Consejero Conadi critica la consulta constituyente indígena: «Un indígena en el Congreso no cambiaría nada»

«Lo que busca esta consulta indígena es que queden consignados los derechos de Reconocimiento Constitucional y Participación Política de los pueblos indígenas en el nuevo texto Constitucional que presentará la Presidenta. Esto va a permitir establecer los mecanismos de participación en el Congreso, profundizar la democracia en términos participativos y representativos, y que los pueblos indígenas puedan deliberar en la política nacional sobre los principales temas del país».

Con esas palabras, el ministro Marcos Barraza (PC) dio el puntapié inicial para la consulta que realizará el gobierno ante representantes de los nueve pueblos indígenas en el país, en el marco del Proceso Constituyente Indígena (PCI). Las conclusiones de este -que contó con la participación de más de 17 mil personas- serán un insumo para el proyecto de nueva Constitución que enviará la presidenta Michelle Bachelet al Congreso durante este semestre.

Pero por más inédito que sea este proceso, no ha estado exento de polémicas.

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El problema es que, al parecer, el gobierno no estaría sometiendo a la consulta los principales temas discutidos en el PCI. Así lo denunciaron ocho consejeros de la Conadi, que acusaron que con la actual consulta «se continúa negando el derecho a ser reconocidos como pueblos o naciones indígenas y la libre determinación». Dice que lo mismo pasa con la definición de un Estado Plurinacional.

Uno de firmantes de la declaración es Rafael Tuki, consejero nacional Rapa Nui ante la Conadi, quien conversó con El Desconcierto las dudas que mantienen sobre el proceso llevado adelante por el gobierno.

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– ¿Cuáles son los principales puntos que critican del proceso de consulta de la Constituyente Indígena?
– No corresponde con lo que se discutió en el proceso constituyente. Lo que pasa es que los derechos por los cuales el gobierno se sienta a discutir sobre la transformación de la Constitución es el derecho a la libre determinación de pueblos garantizado en los convenios internacionales de derechos humanos, el 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. El pueblo rapa nui, en el proceso de participación del Proceso Constituyente, solicitó una sola cuestión al Estado: que si quería que el pueblo participara en el proceso, debería aplicarse la resolución 1514 y 1541 con respecto a la libre determinación de los pueblos. El artículo 73 de la carta de las Naciones Unidas habla de los derechos de los pueblos bajo colonia a someterse a un proceso de descolonización, es el derecho a la libre determinación.

– ¿Y qué está haciendo el gobierno?
– Ellos interpretan ese derecho a la libre determinación de acuerdo a las normas internas del Estado, siendo que un Estado no puede aducir a normas internas para incumplir tratados internacionales. En el documento que tira el gobierno a consultar, de forma camuflada, dice que irá de acuerdo a las leyes internas del país, y se supone que esto es para modificar las leyes internas del país al derecho internacional. En el proceso de consulta no incluyen el tema de la libre determinación, el reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones originarias y el tema de los derechos territoriales.

Proceso Constituyente Indígena / constituyenteindígena.cl

– Pero el documento de sistematización del PCI sí incluye temas como el estado plurinacional y la libre determinación…
– Ese es el problema. En el trabajo de participación de la constituyente indígena, los pueblos recalcaron el derecho a libre determinación. Pero en la consulta no va.

– ¿El gobierno no está sometiendo a la consulta los acuerdos del proceso?
– No, ni el Estado plurinacional y el derecho a libre determinación ni los derechos territoriales. El jueves pasado tuvimos una reunión con la Segpres, el Ministerio de Desarrollo Social y representantes de Naciones Unidas porque los consejeros estamos preocupados que el gobierno someta este proceso de consulta sin considerar el derecho a libre determinación, el alma máter de todo el proceso.

