El parlamento de Francia aprobó por mayoría la llamada “Ley de confianza en la vida pública”, que pretende enfrentar el malestar ciudadano por el mal uso y abuso de los cargos políticos. La legislación permitirá regir el comportamiento de los funcionarios electos y se incluye el fin de la reserva parlamentaria, un fondo que senadores y diputados distribuían entre comunas y asociaciones.

Según informó La Tercera, la norma es una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, debido a que el escenario estuvo marcado por varios escándalos. Especialmente cuando se reveló que el candidato de derecha François Fillon y su esposa habían cobrado años de sueldos como ayudantes parlamentarios, sin desempeñar esa labor.

La nueva ley establece que funcionarios, ministros, diputados y otros cargos de representación no pueden contratar a su cónyuge, pareja, padres o hijos. Si son descubiertos, enfrentan una pena de tres años de prisión y 45 mil euros de multa. También se aprobaron dispositivos de reembolso para justificar los gastos y una pena complementaria que impida repostularse al funcionario condenado por falta de integridad.

Cuatro ministros del actual gabinete de Macron se han visto afectados por la nueva normativa y dejaron sus puestos en medio de críticas. La ley fue aprobada por 462 votos a favor, 74 en contra y 65 abstenciones.

Pese al contundente apoyo en el Parlamento, la ley podría sufrir un nuevo revés. Diputados del partido conservador Los Republicaron acudieron al Consejo Constitucional para que se evalúe la normativa que prohíbe a los cargos públicos contratar a familiares. Más de 50 diputados presentaron la demanda asegurando que el veto supone “discriminación” a la hora de contratar.