, el Sename o una comisaría. ¿Qué hacen para comprobarla y poder llevarla a nivel judicial? 
– Si existe, por ejemplo, situación en cárcel donde muchos internos a través de sus familiares denuncian torturas o situaciones graves, nosotros realizamos visitas preventivas y para conversar con ellos. Tenemos la facultad de las visitas no anunciadas, que costó mucho que se entendiera, que funcionarios públicos, policiales y penitenciarios, lo entendieran. Ahora está más asumido. Nosotros llegamos a las cárceles, se toma la declaración y se inician los procedimientos legales correspondientes. Uno de los obstáculos que hubo que superar era la difusión y conocimiento de hechos de tortura, poder incentivar que los fiscales persiguieran esto eficazmente. No porque no quisieran hacerlo, sino porque también es un grado de difusión y conocimiento del delito que se tiene que perseguir. Nos ha tocado una colaboración muy estrecha con el Servicio Médico Legal (SML), que incorporó el protocolo de Estambul, que es un conjunto de prácticas médicas para buscar indicios de tortura dentro de la evaluación de la tortura. Con ese informe pericial, tenemos ya una base sólida para perseguir y condenar a los responsables.

– En su opinión, ¿los tribunales han estado a la altura de la persecución de delitos de tortura?
– Esto no es algo pesimista, pero siempre va a faltar difusión sobre los delitos y las prácticas que ocurren en Chile. En los tribunales hemos encontrado aliados y han existido condenas para personas que han cometido apremios ilegítimos, pero una labor permanente del INDH es siempre estar conversando con el Ministerio Público para compartir los avances en derecho internacional de derechos humanos.

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Otro tema donde el INDH tiene interés es en el fallo de la Corte Suprema que ratificó que los presos no condenados a penas aflictivas tienen derecho a participar en las elecciones. Sin embargo, ni en las municipales ni las primarias se aplicó y Branislav Marelic dude que llegue a los comicios de noviembre.

El director del INDH pone el foco en Gendarmería y el Servel, que están obligados a permitir que se cumpla el derecho de los reos a sufragar. “No es algo que ellos podrían o no cumplir de buena voluntad, sino que lo tienen que hacer. Estamos invitando a Gendarmería y a Servel a conversar a una mesa con nosotros para ver las mejores formas de permitir que este derecho sea ejercido. Por supuesto que no descartamos volver a recurrir a la Corte Suprema para que ordene nuevamente el derecho a voto de los internos”, dice.

– ¿La piedra de tope son los dos organismos? ¿Servel y Gendarmería?
– Servel sostiene que no tiene facultades para instalar mesas en recintos de reclusión, Gendarmería dice que es muy peligroso trasladar a personas privadas de libertad que quieran ir a votar o permitir mesas en sus recintos penitenciarios. Existe una responsabilización mutua entre ambas instituciones y el efecto es que no van a poder votar las personas privadas de libertad. Lo que dice la Corte Suprema es que el derecho tiene que ser ejercido y el Estado administrativo verá cómo lo hace, pero no existe un consenso en cómo hacerlo.

– Parece que al Estado no le interesa mucho que los reos voten…
– Nosotros lo que queremos es que una persona que no ha sido condenada con pena aflictiva, que tiene derecho a votar, lo haga. La forma de hacer eso es algo que se tiene que solucionar administrativamente, no es un asunto jurídico, se tiene que hacer.

El ausente debate del “uso excesivo de la fuerza de Carabineros” en La Araucanía

Para Marelic, la aplicación de la Ley Antiterrorista es materia de preocupación, pues tras el fallo que condenó al Estado de Chile por el uso discriminatorio de la ley, “sigue siendo preocupante su aplicación”.

Cuenta que están siguiendo de cerca el caso Luchsinger-Mackay, “observando la aplicación de la normativa para garantizar el debido proceso”. Eso sí, dice que en el debate del conflicto en La Araucanía -y en los anuncios de la presidenta Bachelet- falta la discusión “sobre el orden público”.

– ¿Se refiere al actuar de Carabineros?
– Sí, al debate sobre Carabineros, no es ninguna infidencia que nosotros tenemos muchos amparos en la región por uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, así que ese debate también se tiene que dar en contexto de un abordaje integral de la situación de La Araucanía, considerar cómo se despliega la fuerza policial y cómo se protegen los derechos en la región.

