Cómo opera el Tribunal Constitucional y por qué su rol es decisivo en el proyecto de despenalización del aborto

«Recurriremos al Tribunal Constitucional (TC)» fue el anuncio que realizaron los parlamentarios de Chile Vamos luego de que el pasado miércoles 19 el Senado aprobó y despachó el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales.

El anuncio puso presión al gobierno, que esperaba que el paso siguiente –la revisión en la Cámara de Diputados de los cambios que los senadores introdujeron al texto– se realizara con rapidez y sin contratiempos. Sin embargo, la iniciativa finalmente no consiguió los votos suficientes para ser aprobada y ahora deberá ser revisada por una Comisión Mixta durante las próximas semanas, antes de llegar a manos de los juristas del Tribunal Constitucional.

Este retraso significa un importante peligro para el proyecto y desde el mismo gobierno han señalado que existe incertidumbre sobre su futuro. La razón es que durante las próximas semanas, el organismo cambiará de presidente, pues el abogado Carlos Carmona -cercano a la Democracia Cristiana- entregará el cargo al ex asesor de Sebastián Piñera, Iván Aróstica, quien fue nombrado en el tribunal por el propio ex presidente.

Será Aróstica quien, con el voto que dirime en caso de empate, tendrá en sus manos el futuro del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.

Chile Vamos ha acudido tres veces al Tribunal Constitucional durante el gobierno de Michelle Bachelet y su rol fue decisivo en dos de ellas; en el caso de la Reforma Laboral, el proyecto incluso salió debilitado. En El Desconcierto te explicamos cómo opera este organismo y las críticas recurrentes que se le hacen.

Cuoteo político

El Tribunal Constitucional tiene una serie de competencias, y entre ellas, puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, es decir, revisar que se enmarquen dentro de los límites que establece la Constitución. Esta facultad se llama «control preventivo», ya que se realiza antes de que la iniciativa se convierta en ley e incluso puede frenarla, en contraste con el «control represivo», que se realiza luego de que la ley ya fue promulgada.

Esta atribución se agregó en 2005 con la Reforma a la Constitución del gobierno de Ricardo Lagos. El abogado constitucionalista Fernando Atria afirma que esta facultad «es bastante inusual en el mundo. No es común que haya órganos con esta jurisdicción, precisamente porque eso los politiza (a sus integrantes), los mete en el proceso legislativo», y agrega que eso es precisamente lo que ocurre en el país.

El tribunal está compuesto por diez integrantes denominados «ministros»: tres de ellos son designados por el presidente de la República, cuatro son elegidos por el Congreso Nacional y tres por la Corte Suprema. En el caso de los parlamentarios, se necesita que los aspirantes consigan 2/3 de los votos de los 38 senadores.

«El argumento para este requerimiento es que van a ser personas que ‘van a concitar el apoyo de una gran mayoría’ del Senado porque son juristas reconocidos, esa es la idea. Pero en los hechos no pasa así», explica Atria. Y agrega que, como tal cantidad de votos sólo pueden alcanzarse mediante negociaciones, en la práctica lo que sucede es que cada uno de los cuatro partidos mayoritarios obtiene uno de los cuatro cargos a cambio de dar sus votos a los demás nombramientos.

«Cada designación es ‘de’ un partido político y, por ejemplo, el cupo del ministro Bertelsen era ‘de’ la UDI, así como la del ministro Vodanovic era ‘del’ Partido Socialista», explica el abogado. De este modo, la designación de los integrantes responde a una forma de los partidos políticos de asegurar que sus posturas serán respaldadas en dicha instancia.

Ello ha derivado en que muchos de los ministros que integran el Tribunal Constitucional no posean vasta trayectoria en el área constitucional. Entre ellos se encuentra el caso de Cristián Letelier, quien ocupa el cargo «de» la UDI desde enero de 2015 y que en su currículum incluye la defensa de Luis Becerra Arancibia y Manuel Provis Carrasco, quienes son protagonistas de emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos.

Letelier es conocido como un «operador político». En los últimos años se le involucró en el controvertido caso Penta -financiamiento irregular de la política- al revelarse un correo donde solicita a Carlos Alberto Délano financiamiento para la campaña de Pablo Longueira.

Funciona como una «súper tercera cámara»

Atria explica que de lo anterior se desprende que, «cuando llega el momento de votar, las votaciones tienden a ser alineadas con la designación política«, y no a partir de las interpretaciones técnicas, que es uno de los propósitos originales del organismo.

Por eso, el abogado califica al TC como «un bicho raro». «Todos sus miembros tienen una afiliación política conocida, llegaron al tribunal gracias a ella y votan de acuerdo a ellas», explica. Además, señala que eso no es común en instancias judiciales como, por ejemplo, la Corte Suprema, donde las sensibilidades políticas de sus integrantes no son conocidas ni pesan del mismo modo en su toma de decisiones: «Todas esas características uno las espera en una cámara legislativa», afirma.

De este modo, debido a las atribuciones que posee, la forma en que sus integrantes son designados y su modo de proceder, Atria afirma que el Tribunal Constitucional funciona como una «súper tercera cámara». «Puede simplemente decidir sobre las cosas que se hicieron o acordaron en el Congreso y anularlas (…) Si el Senado no está de acuerdo con la Cámara de Diputados se arman comisiones mixtas, se busca una manera de llegar a una solución, pero si el TC decide algo, las otras dos cámaras no pueden hacer nada. Tiene mucho más poder«, explica.

Rol decisivo en Ley de Inclusión y Reforma Laboral

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, los parlamentarios de Chile Vamos han acudido al Tribunal Constitucional en tres oportunidades: luego de la aprobación de la Reforma al Sistema Binominal, la Ley de Inclusión y la Reforma Laboral.

En los dos últimos casos el rol del tribunal fue decisivo: la Ley de Inclusión se votó en enero de 2015 y el resultado arrojó un empate de cinco votos a favor y cinco en contra. Por ello, la constitucionalidad pudo ser aprobada gracias a que el presidente de los ministros –quien dirime en esos casos– en ese entonces era Carlos Carmona, quien es simpatizante del gobierno, y votó a favor de ella.

Sin embargo, el proyecto de Reforma Laboral no corrió la misma suerte y luego de su paso por el Tribunal Constitucional salió debilitado. El fallo que el organismo judicial dio a conocer en mayo de 2016 declaró como «inconstitucionales» dos de sus normas claves: la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación.

La primera se rechazó por 6 votos contra 4, ya que se consideró que atentaba «contra el derecho de asociación», mientras que en la segunda se estimó que «se vulneran las normas constitucionales sobre libertad sindical, libertad de trabajo y sobre el derecho a desarrollar actividades económicas» y por ello, se rechazó -excepto en el punto sobre nuevos afiliados- por empate de votos y votos particulares, donde quien dirimió nuevamente fue Carmona.