El recientemente aprobado congelamiento de las construcciones en altura en Valparaíso, es una medida que las porteñas y porteños recibimos con alegría. Sobre todo, quienes vivimos en los cerros y hemos ido viendo cómo estas enormes torres que se empecinan por las quebradas y desde las angostas calles, comienzan a transformar nuestro entorno y empeorar nuestra calidad de vida. Es por eso que al leer las declaraciones del Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso en El Mercurio, no podemos sino sospechar de lo que se esconde detrás de ellas.

Podemos revisar parte por parte las declaraciones del señor Pardo, la primera hace referencia a la disminución de la oferta inmobiliaria en la ciudad y cómo eso afectaría a quienes hoy no tienen una vivienda propia y que, según sus palabras, son quienes no aparecen en los medios ni tienen capacidad de presión.

Si miramos las cifras de la investigación sobre el acceso al mercado inmobiliario en la región, realizada por Luis Fuentes, académico de la PUC, nos muestra que cerca del 50% de las familias porteñas, no puede acceder a esta creciente oferta inmobiliaria, puesto que sus ingresos, son inferiores a los 500 mil pesos. ¿Vale la pena preguntarse entonces de qué familias nos está hablando Pardo? Ciertamente, no la mayoría de las que hoy habitan en sus cerros, y que, como ya sabemos, si no son propietarias, serán afectadas por el encarecimiento de los barrios y se verán forzadas a desplazarse a sectores más baratos, pero con peores accesos, peor locomoción y ausencia de servicios. Tras este desplazamiento, las consecuencias de una apuesta irracional por la construcción de viviendas que lucran con la usurpación de las ventajas naturales, estructurales e incluso sociales del territorio, patrimonio material e inmaterial que corresponde a los y las habitantes de Valparaíso, son cada vez más claras al observar los procesos de gentrificación en nuestras ciudades y en el mundo: gente sin casa y casas sin gente.

Un segundo argumento que presenta Pardo para cuestionar la decisión de la Alcaldía Ciudadana, es el impacto sobre el trabajo en una región que tiene problemas importantes de desempleo como la nuestra. Efectivamente el sector inmobiliario es uno de los sectores más dinámicos en la región, genera cerca de 70 mil empleos, pero no precisamente aquel empleo que imaginamos cuando pensamos en bienestar y desarrollo para la ciudad. Recordemos que cada año mueren alrededor de 200 personas que trabajan en el rubro de la construcción en nuestro país, dejando en evidencia las precarias condiciones de seguridad con las que cuentan. Vale la pena entonces preguntarse ¿de qué tipo de empleo estamos hablando? es decir ¿de qué desarrollo nos hablan cuando se esgrime la amenaza de la cesantía frente a quienes reivindicamos el derecho a la ciudad?

Hemos sido testigos de lo que sucede en los países donde la construcción se vuelve la principal actividad económica; esta actividad deja muy poco para la región a futuro y no hace sino dañar la calidad patrimonial de la misma, al tiempo que empeora la calidad de vida de quienes habitan en ella.

Tal vez el punto más interesante del argumento de Pardo es la acusación de politización de la discusión. Pardo insta a nuestra alcaldía a “dejar la política de lado y asumir su responsabilidad frente al desarrollo de la ciudad”. Esta afirmación nos parece por lo menos oscura, siendo precisamente la lucha por una vivienda digna y segura una de las luchas políticas más importantes en nuestra ciudad. Pardo, con una retórica que es de sobra conocida, vuelve a hablar de desarrollo, oponiendo a la política.

Pues bien, quienes estamos luchando por un derecho a la ciudad, planteamos un nuevo modelo de desarrollo, uno que no se sostenga sobre la precariedad laboral y el desplazamiento de las familias pobres. Uno que no estratifique el acceso a la belleza de nuestra ciudad, que las inmobiliarias no dudan en reducir a postales coloridas para ofertar sus departamentos.


Candidata a consejera regional, Frente amplio Movimiento autonomista