El diputado Gutiérrez se equivocó al colocar el caso Exalmar como el problema más grave de conflicto de interés de Piñera y no lo que denunció el senador Ossandón, que lo compromete con las leyes pesqueras y su inversión en Corpesca mientras era Presidente de Chile. Sin embargo, lo anterior no debe dar pié para que el Ministerio Público deje de lado lo denunciado por el senador Ossandón  y que ello quede sin investigarse.

Las Leyes Piñera son un traje a la medida para rentar con la riqueza pesquera país y sus resultados han sido catastróficos: Corpesca-Angelini, principal fabricante de harina y aceite de pescado de Chile, se hizo del control de la principal pesquería que tiene Chile, las anchovetas; y las 7 familias se las arreglaron para quedarse con el control monopólico de todas las restantes pesquerías que posee Chile.

Aquí destacan los grupos económicos amigos de Piñera: Sarquis (dueño de Blumar y quien lo invitó a invertir en Exalmar), Grupo Del Río-Friosur (amigo en común del senador Walker), Andrés Navarro ( con inversiones en Fiordo Austral), entre otros. Lo anterior es lo que explicaría lo generoso que fueron las pesqueras de propiedad de las 7 Familias con el financiamiento de su campaña y la de los senadores y diputados que votaron las leyes que los favorecieron.

La acusación del senador Ossandón es del todo gravísima ya que Piñera promovió dos leyes de la mano de su ex Ministro de Economía Pablo Longueira que posibilitaron modelar el sector pesquero de forma que el total de la riqueza pesquera del país quedó en manos del 1% más rico con inversiones en el sector pesquero donde él, su mujer e hijos son actores relevantes. Convirtieron en legal dejar sin acceso al consumo y a la compra de nuestras principales pesquerías a las familias de nuestro país y a los emprendimientos Pymes.

En la discusión de la Ley Longueira el senador Ignacio Walker se felicitó por coincidir con Piñera: “El proyecto obtiene tres logros históricos. Primero: conservación, preservación y sustentabilidad de los recursos pesqueros (…) En segundo lugar: defensa de la pesca artesanal (…) ahora disponemos de licencias temporales – lo mismo hicimos para la televisión-: veinte años, no renovación automática, cumpliendo ciertos requisitos”.

Lo más repugnante es que Walker argumentó lo anterior para evitar que dicha ley tuviera como centro de su discusión la necesidad de garantizar el acceso al consumo de pescados de las familias de nuestro país, situación que se desea repetir al discutir las modificaciones a la Ley Longueira, esta vez por el actual subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, también militante Demócrata Cristiano.

Ninguno de logros históricos de los que alardeó Walker para justificar su voto a la Ley Longueira era cierto: después de 4 años se ha profundizado la sobreexplotación y agotamiento de las pesquerías según lo ha reconocido la Subpesca; en lo que respecta a la pesca artesanal de pequeña escala, la ley 20.560 arregló con el voto del senador Walker para que se vendan por anticipado cuotas de pesca al 1% más rico, transformándolos en un mero depositario de lo que capturan, lo que ha profundizado la crisis económica y social de este sector.

Está probado que los subsecretarios de Pesca urdían y tramaban pescas de investigación ideológicamente falsas de la mano de las redes de corrupción que controlan Subpesca, Ifop y Sernapesca, con las que se amparaban cuotas de pesca por millones de toneladas de casi todas las pesquerías, con el objetivo de favorecer un multimillonario negocio que terminó superando los mil millones de dólares.  Según se puede comprobar en la historia de la ley 20.560, el ex ministro Longueira -brazo derecho de Piñera- consiguió que el Congreso participara de este borrón y cuenta nueva de estos ilícitos que comprometían a varios subsecretarios de Pesca, autoridades e investigadores de IFOP, directores de Sernapesca, lo más probable que para proteger a destacados militantes de los dos conglomerados que eran parte de las redes de corrupción. El contralor de la época, Ramiro Mendoza, desistió de iniciar la investigación y sanción en contra de los funcionarios públicos involucrados en estos ilícitos y otro tanto hizo el Ministerio Público, que no se dio por enterado de nada.  

En vista de lo anterior, en 2016 decidimos denunciar al Ministerio Público los presuntos delitos que comprometen las resoluciones dictadas por los últimos cuatro ex Subsecretarios de Pesca – Pablo Galilea (Piñera), Jorge Chocair y Carlos Hernández (Bachelet)  y Felipe Sandoval (Lagos) – y que tuvieron como consecuencia la más demencial devastación pesquera que conozca nuestro país en toda su historia, y que explican el que Chile pasara de 7 millones de toneladas de desembarque de mediados de los noventa a menos de 2 millones de toneladas el año 2016.

A principios de junio del  2017 y después de casi un año el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago – el mismo que dio por cerrado el caso Exalmar que comprometía a Piñera-  acogió la solicitud de incompetencia presentada por el Ministerio Público en relación con esta denuncia y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Valparaíso. Lo más probable es que esta denuncia ante el Ministerio Público se le deje de lado hasta asegurar que estos presuntos delitos puedan declararse prescritos y se agregue a los tantos que han quedado en la impunidad en nuestro país.