– ¿Porque creen que no lo incluyó?
– Cuando terminó el proceso participativo, personalmente me acerqué a la presidenta y le di las gracias por la valentía de hacer esto, pero le dije que considerábamos que la oligarquía de este país no va a dejar que se modifique la Constitución de esta forma, menos los derechos indígenas. Y como los políticos están sometidos a los empresarios, parece que Bachelet no es diferente.

– El ministro Barraza ha insistido en el tema del reconocimiento constitucional y la participación política en el Congreso. ¿Es insuficiente? 
– Que un pueblo originario esté o no en el Parlamento era una discusión a la que no queríamos llegar, porque eso es entrar al colonialismo. Un indígena en el Congreso no cambiaría nada. Queríamos entrar a discutir derechos esenciales como libre determinación, reconocimiento de naciones originarias y derechos territoriales. Si queremos un diputado o un senador, es entrar en el juego del sistema colonialista. El gobierno quiere desviar la consulta a esas discusiones, no a lo que realmente necesitan los pueblos indígenas.

– No deja de llamar la atención que ambos puntos fueron prometidos por Patricio Aylwin en el Acuerdo de Nueva Imperia, en 1989…
– A todo los chilenos les dijeron que la alegría venía pues, amigo. ¿Llegó? Siempre me acuerdo de eso y les pregunto a todos los que cantaron la canción: ¿Dónde está la alegría? Lo único que hicieron fue privatizar todos los recursos del país, la Concertación y la derecha son lo mismo para los pueblos originarios. Para los indígenas no hay lados políticos porque todos los han atacado, porque ahí están los recursos naturales que ellos se reparten.

– ¿Cómo deben enfrentar los pueblos indígenas en Chile el hecho de que la legislación internacional avance muchísimo más que la interna?
– Si revisas las constituciones argentina, venezolana, peruana, colombiana, verás el reconocimiento a pueblos originarios, otros que reconocen la multinacionalidad dentro del territorio. Pero son meros reconocimientos que no sirven para nada. Si ese reconocimiento en la Constitución no va acompañado de leyes que lo hagan efectivo, no son más que una burla al pueblo originario. Si no hay una ley que especifique cómo se aplica la libre determinación, se queda en el mero reconocimiento, las felicitaciones entre políticos y nada más. Mi crítica al gobierno es que no se trata de reconocer, porque Chile, al aprobar los pactos internacionales respecto a los pueblos indígenas, ya los reconoce. Volver a hacerlo con la Constitución es un juego medio extraño. Es satánico -incluso- ocupar las consultas a pueblos indígenas para validar su proceso.

/ constituyenteindígena.cl

– ¿Qué acción concreta se puede hacer ante esta omisión del gobierno?
– El jueves tenemos otra reunión con Interior, Segpres, Desarrollo Social y la ONU para resolver si van a incluir el tema de la libre determinación, plurinacional y derechos territoriales en la consulta. Si no lo hacen, como consejeros nos bajamos de este proceso.

– ¿Pero se puede a estas alturas? La consulta ya está andando.
– Estamos negociando en la marcha. Ellos dicen que como está empezando recién, se puede incluir. Si me preguntas a mí, no confío. Queremos que haya un sistema de observadores al proceso entre consejeros Conadi, representantes de Naciones Unidas y el gobierno, para asegurar que la consulta se adecue a las normas.

– ¿Qué espacio hay para discutir sobre la aplicación real del convenio 169?
– Chile aprobó el 169 porque estaba interesado a participar en la OCDE, pero se encargaron de realizar decretos para no dar cumplimiento. La presidenta Bachelet hizo el 124 y Piñera hizo el 66 de la consulta previa. La Presidenta se comprometió a cambiarlo. Para mí, es más importante que la Presidenta derogue ese decreto de consulta que la misma modificación de la Constitución. Y lo digo en serio, lo que está jodiendo a los pueblos originarios son los malos instrumentos de consulta, que intervienen los territorios y no permiten a los pueblos negociar bien con las empresas. Eso es mucho más importante que esta reforma que no va a llegar ni a la esquina.