Eran casi las 8 de la mañana del pasado 17 de agosto cuando en el poblado de Puerto Jordán, en el municipio de Tame del departamento de Arauca, al este del país, dos hombres montados en una motocicleta dispararon dos tiros a la espalda y otros tres a la cabeza de Brutney Alfonso Ávila Snak.

Conocido por sus pares como “Chonchón”, Ávila era ex combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y vivía junto a su familia en la población, donde vendía chorizos en un negocio familiar y cultivaba varios productos en las plataneras.

Chonchón se convirtió en el doceavo miembro de la ex guerrilla que muere asesinado a manos de grupos paramilitares o narco paramilitares en 2017, en un período que abraca desde abril hasta agosto. Así lo revela el informe “Trochas de Paz y Esperanza: Informe Nacional de Derechos Humanos enero- junio de 2017”, elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el movimiento político y social Marcha Patriótica.

El documento, que expone la falta de garantías y de protección que sufren los ex milicianos que llevan a cabo su reincorporación a la sociedad colombiana, denuncia el asesinato de 11 de sus familiares, dos atentados y 31 detenciones ilegales.

La mayoría de los ataques tuvieron lugar en los departamentos de Antioquia y Caquetá, al noreste y sur del país, respectivamente, zonas que antes se encontraban bajo control de la ex milicia. A éstos hay que sumarles otros 101 homicidios de líderes sociales y defensores de los derechos humanos registrados también este año.

Matarlos es parte de “una estrategia contrainsurgente desarrollada por el Estado colombiano que procura evitar la organización de las comunidades que luchan ante sus habituales prácticas de implementación de proyectos neoliberales, como por ejemplo la extracción de recursos naturales”, explica a El Desconcierto Alfonso Castillo, activista de los derechos humanos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Para él, el gobierno “no tiene ni la voluntad política, ni la capacidad de control de estos grupos armados y se ha negado de manera sistemática a desmontar las estructuras paramilitares del país”.

El desinterés gubernamental ha disparado las alarmas de las organizaciones que alertan de no repetir los episodios de violencia del pasado, en referencia al genocidio de miles de miembros de la Unión Patriótica que fueron exterminados por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y narcotraficantes tras las negociaciones de paz de los años ’80 y ’90.

Además de la seguridad y protección, los ex guerrilleros reclaman que se cumplan las condiciones jurídicas que se negociaron en La Habana. “Ninguna organización revolucionaria firma un acuerdo para que sus militantes terminen en la cárcel o extraditados”, asevera a este medio Alirio Córdoba, ex guerrillero de 47 años con 29 de militancia en la espalda. “No existe compromiso por parte del Estado para que esa garantía se materialice. Hubo varios compañeros detenidos después de ser liberados y a eso hay que sumarle la falta de voluntad para la aplicación rápida de la Ley de Amnistía e Indulto”, añade.

De hecho, según el estudio “Trochas de Paz y Esperanza”, de las más de 3.800 personas de las FARC-EP encarceladas, poco más de la mitad -casi 2.300- han sido liberadas y trasladadas a las zonas veredales o puestos en libertad condicional.

Falta de voluntad política

Tras la etapa de la dejación de armas, que terminó el pasado 15 de agosto, los 7.000 ex militantes de la guerrilla afrontan una reincorporación llena de complejidades que van más allá de la seguridad y protección.

La economía ilegal o los riesgos que plantean los paramilitares o los grupos que se mantienen al margen del proceso de paz –como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o el ELN–, son algunos de los obstáculos que enfrenta su proceso.

Pero si hay algo que critican y lamentan los ex combatientes y líderes sociales es “la poca voluntad y falta de disposición” del gobierno de Juan Manuel Santos para cumplir los puntos de los acuerdos de paz. “El gobierno quiso someter lo pactado a una nueva renegociación, lo que ralentizó y obstaculizó el proceso de implementación de los acuerdos”, cuenta Alirio Córdoba.

Su compañero, Richarli Rojas, conocido en la organización como “Nolverto Velázquez” y combatiente durante 15 años, refuerza la idea del incumplimiento estatal: “Han habido falta de garantías en la seguridad, en lo jurídico y en lo económico”.