En un trabajo de investigación periodística de hace unos años atrás, Ciper hizo pública la confesión sobre las pescas de investigación ideológicamente falsas que hiciera en el Congreso el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, actualmente procesado por otros presuntos delitos por el Ministerio Público: “Señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de tres millones -3.000.000- de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de ‘pesca de investigación'”. Se refería a los industriales que ahora reconocemos como asociados a Asipes. Ciper expuso que cuando le preguntó al Sernapesca por qué si la ley solo permite un 35% de captura bajo talla, en el caso del Jurel, no existen sanciones a las empresas –la principal, Corpesca– que operan en la macrozona norte. Su respuesta fue: “Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación”. Aunque la ley obliga a los funcionarios públicos a que, enterados de presuntos delitos, deben denunciarlos al Ministerio Público, nuestros diputados se preocuparon que lo anterior no trascendiera ante la Fiscalía y menos ante la opinión pública.

El fideicomiso ciego de Piñera es una burla en un país donde él y un puñado de multimillonarios -el 1% más rico de Chile-  tienen el control de la propiedad de las grandes empresas del país.

Avanza Chile, la fundación del ex Presidente ante las denuncias del senador Ossandón sobre el conflicto de interés de éste con la Ley Longueira, justificó que Sebastián Piñera “no tenía ninguna posibilidad de saber si estaba o no estaba participando” en AntarChile, controladora de Corpesca, cuando se tramitaba la nueva legislación pesquera.

A estas alturas nadie ignora que Piñera, su mujer e hijos apuestan sus inversiones en forma directa o a través de Fondos de Inversión en la veintena de grupos económicos dueños del millar de empresas con las que estos controlan los sectores productivos más importantes  de nuestra economía: minería; energía; financiero y pesquero, entre otros.

Además por su inversión en Exalmar, nos enteramos que el ex Presidente, su mujer e hijos le gusta apostar sus fichas al negocio de la harina de pescado, de allí que la denuncia del senador Ossandón de que Piñera estaba asociado en igual negocio con Angelini en Corpesca no nos resultó extraño, pero lo grave en este último caso es que explicaría por qué sus leyes pesqueras favorecieron con tanto descaro a este grupo económico. Un regalo regulatorio, como lo llamó el rector de la UDP Carlos Peña.

En un país donde un puñado de inversionistas multimillonarios controlan nuestra economía, entre los que destaca la familia Piñera, un fideicomiso ciego es una patraña burda que da la apariencia de legal de algo que todos los chilenos sabemos y hemos comprobado que no lo es. Cualquier sector económico donde Piñera, su mujer e hijos tengan apostadas sus inversiones, se beneficiará en forma colateral de las leyes que promueva el anterior cualquiera sea el sector económico, vale como ejemplo el caso del sector pesquero que hemos analizado en esta columna y que seguro se replica para todos los sectores.

El nuevo gobierno debería tener como desafío anular o modificar la Ley Longueira en aspectos que, de hacerse, perjudicarán sus inversiones en el sector pesquero que tienen como foco la industria de harina y aceite de pescado para la alimentación animal.

El país necesita modificaciones de fondo a la Ley de Pesca y que son urgentes las resuelva el Congreso. De lo contrario seguirá profundizándose la falta de acceso al consumo de pescados a niños, jóvenes y familias de nuestro país, perjudicando gravemente la salud de los anteriores y se seguirá impidiendo que los emprendimientos Pymes podamos contribuir a que nuestra economía dé un salto desde la elaboración de productos de bajísimo valor agregado -harina y aceite de pescado para la alimentación animal- hacia la elaboración y fabricación de productos funcionales para la alimentación humana saludable de alto valor agregado .

Las modificaciones para recuperar lo expropiado son: la anulación o modificación de la Ley Longueira y de la ley 20.560, que deben apuntar a que a lo menos el 60% de nuestras principales pesquerías -anchovetas, sardinas y jurel- deben estar protegidas por ley para ser destinadas al consumo humano a manos de una flota pesquera de pequeña y mediana escala que reúna las condiciones para garantizar dicha calidad. La propia ley debe colocar incentivos para fomentar la inversión en una flota pesquera que asegure la calidad consumo humano de la captura  y provea de ella a la industria y a las empresas de comercialización con foco en la  alimentación saludable de las familias. También debe establecer como exigencia en  la nueva Ley de Pesca los mercados de subastas, que posibiliten la venta de lo que se captura a diario al frente de nuestras costas, esto es, de todas nuestras pesquerías incluida la anchoveta, sardina y jurel. Sin la existencia de estos mercados todo seguirá siendo apropiado por ley por el 1% más rico de Chile y ni las familias ni los emprendimientos Pymes tendremos acceso a la riqueza pesquera país a precios competitivos, en cantidad y calidad que nos permita destinarlas al consumo humano.