Crisis de la salud pública: El paro del hospital de Quilpué

*Columna co-escrita junto a Valeria Melipillán, candidata a Core por el Frente Amplio en el distrito 6

El sistema de salud refleja lo más violento de un modelo de desarrollo económico y social que juega con nuestros derechos sociales, y con algo tan fundamental, como es una atención oportuna, digna y resolutiva de nuestras enfermedades. La desigualdad en nuestra sociedad se ve reflejada de manera brutal en este sistema, donde el “elegir vivir sano” es un privilegio solo de aquellos que pueden pagar, mientras la gran mayoría sigue mirando desde las lista de espera, acostumbrados a vivir con la enfermedad, con el dolor  y en casos dramáticos, aceptando que se escape la vida, ya que no se puede pagar un tratamiento adecuado.

Cuando los funcionarios de salud se movilizan, no lo hacen por un beneficio propio, ya que también buscan hacer un llamado de atención y alzan la voz para denunciar el estado terminal en  que se encuentra el sistema sanitario.  Largas listas de espera (las que en el  hospital de Quilpué pueden extenderse hasta 4 años en patologías no ges), déficit de recursos humanos,  infraestructura y tecnología obsoleta, un plan Auge que no cumple con su objetivo, y que lejos de apuntar a aumentar las oportunidades de acceso y disminuir brechas de inequidad, ha hecho que un reducido grupo de patologías -con prestaciones y oportunidades bastante limitadas- ocupen gran parte de los recursos públicos, desviándolos al sistema privado. Hoy existen una serie de falencias que se reflejan en el enojo y la desesperanza de los usuarios de la red, mientras el personal de salud  hace un gran esfuerzo de brindar atención en condiciones laborales precarias, sobre exigidos y siempre al límite de sus capacidades,  poniendo la cara antes los usuarios que demandan sus derechos, ante la pasividad de las autoridades.

La situación del Hospital de Quilpué es sintomática del escenario nacional en el que se encuentra la salud en Chile. Quienes han gobernado durante los últimos 26 años se han encargado de desmantelar la Salud Pública en beneficio de las clínicas y servicios privados. Del gasto total en salud, solo el 46% corresponde a gasto fiscal (3,5% del PIB), mientras que el 37% proviene del “gasto de bolsillo” de nuestras familias, ubicándonos como el segundo país de la OCDE donde más gastan las personas en salud. Lo anterior dista del promedio de los países, donde el gasto fiscal representa un 72% del total y el gasto de bolsillo bordea el 19%. Entre el año 1999 y el 2009 se ha reducido en un 12% la capacidad hospitalaria del sistema público, llegando a la escandalosa cifra de 1,9 camas por cada 1000 habitantes, en tanto entre los años 2005 y 2011 la red privada de prestadores creció en un 20% en capacidad. Solo el año 2011, el holding “Empresas Banmédica”, que controla el 26% del mercado (ISAPRES Banmédica y Vida Tres, más Clinicas asociadas), registró utilidades por sobre los 42 mil millones de pesos.

El hospital de Quilpué fue diseñado para atender a una población de 40 mil habitantes, lejos de las más de 250 mil personas que debe satisfacer hoy. Con solo 154 camas y una infraestructura que no cumple con los criterios de estudios “pre inversionales”, continúa siendo acreditado frente a la urgencia de atención de la población. Es mejor funcionar en la ilegalidad que abandonar a los miles de usuarios.

La crisis es terminal y requerimos de una intervención inmediata. Quienes habitamos Quilpué y Villa Alemana no podemos seguir esperando. Si bien la construcción del Hospital Marga-Marga, traerá grandes avances a nuestro territorio,  éste no llegará antes de 4 años, y es una quimera pensar que su funcionamiento pleno se de en ese plazo, ya que luego de terminada su infraestructura, habrá que regular la implementación y el recurso humano para hacer funcionar un recinto que triplicará su dotación. Mientras tanto no podemos permitir que se mantenga la situación actual bajo promesas futuras.

Apoyamos activamente las movilizaciones de los funcionarios del hospital de Quilpué y exijamos que la salud sea garantizada como un derecho social para todos y todas.