Los ex combatientes denuncian que las autoridades nunca construyeron los ocho Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una suerte de campamentos que el gobierno se comprometió a habilitar en varias regiones del país para que los 7.000 miembros de la guerrilla entregaran sus armas y empezaran una nueva etapa insertos en la sociedad. “Pese a que se hicieron algunos intentos para construirlas, ninguna zona se entregó para que los guerrilleros pudieran habitarlas”, dice Richarli. Según el informe, sólo dos de ellas se han terminado. El resto están al 50 por ciento y son los propios ex combatientes quienes están levantándolas y tratando de resolver los problemas de suministro de agua, comida y electricidad.

Otro aspecto fundamental tiene que ver con la falta de recursos y presupuesto. Pese a que el ejecutivo de Juan Manuel Santos no definió fuentes de financiación para implementar los acuerdos, las FARC-EP propusieron destinarle un 4% del PIB. Una cifra que queda muy lejos de lo que en realidad tiene pensado el mandatario: “Nos han informado que se van a destinar 129,5 billones de pesos colombianos [unos 43 millones de dólares] para 15 años, es decir, 8,6 billones anuales [casi tres millones de dólares]. Esa es una cifra muy pírrica si se tiene en cuenta que la propia Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) dijo que solamente para la financiación del primer punto del acuerdo –la reforma rural integral– se requerirían unos 20 billones de pesos [casi siete millones de dólares]”.

Un nuevo partido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Este viernes las FARC-EP dan el último paso para cerrar definitivamente su etapa como guerrilla y transitar hacia la vida política. Durante cinco días, 1.500 ex combatientes, acompañados de personalidades como el ex presidente Ernesto Samper o el embajador chileno en el país, Ricardo Navarrete, se reunieron en Bogotá en el Congreso Constitutivo del nuevo partido.

Los participantes debatieron en comisiones cuestiones tan trascendentes como el nombre o los estatutos de la nueva fuerza. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), aprovechando las mismas siglas que antes representaban a la guerrilla, es el nombre con el que quedó rebautizada la formación, que tendrá como símbolo una rosa roja. Sobre los principios que la fundamentarán, el pasado domingo, en la inauguración del evento, el todavía secretario general, Rodrigo Londoño Timochenko, ya dejó claro a las bases que mantendrán “los fundamentos ideológicos y el proyecto de sociedad” que siempre han defendido.

Sin embargo, tanto los líderes, como las bases y la nueva directiva –que también se definió este jueves–, ya asumieron que las formas tendrán que ser otras muy distintas: “Tenemos que tomar conciencia real de la amplitud con que debemos dirigirnos a la nación, sin dogmas ni sectarismos, ajenos a toda ostentación ideológica, con propuestas claras y sencillas”, dijo Timochenko.

La prueba más certera del cambio llegará este 2018, año en que el país celebra elecciones presidenciales. Los acuerdos pactados con el gobierno establecen que durante las dos próximas legislaturas el Estado garantiza a las FARC un total de diez escaños entre el Senado y el Parlamento. Ahora el nuevo partido tiene el reto de convencer de sus propuestas a la sociedad colombiana, que históricamente miró a la guerrilla desde el estigma y la impopularidad, en buena parte, gracias a la imagen y el relato que los grandes medios se dedicaron a cultivar.

“Tendremos que hacer un trabajo por la base, desmentir todas las confusiones que han creado un mal concepto de nosotros, llegar a las comunidades y barrios, y mostrarles quiénes hemos sido en estos 53 años, pero sobre todo mostrarles qué nos llevó a alzarnos en armas”, dice Richarli, quien representa al departamento de La Guajira en el Congreso.

Entre los planes del nuevo partido está crear un gobierno de transición que sea fruto de una gran coalición, en convergencia con otros sectores. “Queremos crear un gobierno de convergencia, de cambio y de transición nacional que debe ser necesariamente a partir de la más amplia política de alianzas”, precisa el ex combatiente.

Los proyectos del nuevo partido se reforzarán a partir del 26 de septiembre, cuando las Naciones Unidas desplegarán en el país la misión que verificará la incorporación de las FARC y su protección personal y colectiva.

Mientras tanto, los colombianos y colombianas que un día estuvieron dispuestos a dejarse la piel por una lucha de más de cinco décadas, inauguran un nuevo ciclo a ritmo de reggae, ska y otras mezclas y fusiones. Ky-Many Marley, Banda Bassoti y Ana Tijoux, entre otros, serán los encargados de poner la música del gran concierto que se celebrará a este viernes a la Plaza Bolívar de la capital. Sus canciones grabarán en el recuerdo de los asistentes aquel día en que las FARC dejaron de ser “armadas” para ser “alternativas y revolucionarias”.