– A propósito de la tortura, uno de los testigos claves del caso Luchsinger-Mackay, José Peralino, asegura que fue torturado por dos oficiales de la PDI que lo obligaron a dar el testimonio que inculpa a los otros 10 imputados. En paralelo al juicio, la Fiscalía tiene la orden de investigar la denuncia de Peralina ¿Cómo monitorean ustedes esa situación?
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Es una situación muy compleja. La tortura no es justificable, en ningún tiempo, momento o circunstancia. Si existe una acusación de parte de un testigo que participó en las indagaciones previas y que denuncian torturas, se tiene que investigar. Y si se comprueba, eso es inaceptable y hay que ser claros en eso. Sobre el caso Luchsinger, es importante que se cumpla el debido proceso, que no es solo una formalidad, sino que le da legitimidad a cualquier resultado que tenga este juicio. Acá las personas responsables del asesinato de la familia Luchsinger tienen que ser sancionados, no hay duda en eso, el tema es que las personas que se imputan como responsables tienen que tener un derecho a la defensa para poder cuestionar lo que se les acusa. Y si en el marco del juicio son absueltos, esa decisión, en tanto haya debido proceso, va a tener que ser respetada.

Los imputados llevan más de un año esperando el juicio, algunos en prisión preventiva. ¿Se ajusta a los estándares?
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El debate de la prisión preventiva es algo que se está dando en las Américas. Existe un cuestionamiento muy grande de las largas estadías en prisión preventivas de las personas. En Chile se ha intentado reducir con la reforma procesal penal. Un año en prisión preventiva no te podría decir que es una violación al debido proceso, pero sí es un riesgo para la libertad personal. Cuando existen personas privadas de libertad en prisión preventiva, es decir, sin imputación, lo importante es acelerar el juicio para que sean culpables y cumplan su condena o, para que sean absueltos y salgan. Pero tener un año a una persona sin un juicio por supuesto que es preocupante.

Casos de violaciones a DD.HH. en dictadura: “Falta más verdad y más justicia”

Branislav Marelic recibió a El Desconcierto en el Hotel de Los Presidentes, en Providencia, al frente de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hace más de 40 días que la sede se encuentra tomada por una agrupación de ex presos políticos en dictadura, que reclaman ante el abandono y desatención del Estado.

“Compartimos su demandas, pero aquí quien debe responder el gobierno y no nosotros, por lo que la ocupación de nuestras instalaciones carece de sentido en ese contexto”, dice el director del INDH.

Agrupación de presos y presas políticos Salvador Allende lleva más de 40 días en el INDH.

– ¿Está de acuerdo con el cierre de Punta Peuco?
– Más que cerrar Punta Peuco, hay que equiparar las condiciones de todas las cárceles a un estándar de Punta Peuco. Es una cárcel de mejores condiciones, objetivamente es así, pero no se trata de nivelar hacia abajo, sino que todas las cárceles de Chile, de Arica a Punta Arenas, tengan esos estándares. Lo que debería hacerse no es cerrar Punta Peuco y aumentar levemente el hacinamiento en otras cárceles, sino que todas las cárceles deberían homogeneizarse y las personas condenadas por crímenes deben tener todas las mismas condiciones, mejores condiciones.

Últimamente se ha instalado el debate sobre absolución o cumplimiento alternativo a los condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Está de acuerdo?
– Las personas con condenas que no tengan algún tipo de cumplimiento alternativo tienen que cumplir su condena. Eso en base a la legislación es así. Con criminales de lesa humanidad eso es también una lucha contra la impunidad, que en contexto de las transiciones es muy dañina en la construcción de un estado de derecho, así que es importante que cumplan su condena. Si se requiere un cambio en la pena por razones de salud o envejecimiento, la única forma de acceder a eso es por indulto presidencial, que es facultad privativa de la presidencia. En la opinión del instituto, más allá de que se legisle esto, el Estado tiene la obligación de adecuar sus instalaciones para cuidar efectivamente a personas con necesidades especiales. El derecho internacional en DD.HH. no tiene una postura al respecto, así que las posibilidades de legislar los estados es bastante amplia, existen países donde se llega a un límite de edad y después las personas salen. Es un debate abierto.

Pero las asociaciones de familiares denuncian que se trata de personas que estuvieron libres bastante tiempo antes de recibir condena. Además de que los condenados por violación de derechos humanos es un número muy reducido respecto de los casos que están en la justicia. 
– Esto es muy importante, los ministros en visita tienen que tener más apoyo en su trabajo, buenos equipos para poder investigar crímenes que de por sí son muy difíciles. Cuando existe una condena es porque existió mucho trabajo de estos ministros en poder hacerlo, pero por supuesto que todavía falta más verdad y más justicia, pero es un proceso que se está construyendo. A juicio de las organizaciones es muy lento, pero avanza, ahí hay que pensar en cómo apoyar. Lo otro que dicen las asociaciones de familiares es verdad, muchas de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad son mayores porque fueron perseguidas muy tardes, esa es una realidad que se tiene que afrontar, y también que una persona de avanzada edad tiene que tener las adecuaciones necesarias por su estado de salud y tiene que tener los cuidados especiales como cualquier persona bajo la custodia del Estado.